Finalizando la conferencia en la que anunció la reactivación del acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó condicionar el debate por la derogación de la Ley de Movilidad jubilatoria enmarcada en el paquete ómnibus que llegó al Congreso. El chantaje esconde la trampa de una promesa de mayor sufrimiento si no se suspende la metodología con la cual se calculan los aumentos de los haberes. Sin embargo, por detrás se esconde la ambición de aplicar un fuerte ajuste.

"La realidad es que la fórmula no funciona, que nuestra intención es proteger a los jubilados y que eso es lo que vamos a intentar durante este año, no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados, esa es lo que vamos a hacer", aseguró Caputo. Sostuvo que "la fórmula que hoy tienen los jubilados en la situación actual en la que probablemente vamos a transitar en el 2024, es perjudicial y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo". A pesar de estas declaraciones, en una planilla oficial, el Ministerio de Economía reconoció que pretende un ajuste del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en jubilaciones y pensiones. La manera de obtener ese recorte es derogar la actual fórmula jubilatoria. Entonces, ¿Qué esconde la contradicción?

Como el Gobierno ya empezó la ejecución del plan de liberación de precios, se especula con una inflación descomunal para largos meses, algo reconocido por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni. La Ley de Movilidad indica que los aumentos se dan a partir de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y el 50% por la variación salarial durante el mismo período. En el segundo caso, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el Índice General de Salarios del INDEC. Según lo provisto, el próximo incremento se aplica en marzo en base a lo sucedido en el trimestre previo.

 
Con los datos disponibles y los venideros, se espera un escenario a la baja tanto de recaudación y salarios por la estanflación planeada por el Gobierno. Según estimó la consultora Ecolatina, la inflación promediará 20% mensual entre diciembre y marzo, y se prevé que el salario real haya caído en torno al 10% solo en diciembre. Por ende, el aumento por movilidad estará muy por debajo de la inflación y los jubilados perderán poder adquisitivo.

Sobre este punto se construye la trampa de Caputo: disparan la inflación para justificar la derogación de una ley que no acompaña los ingresos de los jubilados para ir a un esquema de aumentos discrecionales que sí lo haría. Lo cierto es que las subas por decreto no empatarán al nivel general de precios, menos lo superarán e incluso podrían ser peores a los ejecutados vía Movilidad en este contexto. Para Milei y compañía, la única forma de alcanzar déficit fiscal en 2024 es debilitar el sistema previsional. Recuperar poder adquisitivo se contrapone a esta premisa.

Además, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se presentó esta semana que terminó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Allí confirmó que la intención es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el activo contracíclico de los jubilados. Deslizó que parte de los fondos podrían ir a pagar, esporádicamente, aumentos a jubilados y pensionados. Otro argumento para fundamentar la venta de activos estratégicos para el Estado.

Historia repetida

Con la Ley de Convertibilidad de 1991, el Estado vetó la posibilidad de indexación de las prestaciones. Luego, con el cambio estructural del sistema previsional del año 1994, que introdujo un régimen de capitalización con administración privada de fondos de pensiones (AFJP), se estableció un criterio basado en la evolución de un indicador del aporte personal promedio ingresado al sistema (AMPO), que no tuvo prácticamente vigencia pues en 1995 se definió que la movilidad debía determinarse en cada Ley de Presupuesto. En 1997, mediante el Decreto 833 se creó el Módulo Previsional (MOPRE), un indicador cuya cuantía era determinada discrecionalmente por el Estado y sobre cuya evolución se ajustarían las prestaciones, algo que nunca ocurrió.

Es decir, los haberes permanecieron congelados durante prácticamente toda la década de los 90 y hasta julio de 2002 cuando la jubilación mínima tuvo un incremento del 33,3%, pasando de $ 150 a $ 200. Desde entonces, con mayor intensidad entre 2003 y 2008, comenzó a implementarse una política sistemática de incremento de haberes. En ese período de seis años se sucedieron 14 aumentos por decreto que actualizaron inicialmente solo las prestaciones mínimas y, posteriormente, a partir de 2004, se incluyeron aumentos con tasas diferenciales en los tramos de haberes medios.

Recién a partir de 2006 se incluyeron a los haberes más altos en estos decretos. El resultado fue un proceso de ascenso de los segmentos más bajos, cuyos beneficiarios fueron quienes habían sufrido más fuertemente los efectos de la crisis que explotó en 2001.

Durante los casi ocho años (presidencias de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y los primeros meses de la de Eduardo Duhalde) en los que los haberes estuvieron congelados, sufrieron una caída superior al 20%. A partir de entonces, comienza un período de casi siete años de aumentos por decreto (la segunda mitad de la presidencia de Eduardo Duhalde, la totalidad de la presidencia de Néstor Kirchner y el primer año de la de Cristina Fernández), priorizando los aumentos a los beneficiarios de los ingresos más bajos, lo que permitió que el haber mínimo no solo recupere el 20% perdido en el primer semestre de 2002 sino que sea, en diciembre de 2008, un 69% más elevado en términos reales respecto de diciembre de 1995.

Desde entonces y durante nueve años (siete de la presidencia de Cristina Fernández y los primeros dos de la de Mauricio Macri) rigieron los aumentos semestrales otorgados mediante la movilidad de la Ley 26.417 que permitió acumular, hasta su última aplicación (septiembre de 2017), un incremento del 25,8% en términos reales respecto a diciembre de 2008.

En el bienio 2018-2019 (los últimos dos años de la presidencia de Macri), junto con el cambio de la fórmula de movilidad, los haberes sufrieron una caída en torno al 20% que, sin embargo, no logró borrar del todo las mejoras logradas con la movilidad anterior.

Por qué la Ley de Movilidad le conviene a los jubilados y a la macroeconomía

Es evidente la vinculación entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. En este sentido, la inestabilidad macroeconómica, la sucesión de crisis y sus consecuencias en la evolución del PBI y la recaudación, el desempleo, la inflación, los salarios y la formalidad, resultan determinantes para el desempeño de una fórmula de actualización de las prestaciones. En una economía que se contrae y con una inflación que se acelera, no existe fórmula de movilidad que resulte airosa. 

En un contexto en el que se contrae la economía, los salarios reales caen y se destruyen puestos de empleo registrado, una fórmula que tenga Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que tenga salarios y recaudación; sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.

En otras palabras, la actualización vía recaudación y salarios presenta un comportamiento procíclico: los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que, si cae el PBI, suele suceder que impacta negativamente sobre el indicador. Si la meta final de Milei es desterrar la inflación, suspender la Ley de Movilidad tampoco tendría justificación. 

Hay quienes sostienen que, al no incluir la evolución de los precios en la fórmula en un contexto de fuerte crecimiento de los precios, los jubilados podrían sufrir grandes pérdidas e incluso que sus haberes podrían pulverizarse. Este argumento carece de lógica, en el caso de que la mitad de la fórmula está compuesta por los salarios} y la otra mitad corresponde con la evolución de los recursos tributarios de la Anses. 

Los mismos se componen, en más de un 90%, de impuestos que acompañan a los precios (débitos y créditos bancarios, impuesto al valor agregado -IVA-, impuesto a los combustibles y a los cigarrillos). Es decir, implícitamente, detrás de los recursos tributarios, tanto la fórmula de 2008 como la actual, incorporan a los precios.

Desfinanciar los recursos de Anses solo se puede explicar por la ejecución de un programa económico regresivo sobre la estructura impositiva del Estado. La trampa está presentada y la "rosca" política decidirá el destino de la misma en el Congreso.

Por Rodrigo Nuñez / El Destape