Javier Milei esperó hasta el último día, pero finalmente envió el mega DNU desregulador al Congreso. Fue un gesto de institucionalidad luego de sus sistemáticos ataques a los legisladores, así como un guiño frente a la sospecha generalizada de que buscaría evitar que el decretazo --que modifica y deroga más de 300 leyes-- llegase al Congreso y, así, ratificarlo con el tiempo. El plan del oficialismo, en efecto, es dilatar lo más posible el tratamiento parlamentario: el decreto empezó ya a regir la semana pasada y continuará haciéndolo hasta que las dos cámaras lo rechacen (o que la Justicia declare su inconstitucionalidad). A partir de ahora, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene 10 días para emitir dictamen y enviarlo al recinto, en donde el peronismo intentará rechazarlo. La Bicameral, sin embargo, aún no se constituyó.

El DNU 79/2023 fue girado por la Jefatura de Gabinete, que conduce Nicolás Posse, a través del secretario de Relaciones Institucionales, Omar de Marchi: el exdiputado mendocino del PRO que se sumó hace unos días al gobierno libertario (y que representa, hoy, uno de las figuras designadas por Milei para negociar con la oposición, junto a Martín Menem, Victoria Villarruel y Guillermo Francos). El texto incluye los 366 artículos que habían sido publicados en el Boletín Oficial hace dos semanas, incluida la reforma laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar que otorgó la Cámara de Trabajo. Este capítulo incluye desde la extensión del período de prueba de tres a ocho meses hasta la limitación del derecho a huelga o la reducción de las indemnizaciones por despido.

Se abre, a partir de ahora, un escenario incierto. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene hasta el 18 de enero para expedirse sobre la validez o no del decreto. Es decir: debe establecer si efectivamente se dieron las condiciones de "necesidad y urgencia" para utilizar la herramienta del DNU (y no un proyecto de ley). Sin embargo, la Bicameral aún no se pudo constituir debido a la disputa que hay entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria en la Cámara de Diputados por la distribución de los lugares.

La pelea en la Bicameral

La Bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, los cuales deben representar fielmente la distribución de fuerzas de cada cámara. En el Senado, la discusión política en torno a esta distribución fue más sencilla: allí, Victoria Villarruel logró tejer rápidamente una mayoría artificial junto al radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales para desplazar a UxP y quitarle un lugar. Quedó, así, cinco sillas para esa "mayoría" y tres para UxP: Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), "Camau" Espínola (Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (UxP), Mariano Recalde (UxP) y María Teresa González (UxP).

En Diputados, sin embargo, la discusión aún no terminó de saldarse porque allí, originalmente, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, había llegado a un acuerdo con Martín Menem para distribuir los lugares por sistema D'Hondt (que le aportaba mayor número a UxP en calidad de primera minoría de la cámara). El jueves, sin embargo, quedó plasmado que ese acuerdo quedaba roto cuando UxP perdió varios lugares en las comisiones que tratarían la Ley Ómnibus a manos de la misma estrategia que había encarado Villarruel en el Senado: por un lado, una mayoría artificial entre todos menos el peronismo - y, en el caso de Diputados, la izquierda - y, por el otro, UxP.

Martínez reclama que les corresponden cuatro lugares - no tres, como sostiene LLA - y por eso no envió aún los nombres para integrar la Bicameral. Los otros cinco ya están: Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y, en representación del flamante bloque Hacemos Coalición Federal de monzoístas, cordobeses y lilitos, Nicolás Massot. El peronismo, mientras tanto, mantiene los nombres bajo siete llaves hasta que se resuelva la negociación. "Es Menem el que está en falta porque nos está robando un diputado, no nosotros", se quejaban en el bloque de UxP.

Lo más probable, sin embargo, es que UxP se termine quedando solo con tres diputados en la Bicameral, sumando así seis legisladores en total. Es decir que no tendrán control de la mayoría para rechazar el dictamen y necesitarán, sí o sí, del acompañamiento de otros partidos para lograr, por primera vez en la historia argentina, que el Congreso desestime un DNU presidencial. Y UxP ya comenzó a trabajar en ese sentido.

"La Ley Ómnibus es más difícil, pero al DNU lo vamos a bochar. En el recinto vamos a ser mayoría y lo vamos a rechazar", sostenía, entusiasmado, un diputado peronista mientras que, a su lado, dos compañeros de bloque asentían con la cabeza. En UxP predomina, en los últimos días, la confianza de que la "inconstitucionalidad manifiesta" del decretazo de Javier Milei llevará a que varios legisladores radicales, de la Coalición Cívica, las fuerzas provinciales o, incluso, la bancada que lideran Emilio Monzó Miguel Ángel Pichetto, terminen votando en contra en el recinto. La cautelar de la Cámara de Trabajo representó, en ese sentido, un verdadero espaldarazo político (así como también los más de 40 recursos de amparo que ya se presentaron en la Justicia para que se declare inconstitucional el DNU).

Hay una frase que se repite en el bloque peronista: "Nos faltan solo 20 diputados". Se refiere a que, entre los 102 de UxP, los cinco del FIT, los dos socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota, al peronismo le falta solo 20 diputados para llegar a los 130 votos que le permitan abrir la sesión y rechazar, primero, el DNU en la Cámara baja. De replicarse las críticas que pulularon en medios y redes sociales - que fueron varias y de casi todos los partidos políticos, excepto del PRO (aunque algunos, como Horacio Rodríguez Larreta, sí fueron críticos) -, el peronismo debería tener el número. Pero como le gusta repetir a un importante diputado de UxP: "Del Twitter al culito en la banca hay un trecho".

La advertencia es porque las intenciones del oficialismo aún no están del todo claras. Si bien la estrategia original es aplazar lo más posible el debate para que el DNU pueda seguir corriendo en el tiempo - la ley sostiene que los decretos tienen que ser ratificados por el Congreso, pero existen decenas de casos en los cuales nunca se hizo -, algunos en LLA sostienen que la mejor estrategia es aprovechar la buena imagen de Milei para forzar, en enero, un dictamen favorable. Se verá en los próximos días, pero la cuenta regresiva ya comenzó.

Por María Cafferata / P12