El gobierno nacional envió finalmente el proyecto denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” para su tratamiento en las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa comúnmente llamada “Ley ómnibus” incluye en sus más de 600 artículos una serie de modificaciones en materia fiscal que, advierten especialistas, volverían el sistema tributario mucho más regresivo o, en otras palabras, harían que quienes más tienen, menos paguen.

De esta manera, de aprobarse los cambios en impuestos como el de Bienes Personales y, por el contrario, sostenerse la suba de más del 100% en el monotributo, el restablecimiento de Ganancias para trabajadores y la quita en la devolución del IVA de la canasta básica, sería otro duro golpe al bolsillo de la mayoría de la población, aumentando la desigualdad existente. Así, con la reforma fiscal de La Libertad Avanza, los ricos van a pagar cada vez menos impuestos y los pobres cada vez más. 

El impuesto sobre la propiedad que el gobierno nacional busca achicar en el tiempo, con beneficios concretos para quienes tienen un importante stock de riqueza acumulada dentro y fuera del país, se considera uno de los más progresivos porque justamente grava a los que más tienen en la sociedad limitando la concentración económica, la acumulación desmedida y la evasión fiscal. Sin embargo, tal como ya lo había implementado el macrismo en su gestión, la administración actual busca aumentar la recaudación quintando impuestos sobre los sectores más acaudalados a la vez que refuerza el ajuste -IVA y Ganancias- para las y los trabajadores afectados además por la licuación salarial, la desregulación de precios y una inflación que podría superar el 20%, solo en los próximos tres meses. 

Beneficio para millonarios

La conocida “Ley ómnibus”, con más de 600 artículos sobre los más variados temas, incluyó en materia fiscal modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales a partir de lo cual se crea un “Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales por todos los períodos fiscales hasta fines de 2027”. ¿Qué implica y sobre quienes recae este tributo? Se trata de un impuesto que recae sobre la riqueza o el patrimonio, es decir, se aplica según el stock de capital acumulado (de personas o sucesiones indivisas). Pueden ser bienes situados en el país como en el exterior, que sean parte del stock patrimonial al 31 de diciembre de cada año, existe en Argentina desde 1991 e incluye bienes inmuebles, naves y aeronaves, bienes muebles, títulos y acciones, automotores, sin permitir la deducción de deudas, excepto el caso de créditos hipotecarios para la adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a casa habitación. 

Los impuestos a la propiedad no son un invento argentino, existen en todo el mundo ya que se instrumentan como herramienta para mitigar la desigualdad social en tanto implican esencialmente que quienes más tienen más paguen, lo que no es menor si se considera que, según el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022 del economista francés Thomas Piketty, en el mundo el 10% más rico tiene el 76% de la riqueza y en América Latina el 10% más rico es dueño del 77% de la riqueza mientras que el 50% más pobre tiene solo el 1% del total de bienes de la región, considerada la más desigual en concentración de propiedad. En ese mismo sentido, se considera un impuesto progresivo en la medida que sus alícuotas se incrementan en la medida que aumenta el patrimonio y, además, le brinda progresividad al sistema impositivo del país dado que suelen recaer en una porción minoritaria de la sociedad.

Los últimos cambios que había realizado el gobierno del Frente de Todos en 2021 permitieron que el tributo recaiga en mayor medida sobre los más ricos, y sea más progresivo según la radicación del patrimonio: bienes por más de 11 millones de pesos pagan el impuesto por una tasa de 0,5%. A medida que aumentan los montos, aumenta la tasa hasta el máximo de 1,75% y si los bienes declarados se encuentran en el exterior, hay una penalización con una tasa de hasta 2,25%. Un aspecto no menor: la recaudación por Bienes Personales representó sólo el 2% del total, según datos del 2022. 

¿Qué busca cambiar ahora el gobierno de Milei? Los ejes centrales de las modificaciones apuntan a una rebaja de la alícuota del impuesto así como a dar “estabilidad” a quienes adhieran a un adelanto en el pago, con tasa fija hasta 2038, más allá del incremento que ocurra en el stock de patrimonio. En detalle, lo que se paga por la riqueza acumulada quedaría para el 31 de diciembre de 2023 con una alícuota entre 0,5% (para bienes valuados en no más $13.688.704) y 1,5% (para activos valuados hasta $456.290.138), que bajará a 1,3% en 2024, seguiría reduciéndose a 1,10% en 2025, para llegar al 1% en 2026 y luego fijar una tasa única del 0,5% en 2027. Al tiempo que se ofrece la posibilidad para quienes se adhieran al Régimen especial que promueve el proyecto de ley hasta el 31 de marzo de 2024, de hacer un pago anticipado y unificado de cinco años completos con una rebaja (0,75%) tomando como referencia el patrimonio declarado a diciembre del 2023, por lo que ya no tendrán la obligación de presentar una declaración jurada de sus bienes por los siguientes cuatro años. Además, quienes paguen su alícuota de forma anticipada gozarán de “estabilidad fiscal” hasta el año 2038, lo que implica que ningún próximo gobierno podrá cobrar una alícuota mayor a la última fijada (0,5% al 2027) y no se les podrá cobrar por otros impuestos al patrimonio que se pudieran implementar, es decir, se imposibilita a próximos gobiernos de gravar a los que más tienen, adentro y afuera del país.

Estas modificaciones van en sintonía con los cambios que implementó el gobierno de Mauricio Macri y que llevaron a que el impuesto retrocediera en progresividad por aplicarse una alícuota plana, con mínimos no imponibles que se reducían 0,25 puntos cada año (para el periodo fiscal 2016 se redujo de 1,25% a 0,75%, de 0,75% a 0,50% en 2017 y de 0,50% a 0,25% desde 2018), lo que generó una fuerte caída recaudatoria en este gravamen, siendo el objetivo central del gobierno del PRO lograr la eliminación total del tributo. Esto sumado a la quita de retenciones a mineras, al sector agroexportador y a grandes industrias, mientras más de un millón de nuevo trabajadores  empezaron a pagar Ganancias en dicha gestión. 

 
¿Por qué estos cambios son regresivos para el país? “Regresivo significa que el esfuerzo contributivo de los sectores de menores ingresos es mucho mayor que el esfuerzo contributivo de los sectores de mayores ingresos”, explicó a este portal Eva Sacco, directora del Programa de Integración Regional para el Financiamiento del Desarrollo (IRFD) de la Fundación SES y agregó que “Bienes Personales es el impuesto más progresivo que tenemos, por lo que estamos totalmente en desacuerdo con estos cambios en el impuesto al patrimonio, que de esta manera se vuelve más regresivo, mucho más de lo que había impulsado Macri”. 

Asimismo la especialista evaluó que los cambios que busca implementar el gobierno libertario profundizarán las brechas patrimoniales de género existentes: del total de personas alcanzadas por este impuesto cerca de un 70% son hombres y apenas un 30% mujeres. “Si miramos quiénes tienen acceso al patrimonio vemos una fuerte masculinización de la riqueza porque la gran mayoría de quienes pagan el impuesto son varones. Esto tiene que ver con la sociedad patriarcal, ya que la principal forma de acceder al patrimonio en nuestro país es por la herencia, por lo tanto eso no explica la enorme desigualdad en el patrimonio de varones y mujeres. Lo que sucede, y hay que visibilizar, son las maniobras de ocultamiento del patrimonio, con dos fines claros: una es no pagar impuestos al Estado y otro quitar el acceso a la propiedad a las mujeres de la propia familia. Entonces, las maniobras de ocultamiento del patrimonio en paraísos fiscales y otras al margen de la ley, tienen este doble efecto e inciden en la feminización de la pobreza”, detalló Sacco. 

Un informe de la Fundación SES mostró, en relación, que “una de las causas de la baja recaudación del impuesto a los Bienes Personales, lo constituyen las numerosas exenciones entre las que se destaca la exención a los inmuebles rurales”. Según el Censo Agropecuario de 2018, “solo el 20% de las 210.664 Entidades Agropecuarias Productivas (EAP) gestionadas por personas humanas, estaban dirigidas por mujeres productoras y la participación de las mujeres se concentra en las de menor tamaño: el 22% gestiona EAP de hasta 5 hectáreas, en tanto sólo un 0,5% gestiona más de 10.000 hectáreas” por lo que entienden “resulta claro el vínculo entre la masculinización de la riqueza, la violencia económica de género y las maniobras de ocultamiento, evasión y connivencia con el sistema judicial”. 

La reforma en el impuesto al patrimonio se complementa en el proyecto oficialista con una serie de alivios para los que más riqueza concentran que incluye el blanqueo de capitales ocultos, la quita de multas laborales por tener trabajadores no registrados, la exclusión del impuesto a la transferencia de inmuebles, y los beneficios vía eliminación de la doble Imposición con respecto a la prevención de la evasión y elusión fiscal. 

Más monotributo e impuestos para laburantes

A la par que el gobierno nacional impulsa, a menos de un mes de comenzar su gestión, un paquete de reformas pro mercado incluidas tanto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 como en la “ley ómnibus” y anticipa que podría enviar otro proyecto con “160 desregulaciones más”, el impacto en el bolsillo de las y los trabajadores se hace sentir tras la devaluación de más del 100%, la liberación total de precios de la canasta de primera necesidad, y la ausencia de políticas de refuerzos de ingresos que compensen el ajuste del programa de gobierno, sumado a la mayor flexibilización laboral y los despidos masivos en el Estado. 

A este panorama se agrega, y a contramano de la reducción de impuestos para los que más tienen, un aumento del 110% en la cuota del monotributo para trabajadores que enfrentan además una reforma laboral impuesta por DNU que habilita a los empleadores a sostener contrataciones "por servicios" sin reconocer la relación laboral y los derechos que ésta conlleva. Según difundió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las nuevas cuotas, que comenzaron a regir desde el 1° de enero, implican una suba del 110,9%, por lo que la categoría A se irá, por ejemplo, a $12.128 mensuales.  Así, pese a que en campaña electoral el presidente Javier Milei había sostenido que reduciría impuestos “para favorecer a la gente” y que se "cortaría un brazo antes de subir un impuesto”, en los hechos la gestión actual no solo no tomó, al momento, medidas para un sector del trabajo cuyos ingresos se vieron afectados por la inflación de estos últimos años, sino que además anticipó que volverá a implementar el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, y se prevé que continuará con la devolución del IVA en los productos de la canasta familiar. 

“Se habla de que el impuesto a las Ganancias es un impuesto progresivo, que en teoría así es porque van pagando más quienes tienen mayores ingresos, sin embargo en Argentina tal como estaba antes de la última modificación del 2023, esto ya no era así para la cuarta categoría, que pagan las y los empleados en relación de dependencia de altos ingresos”, analizó Sacco al respecto y amplió que “el porcentaje que recae sobre trabajadores es casi el 50% de la recaudación total del impuesto y esto es porque las empresas que también lo pagan, gozan de exenciones y beneficios tributarios, que hacen que un grupo pequeño de trabajadores -que además tiene ingresos golpeados por la inflación- termine pagando lo mismo que la suma de todas las empresas, dentro de las que además se consideran a los autónomos. Por esto vimos con muy buenos ojos los cambios que excluyeron a la cuarta categoría, y creemos que el debate tiene que pasar por impulsar una mayor carga impositiva sobre los patrimonios, sobre las empresas. Cuando Milei dice ‘no hay plata’ en realidad sí hay, la plata está justamente a donde él quiere dar más beneficios, está en las empresas que no pagan ganancias, está en los altos patrimonios a los que ahora pretende reducirles el impuesto”. 

El Impuesto a las Ganancias que recaía sobre trabajadores en relación de dependencia se modificó por ley del Congreso fijando un mínimo no imponible a 15 salarios mínimos, vitales y móviles con el objetivo de que recaiga efectivamente en los altos ingresos, un reclamo histórico del sindicalismo por el impacto negativo en trabajadores y jubilados. Actualmente, y pese a sus dichos en la previa al balotaje, Milei buscaría restablecer este impuesto, aunque al momento no fue incluido en el proyecto de ley enviado al Congreso. Según dejaron trascender desde el propio gobierno, esto se debe a que condicionan el envío a obtener a cambio el apoyo de varios gobernadores -también interesados en que los trabajadores vuelvan a pagar este tributo- en el avance de la ley ómnibus. 

Por su parte, este 31 de diciembre dejó de tener vigencia del programa de Devolución del IVA en los productos de la canasta básica familiar y no hay novedades oficiales sobre su continuidad. El reintegro de este impuesto al consumo, que es el de mayor impacto en los salarios de los trabajadores -sobre todos en los más bajos- permitía recuperar $ 18.800 mensuales, y si bien el mandatario había prometido su continuidad no hay señales al momento de que ello vaya a ocurrir. “El IVA es uno de los impuestos más regresivos porque paga lo mismo el que gana un millón de pesos que el que gana $100.000 cuando compra un producto, por lo que claramente es un beneficio para sectores de menores de ingresos”, resaltó la economista consultada y destacó que “también tiene un impacto positivo en las mujeres que están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos y destinan gran parte de estos al consumo cotidiano”.

En esta coyuntura hay que sumar los incrementos que golpearán en enero el bolsillo de las y los trabajadores: aumentos en tarifas de transporte público, en cuotas de prepagas, en telecomunicaciones, peajes y alquileres, que ahora con el DNU están totalmente desregulados en plazos, índice y moneda que se puede exigir a los inquilinos. 

¿No hay plata?

Si bien el presidente Milei insiste en que “no hay plata” no son pocos los espacios que, desde la experiencia en materia de política fiscal, advierten que “hay alternativas para evitar sacarles los recursos a los que menos tienen”, disponibles para quienes las quieran ver. Tal es el caso del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad que presentó una serie de propuestas para subir impuestos pero, a diferencia de plan del gobierno, sin perjudicar aún más a los sectores medios y más vulnerables de la población. 

Se destaca en materia de Bienes Personales, “revisar la exención sobre depósitos en entidades financieras que implica una pérdida equivalente a 1,8 veces el presupuesto destinado a Infraestructura del cuidado así como la exención sobre los inmuebles rurales, ya que los dueños de campos son un sector pequeño y económicamente concentrado que no paga bienes personales sobre esas propiedades”. El total de estos beneficios equivalen a 1,2 veces el presupuesto de la AUH.

También sumaron “revisar la exención de ganancias sobre los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales nombrados antes de 2017, lo que equivale a 6,7 veces el presupuesto de comedores escolares, y el régimen diferencial para la minería, donde el Estado pierde un monto equivalente a 1,8 veces el presupuesto destinado a fortalecimiento edilicio de jardines”. Se agrega “modificar la exención del IVA a los honorarios de los directores de sociedades, mientras que trabajadores autónomos deben pagar un IVA del 21%, quienes integran directorios de empresas no lo pagan”, resaltaron. 

Por Eugenia Rodríguez / El Destape