Este miércoles tendrá lugar el primer paro general a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. A poco más de veinte días del primer mes del año y tras un mes y medio de gestión de la nueva administración nacional, el duro golpe en los ingresos de las y los trabajadores -que vienen perdiendo desde hace ocho años la disputa por la distribución de la riqueza- aparece entre las demandas centrales de una economía que -desregulaciones vía DNU y ley ómnibus mediante- viene afectando el día a día de la mayoría de la población. No poder pagar el alquiler de un techo donde vivir y que el riesgo de desalojo sea lo cotidiano, que el bolsillo quede corto para comprar medicamentos para hijos y abuelos, que financiarse con la tarjeta de crédito para poner comida en la mesa y estirar el fin de mes sea ahora una deuda impagable, que tomarse el bondi para laburar sea cuatro veces más caro que semanas atrás y que, además, la contratación sin registro y el despido sin causa pretendan ser la norma laboral, son solo cinco de las razones que movilizan la diaria de quienes quieren, ni más ni menos, que condiciones dignas de vida para sus familias. 

Todo esto se da, a su vez, en un marco inflacionario que duplicó en diciembre el índice de precios mensual con proyecciones por arriba del 20% para, al menos, el primer trimestre del 2024, y con alimentos cuyos aumentos vienen escalando muy por arriba de las subas generales de precios: arroz (775%), fideos (500%), harina (400%), azúcar (361%), carnes (354%), y verduras y frutas (222%), entre los de mayor impacto en la canasta familiar, y con la ausencia casi total de políticas de refuerzo de ingresos que permitan hacerle frente. El salario mínimo perdió 15% de su poder de compra solo en diciembre pasado y debería más que triplicarse para permitir a una familia llegar a comprar lo justo para la subsistencia diaria (alimentarse, cubrir transporte y salud). Así, la plata en el bolsillo se acaba cada vez más rápido, las estrategias de “recortar” en lo que se pueda ya no dan abasto, las merecidas vacaciones pasaron a ser cosa de un “ojalá el próximo verano”, y la incertidumbre en la diaria del laburante crece frente a discusiones legislativas que parecen, en no pocas ocasiones, ajenas a las realidades de las mayorías. 

En tal escenario, este miércoles desde el mediodía la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro general con movilización al Congreso Nacional del que serán parte también la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, así como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos sociales de partidos de izquierda, entre otras organizaciones y espacios de la cultura, los feminismos, la investigación científica, agrupaciones universitarias, y de economías regionales, entre otras, directamente afectados por las modificaciones sobre las que busca avanzar el gobierno nacional.

Salarios licuados por una inflación sin freno

El salto de la inflación a partir de la devaluación anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en diciembre del 2023 (suba del 118% del valor del dólar) pulverizó el poder adquisitivo de los salarios. “Para cualquier persona asalariada cuya remuneración no se haya incrementado en diciembre, el aumento del IPC del 25,5% de ese mes implica una pérdida de poder de compra del 20,3%”, señalaron desde el centro CIFRA-CTA respecto del impacto en un solo mes sobre los ingresos de las y los trabajadores. En relación, una familia argentina de cuatro integrantes necesitó en dicho mes contar con al menos $500.000 para no ser pobre (alimentos, transporte, gastos de vivienda sin contar alquiler) en tanto que para cubrir únicamente las necesidades básicas de alimentación y no ser considerada indigente, esa misma familia debió tener ingresos en torno a los $240.600, un 30% más que en noviembre.

Sin embargo, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $156.000 por lo que solo cubrió 64,8% de una canasta de alimentos. Considerando el impacto de la inflación de diciembre, advirtieron que el salario mínimo se redujo, en términos reales, en 14,8% en un solo mes y quedó así 25,9% por debajo de diciembre de 2019 y 42,9% por debajo del mismo mes de 2015. Hay que recordar además que durante el gobierno de Mauricio Macri perdió un 25% de su poder adquisitivo, y a ello se sumó una caída adicional del 10% en pandemia.

El panorama se agrava si se mide la pérdida de poder de compra del salario mínimo según los alimentos que se pueden comprar con ese ingreso: la caída es -36,8% respecto de diciembre de 2019 y -50,7% (más de la mitad) respecto del mismo mes de 2015. A la suba desmedida en alimentos (más del 50% en una semana en envasados, carnes, productos de estacionales como frutas y verduras) hay que sumarle la desregulación de precios que en lo concreto se trasladó a un alza del 45% en transporte, el aumento de más del 80% en combustibles, del 300% en medicamentos y del 40% en prepagas, y de más del 200% en alquileres por derogación de la ley vigente. 

Al respecto, las proyecciones en materia de precios para los próximos meses están lejos de ser optimistas. La inflación mayorista superó el 50% en diciembre y escaló 42,9 puntos en un solo mes, lo que enciende las alertas como anticipo, en este caso, de los precios minoristas de enero, donde en los primeros quince días ya se registraron alzas en torno al 60% en productos de primera necesidad. Como viene contado El Destape, la crisis que sufren los laburantes argentinos se plasma en escenas concretas: familias que llegan a la caja del super y se ven obligadas a dejar parte de la mercadería ante tickets impagables. De esa manera, el impacto en el consumo se hace evidente: según la consultora Scentia en diciembre las ventas en comercios barriales, autoservicios y chinos cayeron 2,9% (en noviembre habían subido 5 puntos) y en grandes superficies si bien crecieron (5,9%) fue casi la mitad de lo que venían subiendo en meses previos, cuando existían aún programas de acuerdos con precios de referencia.

En la primera semana de enero, según la misma fuente, hubo un retroceso del 19% en el volumen de ventas en las grandes cadenas de supermercados con respecto al mismo mes del 2023, esto coincide con las estimaciones de la consultora Focus Market que relevó una baja interanual del 18,3% en la misma semana, y con la advertencia del Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno respecto de que en la primera quincena los productos de la canasta básica alimentaria aumentaron arriba de un 60%. 

Cuando no alcanza para pagar un techo donde vivir 

“Extensión de contrato por un año, el precio pasa de $86.000 a $400.000 en Caballito”, “Veníamos de contratos a seis meses con actualización cada tres, pagando $180.000 por un tres ambientes en Palermo, ahora nos quieren actualizar a $600.000 con contrato por cuatro meses y actualización cada dos”, “En ciudad de Santa Fe nos actualizan un 200% el monto, y los aumentos serían cada tres meses, plazo de dos años”, “Casa de dos ambientes en Rosario para renovar aumenta de $85.000 a $300.000, por un año” .

Los testimonios corresponden a diferentes situaciones que inquilinos de todo el país comenzaron a vivenciar tras la derogación de la ley de Alquileres vía el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno nacional, y fueron relevados por el espacio de Inquilinos Agrupados ante las consultas que reciben por asesoramiento frente a las consecuencias de la desregulación total del mercado inmobiliario. ¿Qué salario alcanza para pagar un alquiler? es la pregunta que resuena ante aumentos que escalan al 300% e implican gastar solo en alquiler lo mismo que vale hoy una canasta básica, es decir, que en una familia debería haber ingresos de por lo menos 1 millón de pesos exclusivamente para cubrir esa canasta de alimentos y servicios básicos, y pagar un techo donde vivir.

La desregulación del acceso a un alquiler, demanda central de las cámaras inmobiliarias en los últimos años, implica hoy que un trabajador -con una remuneración promedio si está debidamente registrado en torno a los $440.000- se enfrente a plazos arbitrarios en la duración de un contrato de alquiler -se imponen de cuatro a seis meses- sin índice oficial de referencia para calcular el porcentaje de ajuste del precio -la mayoría impone el IPC sin considerar salarios-  ni tiempos que regulen cada cuánto puede pedir un aumento el propietario -la mayoría enfrenta subas cada dos o tres meses- y, un punto central, puede tener que abonar el depósito y hasta  el pago mensual en dólares, todo a merced de lo que imponga la parte propietaria.

Los cambios en la regulación de alquileres afectan al menos al 20% de la población del país (10 millones de personas) que depende de un alquiler, y un informe al que accedió este medio mostró la grave situación que enfrentan, por ejemplo, numerosas familias del Área Metropolitana de Buenos Aires donde el riesgo a ser desalojadas “en cualquier momento” se ubica en torno al 29%, cifra que se repite en hoteles y pensiones de CABA (30%) y en conventillos (27%).

Si bien algunos medios de comunicación replicaron, en sintonía con la comunicación oficial, que en estas semanas “aumentó la oferta y cayeron los precios”, los testimonios de las y los inquilinos reflejan otra realidad y un relevamiento reciente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) mostró que la mediana de los monoambientes ofertados en es de $250.000 por lo que un salario mínimo apenas cubre el 62,4% de un alquiler, en el caso de los dos ambientes el precio sube a $300.000 y de los tres ambientes a $470.000, se trata de subas que van del 284% al 308% muy por arriba del dato de inflación que fue de 211,4%, del Índice para Contratos de Locación que regula alquileres dentro de un contrato ya vigente (128,3% al primer día hábil de diciembre) y del dólar oficial que subió 116,1% en ese mismo periodo. 

Cuando no se llega a comprar medicamentos esenciales

Los medicamentos más demandados por la población tuvieron aumentos del 320% -cien puntos más que la inflación- entre enero y diciembre de 2023, con fuerte impacto de la devaluación y la liberación de precios, según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR). Puntualmente, en el último mes del año y tras finalizar el congelamiento de precios fijado por el gobierno anterior, las subas promedio fueron del 90%. Según declaraciones a El Destape radio, del titular del centro, Rubén Sajem, se trata de una situación que “no sucedía desde 2019 con una inflación anual de 53,8% y subas de medicamentos del 112%, en tanto que alertó que “en diciembre las mediciones indican que dos de cada 10 personas no estarían pudiendo acceder a sus tratamientos”.

En igual sentido, la organización La Garganta Poderosa alertó que en los barrios populares “eligen entre comer o comprar medicamentos”. A partir de analizar cómo impactan las remarcaciones en el acceso a medicamentos y a la salud, subrayaron que “en los barrios muchas personas toman medicación de forma crónica y pueden acceder de forma gratuita en la salita y hospital o así era hasta ahora”. De acuerdo a lo relevado a nivel federal, “una vecina de Villa Parque Norte en Catamarca que vive con Parkinson y las pastillas le duran diez días, pasó de pagar en un mes 10.000 pesos a 19.800 pesos”, de esta manera necesita por mes 59.400 pesos para medicamentos, más de la mitad de la jubilación mínima. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, “el precio del Enalapril que es un medicamento para la hipertensión aumentó 116% en solo un mes”, lo que pone a las familias en el drama urgente de “elegir entre comprar comida o medicación, y esto no puede ser realidad aceptable”, destacaron.

Además hay que considerar el incremento sin freno en las cuotas de las prepagas a partir de que el DNU fijó la “liberación de las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”. Al ajuste del 40% de las cuotas de este mes, se agrega el anticipo de un incremento en torno al 30% para febrero y la posibilidad de otro 10% en marzo próximo, sumado a que quienes venían completando la declaración jurada de AFIP que habilitaba según ingresos a aumentos inferiores en las cuotas, ahora sufren ese recargo extra en los nuevos valores desde enero.

En este panorama la Defensoría del Pueblo de la Nación expresó su preocupación por los aumentos impuestos de forma coordinada por las empresas de medicina prepaga y advirtió que "pone en riesgo el acceso a la atención médica", especialmente para los jubilados. Vale destacar que en diez años (2012 y 2022) las cuotas de los planes de medicina prepaga aumentaron 3.544%, muy por arriba de la inflación registrada en ese período (2.467%), según la asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), en tanto que datos del centro CEPA muestran que las principales empresas (Swiss Medical, Osde, Galeno, Medicus, Medifé y Omint) ganaron, en promedio, 6800 millones de dólares anuales y acumularon 44.400 millones, de 2015 a 2020. 

Cuando no hay cuenta que cierre para pagar el colectivo

Otro aspecto clave se vincula con la quita de subsidios y los aumentos fijados en el sistema de transporte público del AMBA que dejan sin margen de maniobra a las familias, muchas de las cuales requieren de hasta cuatro viajes al día para ir y volver del lugar de trabajo. Desde el 15 de enero pasado el boleto mínimo de colectivo pasó de $ 56 a $76,92, una suba del 45% que también se replicó en los trenes (suba del boleto a $37,38 en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte y a $43,38 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza).

Pero esto no es todo, está prevista una audiencia pública a través de la cuál el gobierno busca volver a aumentar el boleto de colectivo llegando a $270 el mínimo y de trenes a $130 desde febrero, sumado a que quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada pagarán casi el doble. De esta manera, si un trabajador tiene que hacer dos viajes por día en colectivo los cinco días hábiles de la semana, necesitará en un mes destinar $10.800, lo que se incrementa si tiene que realizar más de dos viajes por jornada, y crece aún más en una familia donde más de una persona trabaja fuera del hogar y con hijos que también se trasladan en periodo escolar. 

A ello se suma que, según anunció el gobierno vía Boletín Oficial, los pasajes tendrán desde el próximo mes aumentos mensuales según la inflación, es decir, a la quita de subsidios se le aplicará otro aumento calculado cada mes según la evolución de precios, que todo parece indicar seguirá en alza. Otro punto a considerar es que el gobierno libertario, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), avanzará también con un incremento en las tarifas de energía y gas, que podrían representar subas del 300% para las familias de ingresos medios. 

Cuando la deuda de la tarjeta de crédito es impagable

Una de las herramientas que han encontrado las familias para financiarse en un marco de crisis de ingresos es a través de las compras con tarjetas de crédito que confirman, junto con otros canales de endeudamiento doméstico, un dato alarmante: el 54% de los hogares recurre a financiamiento en nuestro país, y ese porcentaje supera el 60% en el caso de familias encabezadas por mujeres y con hijos a cargo, según datos de la CEPAL.

A partir del conjunto de desregulaciones que promueve el DNU el costo de financiar gastos corrientes como alimentos y medicamentos (70% familias toma deuda para la subsistencia diaria), con tarjeta de crédito será más caro ya que se eliminan los topes de interés punitorio que las empresas pueden aplicar por pagos mínimos y atrasos, teniendo ahora las familias que hacer frente a subas mucho más altas que las del 2023, donde existía un límite del 50% por sobre la tasa de financiación.

Asimismo, la liberación de precios que promueve la Libertad Avanza perjudicará a los comercios ya que tampoco habrá control sobre el tope que les cobran por el servicio. Se suman como condicionantes la posibilidad de que cualquier entidad pueda emitir tarjetas de crédito y que ya no será obligación informar en detalle las tasas y condiciones de los préstamos a los usuarios, todo lo que en definitiva lleva a una mayor desprotección en una coyuntura que incrementa la necesidad de herramientas para tratar de llegar a fin de mes. 

Cuando te pueden precarizar y despedir sin más 

En materia laboral, el DNU incluye un amplio capítulo que, según señalan especialistas en la materia, busca alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad y más inestables, profundizando la informalidad, legalizando el fraude laboral y precarizando el trabajo asalariado. Entre los aspectos centrales del capítulo laboral, cuya vigencia se encuentra frenada tras las medidas cautelares del Poder Judicial luego de las presentaciones realizadas por las centrales sindicales, sobresale la eliminación de la ultra actividad de las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo, es decir, la vigencia más allá de su vencimiento y hasta la negociación de nuevas condiciones, la reducción del pago de las indemnizaciones por despidos (ya no considera el aguinaldo y adicionales) y se habilita el reemplazo por fondos de cese laboral como existen en la construcción, además se lleva el periodo de prueba a 8 meses (en lugar de 3 meses) y se eliminan las obligaciones de los bancos con relación a las cuentas sueldo. También modifican la modalidad de teletrabajo en cuanto a tareas de cuidados y se desregula la jornada laboral con un único límite de 12 horas de descanso y sin el pago de horas extras, y se obliga al trabajador a probar los delitos que denuncie.

¿Qué consecuencias traería para la vida de las y los trabajadores? El objetivo parece ser dar lugar a un escenario que legitime la contratación informal, avale la tercerización y promueva mayores barreras ante cualquier tipo de reclamo por mejores salarios y condiciones laborales. Los cambios en la ley de contrato de trabajo buscan excluir de las protecciones a quienes tienen contratos como locación de servicios -aunque sea para encubrir la relación de dependencia laboral-  permitiendo que se utilicen figuras como el monotributismo, y también se elimina la obligación del empleador de cumplir con los derechos en seguridad social y las sanciones que existen por contratación ilegal. De esa manera, resulta difícil detectar alguna razón que favorezca la registración de un trabajador sino que, por el contrario, se promovería un aumento del empleo no registrado en la medida en que no consecuencias por no cumplir con lo que corresponde. 

Todo lo mencionado ocurre en una coyuntura en la que el propio Gobierno anticipó un escenario próximo de estanflación que, en palabras claras, significa un futuro marcado por: caída del salario real, del consumo y de las ventas, y de la actividad económica interna. Así, junto con el recorte del gasto público, encarecimiento de las tarifas y los servicios, ajuste en la asistencia social y jubilaciones, y aumento del desempleo, forman parte del cuadro completo para generar una profunda recesión que golpeará a “la casta”, aquella que parecen representar las y los trabajadores que osan tener el “privilegio” de pagar un alquiler, viajar en colectivo, comprar un medicamento si se enferman, acceder a bienes y financiarse con crédito, y a no ser finalmente descartados de un día para el otro como fuerza de trabajo. 

Por Eugenia Rodríguez / El Destape