Horas antes del comienzo del debate de la ley ómnibus, el bloque PRO reunió a su tropa el lunes por la noche en forma virtual para continuar un encuentro similar de la semana pasada. Realizaron un análisis, título por título, del proyecto que este martes se tratará en comisión, y la conclusión fue: escuchar la posición del Gobierno y avanzar con las preguntas que el macrismo considere pertinentes.

Si la semana pasada hubo coincidencias a la hora de construir un apoyo al contenido de la ley, en su gran mayoría, esta vez se notó el clima de enojo y descontento. El PRO, tal vez el espacio más cercano al Gobierno, manifestó su postura colaboracionista pero no encontró interlocutor en la gestión. De hecho, todo lo contrario: malos tratos por parte del presidente o que se dieran por sentados algunos acuerdos sin la posibilidad del diálogo o negociación.

El Congreso apareció muy mal manejado por el oficialismo y el desconcierto es total. No se conocen los interlocutores ni cómo va a funcionar, en el caso de la ley, el esquema de los invitados informantes. El ninguneo y la falta de un Norte, que complica la estrategia, genero mucho malestar. No es lo mismo prepararse para interrogar al ministro de un área y que, luego, vaya un secretario de otra. 

En la reunión de una hora y media quedó claro que el PRO tiene voluntad de colaborar pero que no consiguió más que ninguneo de parte del Ejecutivo. En ese sentido, se plantearon algunos acuerdos para abordar la ley. No sé darían superpoderes al presidente para aumentar impuestos, por ejemplo. Pero las observaciones son muchas y, hasta el momento, fueron calificadas como puntuales. 

Más allá de esas diferencias en algunos temas, un sector se sintió cómodo con el cambio de gobierno. Javier Milei lo dijo en campaña, el juicio político a la Corte Suprema no continuaría en su mandato y halcones PRO decidieron empezar el impulso. Sabrina Ajmechet impulsó el texto junto a otros veinte, también palomas, firmaron un proyecto de declaración para declarar nulo e inválido este procedimiento al adjudicarlo a motivaciones partidarias, por fuera del reglamento y con lesiones a las garantías constitucionales. Una acción que, junto a la actitud para quedarse con cargos clave en comisiones, muestra un trabajo conjunto con el oficialismo o un aprovechamiento del contexto.

En esa línea, pese a la actitud confrontativa del presidente cada vez que tiene un micrófono delante, el Gobierno decidió encarar algunos puentes de diálogo que podrán o no ser utilizados pero que demuestran un intento de destrabar el tratamiento de una ley que difícilmente pueda acabarse en tres semanas. 

Gestos distintos al "todo o nada" de Milei

A la decisión de rever las modificaciones a la ley de pesca, una solicitud de los gobernadores de la Patagonia que tuvo eco en Diputados, se le sumaron cambios a la normativa que impide reuniones de más de tres personas y cierto intento de conquistar la calma en lo que hace a economías regionales como los biocombustibles. Sin embargo, todavía hay otros ítem que siguen haciendo ruido y que, a medida que se avanza en el análisis del texto, salen a la luz.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se reunió con Guillermo Francos, ministro del Interior, para dejar en claro la mirada de la provincia sobre los cambios en la ley de biocombustibles planteados por el Ejecutivo. Esto ya había sido expuesto hace diez días por el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro. La doble jugada marcó una clara estrategia pro interior transversal al PRO y la UCR.

Scaglia fue quien pactó la reunión con el ministro ante la preocupación marcada de la provincia frente al futuro de las economías regionales. Ante la necesidad de generar un polo de poder que pueda sacar músculo en la mesa de negociación, el gobierno santafesino reunió a dirigentes de Entre Ríos, Córdoba y Jujuy -que también estuvieron durante el mediodía del lunes en Casa Rosada-. Fue en la casa de la provincia, en Capital Federal, desde donde caminaron al mitin con Francos.

La reunión se planteó en términos propositivos con la intención de “sostener la industria nacional y los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles”, según planteó Scaglia ya que, en el caso de Santa Fe, tiene la producción mayoritaria de este tipo de combustible.

Las provincias encendieron la alarma cuando vieron, en el paquete ómnibus, modificaciones a la ley que regula la industria del biocombustible, eliminando el corte obligatorio y permitiendo el ingreso de industrias petroleras al mercado. Como lo hicieron los patagónicos, los mandatarios involucrados trabajarán en conjunto (también con Tucumán) para, mediante los legisladores, presentar un proyecto que sustituya el articulado incorporado por el Gobierno en el texto que se comenzará a debatir este martes en comisiones.

Por el momento, la expectativa es total y se buscó una solución a las objeciones puntuales que cada distrito pueda hacerle al proyecto de ley. “Tenemos certezas de que somos escuchados”, dijo la santafesina al tiempo que el Ejecutivo negó una reducción del porcentaje de corte de biocombustibles. 

La dirigencia se fue con la sensación de haber conseguido una buena recepción por parte del ministro político de Javier Milei, pero la relación dependerá de llevar esa escucha a la práctica.El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, dejó bien en claro que están “para acompañar al gobierno” sin que eso signifique no marcar los desacuerdos. Cada provincia llevó al encuentro el problema puntual de las economías regionales y la imposición de impuestos, que fue calificada como “un retroceso”. 

De todos modos, estas puertas no necesariamente puedan conducir a un lugar de acuerdos. Si bien quedó en claro que los gobernadores, los senadores y diputados están dispuestos a acompañar en gran medida el paquete de modificaciones abarcadas por el DNU y la ley ómnibus, la dureza del gobierno no dejó mucho espacio para negociar en forma separada las distintas iniciativas.

Las posiciones en el radicalismo

Salvo el PRO, todos los sectores que podrían funcionar como potenciales aliados de Milei ya expresaron su voluntad de debatir pero con la condición de que se modifiquen las formas en las que fueron presentadas las medidas. Que el decreto se divida en partes y que la ley ómnibus sea podada según las prioridades. Como eso todavía no fue escuchado, apareció difícil un acompañamiento en este estado de situación y bajo los tiempos planteados por el gobierno.

Maximiliano Abad, senador y presidente de la UCR en Buenos Aires, aclaró que, para él, el “DNU es inconstitucional”. El legislador, que no tendrá que debatirlo en la comisión bicameral pero tendrá que votar cuando llegue al recinto, destacó que el partido le dio opciones al gobierno y que éste “no ha reaccionado bien”.  A la traba que enfrenta el decreto, que en once días quedará habilitado para su escrutinio en ambas Cámaras, se le suma la - hasta ahora - incipiente voluntad de negociar la ley ómnibus. Se abrieron algunos caminos pero harán falta muchas adendas para poder avanzar, y aún así no prometen un tránsito veloz pese a algunos acuerdos de parte de los socios.

"Hay que derogar la ley de alquileres y de góndolas”, dijo Abad en El Destape Radio al tiempo que coincidió con la necesidad de una reforma educativa o que algunas empresas públicas se privaticen, pero no todas. Además, puso límites: “No estoy de acuerdo con prorrogarse facultades al Ejecutivo” ni con la ley de pesca o la reforma electoral que plantea la circunscripción uninominal.

Estas objeciones no son únicas de la UCR. En Diputados, desde el sector de Hacemos Coalición Federal también hubo críticas a la suba de retenciones a economías regionales, a los cambios (que no se harían) en la ley de pesca. Tal como está escrito, podrían no acompañar. Tampoco pareció haber apoyo para privatizar el Banco Nación, pero sí otro tipo de empresas, por lo que se propondrá que no se vote el paquete sino cada caso puntual. Así como se descarta un rechazo a la delegación de facultades por cuatro años.

Desde la Cámara Baja también se cuestionó la no obligatoriedad de la presencialidad escolar, un punto remarcado por el ex ministro de Educación y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Bajo la premisa del "homeschooling", el gobierno tiene la intención de que, a partir de los 9 años, los niños no estén necesitados de ir al colegio y puedan aprender en sus casas. En Página 12, la diputada radical, Danya Tavela ya adelantó su rechazo a ese artículo de la ley y adelantó que "gran parte" de su bloque "lo evalúa de la misma manera". 

"Son 630 artículos y estamos dispuestos a aprobar 550", dijo Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR, a Radio Rivadavia. Entre los rechazados están, además, la declaración de tantas emergencias, la delegación de facultades, el blanqueo y la no obligación de la Oficina Anticorrupción de querellar en causas.

Más allá de las objeciones puntuales que manifiestan gobernadores y legisladores, La Libertad Avanza confía en que podrá encarar las negociaciones para cumplir con los deseos presidenciales. Según reveló Oscar Zago, jefe del bloque en Diputados, trabajan para ese objetivo junto al "PRO, los radicales, el bloque de Pichetto y con el grupo de gobernadores que tienen diputados a su cargo". 

Por Carla Pelliza / El Destape