El Gobierno nacional pidió que la Justicia no intervenga en las causas contra el DNU 70/2023 porque el mega decreto ya está a consideración del Congreso Nacional, precisamente en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Sostuvo que "razones de urgencia y necesidad" que motivaron el decreto "constituyen cuestiones políticas no justiciables".

"Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes", sostuvo el Gobierno a través de dos presentaciones a las que accedió Télam.

Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra respondieron así los informes solicitados por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico en los amparos contra el DNU realizados por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro. 

En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos.

Los abogados afirmaron que "no hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial".

"La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política", enfatizaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.

Argumentaron además que las medidas implementadas por el DNU de desregulación de la economía están motivadas "en la urgencia causada por la crisis económica" que atraviesa al país y que, como tal, "resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria".

A partir de esas presentaciones, el juez Lavié Pico deberá resolver si suspende o no el DNU 70/2023 hasta que se resuelva la constitucionalidad del mismo.

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