El pasado 22 de diciembre señalamos que, con el DNU 70/2023, el Presidente Javier Milei se ponía fuera del marco constitucional e iniciaba un golpe de Estado, usurpando funciones del Congreso, afectando tanto derechos y garantías, como el patrimonio de la nación y de las personas.

El derrotero se confirmó con un proyecto de ley Ómnibus (mensaje 7/23) para ratificar ese DNU, reformar cientos de leyes, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, y plantear en su artículo primero la delegación legislativa vía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa, tarifaria, social y de defensa, afirmando que “las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes”. Así, la vida de los argentinos quedaría a su “merced” y a la de los empresarios beneficiados por el plan de negocios que trasunta su texto.

Es decir, se plantea asumir la suma del poder público, atropellando todo el sistema constitucional republicano y federal (art.1, Constitución nacional), tratando de anular el Congreso y la representación que ejercen los gobernadores, como se corrobora en el trámite de ambas normas.

Así, con responsabilidad de la vicepresidenta titular del Senado y el de la Cámara de Diputados, el Presidente traba en ese ámbito el obligado tratamiento del DNU, a la par que impone un viciado trámite exprés al proyecto “Ómnibus”. Lo hace con amenazas de mayor ajuste, hambre y desempleo a los habitantes de todas las provincias, como puso en evidencia con las extorsiones a los gobernadores, en la gestión de un dictamen de mayoría, del que se dice que sufrió modificaciones tras su irregular aprobación y, al parecer, suscripto sin conocer su contenido.

Tal aberración fue confirmada por el ministro de Economía al anunciar por la red social X que estaba reunido “para delinear todas las partidas sociales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Este extremo, según la prensa, fue confirmado por el propio Presidente ante el gabinete cuando habría afirmado: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, trascendido que no ha sido desmentido y habría sido el motivo del despido del ministro de Infraestructura.

Estas amenazas acompañan su intransigencia en cuanto al brutal ajuste de los haberes jubilatorios y salariales, liquidación en beneficio del Tesoro y de grandes empresas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad previsional, liberalización de precios, apertura importadora indiscriminada, retenciones a la industria y a las economías regionales, castigando al trabajo argentino agregado.

El gobierno arremete contra el movimiento sindical y otras organizaciones que protagonizaron el contundente paro y movilización del 24 de enero, rechazando sus políticas, y contra los gobernadores que, en cumplimiento de su mandato constitucional, no ceden a sus atropellos; desestabiliza así el orden constitucional democrático e insiste en cometer un genocidio económico y social, lo que podría derivar, habida cuenta de las decisiones adoptadas en materia represiva, a una declaración ilegal del estado de sitio, con previsibles consecuencias que no desea el pueblo argentino. 

Por ello, tal como sostuvimos en nuestro documento del 22 de enero dirigido a las y los legisladores nacionales, insistimos:

• El Congreso debe rechazar en todos sus términos, aun con las modificaciones habidas, el DNU 70/23 y el proyecto de ley Ómnibus (Mensaje 7/23).
• Es urgente revertir la “terapia de choque”, liberalización de los precios sin control alguno y la perversa devaluación de nuestra moneda que ejecuta el gobierno de Javier Milei, adoptando:

— un “shock anti-inflacionario”, que debe incluir, entre otras medidas, la emergencia alimentaria, la efectiva recuperación del poder de compra de salarios, jubilaciones, asignaciones y salario social complementario, el desacople de los precios internos de los alimentos de los internacionales;

— una renegociación integral a cargo del Congreso de la Nación de la deuda con el FMI (art. 75, Constitución nacional), contemplando la debida investigación sobre su gestión, beneficiarios y destino en el período 2015-2019;

— otras medidas a las que nos referimos en detalle en un comunicado anterior.

No es ocioso reiterar: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional (…) facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” (art. 29, Constitución nacional)

 

* El Foro Economía y Trabajo es conformado por economistas y especialistas propuestos por las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las PyMEs, cooperativas y a la economía popular. Los autores del documento son Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Tomás Raffo, José “Pepe” Sbatella y Nahuel Silva. Su coordinador es el dirigente de la Asociación Bancaria Eduardo Berrozpe.

 

 Por el Foro Economía y Trabajo