Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos recibieron entre el miércoles y el jueves cartas documento provenientes del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, con la orden de que costeen supuestos operativos seguridad de distintas movilizaciones. La exigencia del Gobierno nacional fue fuertemente rechazada por estos sectores, que ya advirtieron que no van a pagar lo que exige el Ministerio.

En un comunicado, la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió: "Frente a la información brindada por diversos medios de comunicación señalando que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha requerido a diversas organizaciones gremiales y sociales, entre las que se encuentran un conjunto de organizaciones afiliadas, el pago de una suma millonaria para afrontar los supuestos costos en los que el Estado Nacional habría incurrido el día 27 de diciembre con motivo del operativo de seguridad montado en la zona de Tribunales, la Confederación General del Trabajo manifiesta su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo". A quienes les llegó el amedrentamiento del Gobierno nacional por la marcha del 27 de diciembre a Tribunales, les exigieron el pago de más de 40 millones de pesos. 

A la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional también le llegó la carta documento, pero por una movilización del 22 de ese mes de 2023 y con otro monto: 56 millones de pesos. Su secretario General, Rodolfo Aguiar, dijo a El Destape: "Tomamos la definición de empezar a que los equipos jurídicos de todos los sindicatos y centrales obreras involucradas, que han sido intimadas de la misma manera, intenten tener una respuesta única". En sus redes sociales, denunció: "La irracionalidad de este Gobierno no tiene límites. Cesantea empleados públicos, y cuando los sindicatos ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta y manifestación, pretende cobrarnos los gastos del operativo que ellos mismos decidieron montar". 

En las cartas documento, el Ministerio de Seguridad citó dos resoluciones firmadas por Bullrich: la 943/23 y la 949/23. La 943, publicada el 14 de diciembre, expresa que el Ministerio puede demandar judicialmente a las organizaciones y a las "personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos". La 949, del 21 diciembre, marca que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal deben "determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los Operativos de Seguridad Federales llevados a cabo". 

También recibió la intimación el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, quien advirtió en un comunicado que el Gobierno les "pretende cobrar por un servicio público que es de total responsabilidad de la ministra Bullrich. Ya que utilizó una fuerza totalmente desmedida, ocasionado un gasto enorme, absolutamente innecesario, ya que las movilizaciones del 20 y del 27 fueron absolutamente pacíficas y sin ningún incidente. Izquierda Socialista, partido miembro del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), también recibió el mensaje y su dirigente Juan Carlos Giordano criticó: "Quieren cobrar una multa de 40 millones de pesos a quienes luchamos. Gobierno ajustador, entreguista y recaudador para el FMI. Llamamos a la más amplia unidad para enfrentar estas medidas arbitrarias que atentan contra el derecho a la protesta". El Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), también integrantes del FIT-U, figuran entre los marcados por el Ministerio de Seguridad para costear el operativo del 20 de diciembre. 

La carta documento también llegó a la puerta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), desde donde dijeron a este medio que "nadie va a pagar nada" y que hacerlo "sería reconocer y crear un precedente". El secretario General de Sipreba, Agustín Lecchi, repudió en su cuenta de Twitter: "este hecho inédito en 40 años de democracia, que atenta contra la Constitución Nacional, y sostenemos nuestro derecho a la protesta". Y agregó, en referencia al paro general convocado por la CGT para el 24 de enero: "Qué sugestivo a días del paro nacional con movilización".  

Mientras el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que el Gobierno "quiere terminar con el derecho a la protesta", la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra) también repudió las cartas documento enviadas por el ministerio de Bullrich. "Con ridícula soberbia el gobierno se pone por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones", indicó en un comunicado. 

El Destape