La errática línea política del oficialismo en la negociación de la ley Omnibus, en la que nunca terminaron de cerrar un acuerdo con la oposición dialoguista y buscaron llevarlos a la votación a las patadas, terminaron por hacer estrellar la sesión de la aprobación en particular. Luego de algunas horas de discusión, y con varias delegaciones de facultades caídas, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, debió pedir que el proyecto vuelva a comisión y empezar el tratamiento de cero. En inoportuno viaje a Israel, el presidente Javier Milei salió furioso a hablar de "la casta contra el pueblo" y su Oficina responsabilizó a los gobernadores de buscar destruir la ley Bases. En Unión por la Patria celebraron la decisión del reenvío a comisión, algo que ya habían pedido en la última sesión, luego de que se pusiera en discusión un dictamen diferente al que se había votado.

Desde el oficialismo hablaban de "traición" de parte de gobernadores dialoguistas que, según ellos, habían prometido su respaldo al proyecto. A la cabeza de ellos ubicaban al gobernador cordobés Martín Llaryora, quien, sin embargo, venía planteando la necesidad de que se discutiera una solución a los problemas fiscales de las provincias. Por ejemplo, coparticipando el impuesto PAIS, algo a lo que el Ejecutivo sistemáticamente se negó. También ubicaron en la lista negra a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Carlos Sadir (Jujuy). Tres de partidos provinciales y uno del radicalismo. "Parece que nos están cargando", se enojó Zago.

En su furia, Milei volvió sobre las veladas acusaciones de corrupción al hablar de "un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos" y cerró su tuit advirtiendo que "vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país". En base a esta última frase había quienes recordaban aquella promesa de convocar a una consulta popular en caso de que el Congreso rechazara el proyecto, una posibilidad que simpatizantes libertarios alentaban en las redes. La consulta tendría que ser no vinculante porque -caso contrario- debería ser convocada por el Parlamento.

La "sorpresa" del oficialismo no dejaba de llamar la atención: si algo se comentó en los últimos días fue la disconformidad de los gobernadores con la falta de respuestas del Ejecutivo a sus reclamos. Para empezar, en aquella reunión en el CFI con el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando llegaron a un preacuerdo de apoyo a la ley a cambio de una coparticipación del impuesto PAIS. Al rato, la Oficina del Presidente lo descartó totalmente en un tuit, dejando a todos en ridículo. Fueron varios traspié acumulados por Francos en los últimos tiempos, especialmente en lo referido a esta ley. Ayer, en una entrevista, llegó a sostener que lo que volvía a comisión era el tratamiento en particular de la ley pero que en general estaba aprobada. Un absurdo, el proyecto volvió a cero. Así lo marca el reglamento.

 Los gobernadores insistieron hasta último momento sobre la necesidad de discutir algunos puntos de la ley votada en general, además de una solución duradera a la situación de sus cuentas, en rojo luego de la eliminación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores. El Gobierno dejó pasar el fin de semana sin contactos y recién envió algunos mensajes a partir del lunes. Pero solamente para conocer cómo votarían en algunos puntos, sin ningún tipo de negociación. Lo difundieron desde Casa Rosada: antes de volar a Israel, la indicación que dejó Milei fue "no ceder nada más". El Presidente confió en su planteo de que los que votaban a favor estarían del lado del "cambio, los que votaban en contra serían la "casta". 

Así las cosas, no pudo resultarles tan extraño que cuando comenzaron con la discusión en particular, el Gobierno empezara a acumular rechazos. Especialmente, les fueron recortando atribuciones a las facultades delegadas en seis materias. La cuestión se volvió realmente preocupante para el oficialismo cuando ingresaron en el tratamiento de las privatizaciones y se quitó el iniciso que permitía la intervención o eliminación de entes estatales. Luego venía el artículo 6 con el listado de empresas a privatizar, con el que existían nuevas diferencias.

El jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto, que durante toda la frustrada negociación del proyecto buscó que se atendiera la posición de los gobernadores, pidió la palabra para reclamarle al oficialismo "flexibilidad" en sus posiciones si es que no querían perder todas las votaciones. "Les encanta seguir perdiendo", ironizó. Llamaron a un cuarto intermedio y convocaron a una reunión de jefes de bloque, de la no que permitieron participar ni Unión por la Patria ni el FIT. Desde Israel llegó la orden de Milei de volver todo para atrás. 

Ubicado por el oficialismo en la primera fila de los traidores, Llaryora tuiteó luego que la ley era necesaria y que su tratamiento debía continuar pero "a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo". El gobernador cordobés incluso había estado en contra de la decisión anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal del texto, dado que había cuestiones con las que estaban de acuerdo, siempre y cuando se habilitara para la coparticipación de las provincias como la moratoria y el blanqueo. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron una declaración para sostener que no correspondía la nueva tanda de acusaciones desde el Gobierno porque ellos siempre habían trabajado para llegar a un consenso. 

En tanto, el bloque de diputados del PRO buscó no ser blanco de la furia presidencial y sacó un comunicado para dejar en claro su "compromiso" de apoyar el cambio elegido por los argentinos. Al menos se ganaron la medalla del ex presidente Mauricio Macri, que escribió para felicitarlos, con el macrismo ya ubicado en el rol de cuasioficialismo.

La estrategia del Gobierno fue amenazar con palo y prometer zanahoria para más adelante. Principalmente a las provincias, para las que prometió sufrir el grueso del ajuste en caso de que no saliera la ley. Si salía, en cambio, más adelante discutirían su recomposición fiscal. No sucedió y ayer el ministro Caputo avisó que "no se va a gastar más de lo que se recauda" y que "el Banco Central no va a financiar al tesoro". Francos, a quien algunos volvían a poner en la cuerda floja, anticipaba que las provincias sufrirían recortes.

Milei había adelantado a sus compañeros de viaje que tendría la cabeza puesta en la política internacional y no se ocuparía de la situación del Congreso. Pero era porque creía que estaba resuelta la aprobación del proyecto. Habrá que esperar para saber con qué humor se despierta este miércoles en Israel. Si algún funcionario paga los platos rotos del fiasco o si efectivamente tentará la suerte de ir a una consulta popular para que la gente opine sobre la ley. Lo que resuelva puede resultar decisivo para el futuro de su gobierno.

Por Fernando Cibeira / El Destape