Según puede leerse en las consideraciones preliminares del Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó el Gobierno el 20 de diciembre, la economía argentina no crece desde el año 2011, y “el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde esa fecha, lo que ha provocado la anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33%”. Por eso, sostiene el presidente Javier Milei ya desde la campaña, una “modernización del sistema laboral” es la clave para generar empleo de calidad. 

Economistas consultados por PERFIL coincidieron en señalar que una reforma del sistema actual es necesaria, pero no es la condición suficiente para generar empleo cuando la economía está estancada. 

“La economía argentina lleva 12 años de caída relativa del PBI per cápita, entonces esto no genera ningún tipo de condición para generar empleo. El empleo no lo van a generar las empresas solamente porque les facilites contratar o porque les reduzcas el costo de contratar o de despedir, sino si resulta un negocio contratar”, explicó el economista Martín Kalos.  

Kalos agregó que, si bien “el costo para las empresas tiene que ser razonable” y “se puede pensar en un esquema mucho mejor que el actual, para crear empleo -y un empleo de calidad-, lo que se necesita es que las empresas vean que es negocio, que necesitan producir más porque tienen demanda de lo que van a producir y entonces necesitan contratar más gente”. Recién a partir de entonces, agregó, “hay que pensar cómo la normativa laboral se los permite sin mayores problemas”.

Pero la normativa ya cambió. Antes de que las condiciones económicas para la generación de empleo estén dadas y de que pase por el Congreso, el texto de la ley 24.013 que regula el empleo registrado ya aparece modificado. Entre los artículos 8 al 16 ahora puede leerse “Artículo derogado por Decreto N° 70/2023 B.O. 21/12/2023”. Estos artículos comprendían la obligación para el empleador del pago de una indemnización en los casos en que no registrara una relación laboral, que consignara una fecha posterior a la real en la documentación laboral, o que consignara una remuneración menor. 

“Este cambio de Milei va en contra de la creación de empleo registrado porque entre las cosas que elimina están las multas a las empresas por no haber registrado a sus trabajadores, así que ahora la empresa no tiene ninguna razón para registrar si no quiere hacerlo, porque incluso si la encontraran en falta no le pueden poner una multa, lo único que tienen que hacer es corregir la situación”, explicó Kalos. 

El DNU también incluye una importante modificación en el artículo 245 de la ley 20.744 de contrato de trabajo que establece el cálculo de las indemnizaciones, y del artículo 92 bis, que extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses.

En declaraciones posteriores a la presentación del DNU, el presidente Javier Milei dijo que esto “es un cañonazo a la industria del juicio”. Pero podría tener el efecto contrario. “Tampoco va a haber más multas por haber incumplido el pago de la indemnización. Entonces, si la empresa no paga la indemnización en tiempo y forma, el trabajador tiene que ir a juicio sin que haya una multa de por medio que obligue a la empresa a pagar”, explicó Kalos. “Argentina no es un país con una industria de juicios como en EE.UU. Si bien es cierto que hay muchos casos, son casos en los que generalmente hay un incumplimiento de parte del empleador”, agregó.

El economista concluyó que de todas maneras “no es un problema de normativa la razón por la cual en Argentina no se está creando empleo ni en calidad ni en cantidad suficiente”.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de empleo no registrado fue del 36,7% en el primer trimestre de 2023, una cifra alta pero muy similar a la registrada, en promedio, en los últimos 20 años. En 2003 el empleo no registrado llegó a ser el 48% del total y se mantuvo en la línea del 40% hasta 2007. A partir de entonces se ubicó siempre por encima del 30%.

Al respecto, el economista Orlando Ferreres agregó que la nueva normativa no generará más empleo, “porque este año vamos a tener una actividad económica con un nivel del 2% negativo, por lo que es muy difícil que aumente la ocupación”. Para Ferreres, el empleo no dependerá de la normativa sino de la actividad, pero opinó que este DNU “no será contraproducente. Al contrario, puede ayudar, aunque no será lo más efectivo”.

En el mismo sentido, el economista Daniel Artana explicó que una reforma laboral no alcanza sin crecimiento de la economía, “pero si la economía crece y la reforma es creíble, el empleo crecerá más”.

Según el último informe de la Cepal, la economía argentina será la única de América Latina y el Caribe que decrecerá en 2024, un 1% durante ese año. 

Pero, aclaró Artana, este tipo de reformas que son estructurales “no se piensan para los próximos seis meses”, por lo que considera que este es un buen momento para aplicarlas.

El economista Bernardo Kosacoff explicó a PERFIL que “nadie va a tomar gente si no existen perspectivas favorables del desarrollo de los negocios, pero las reformas son necesarias cuando rompamos estas décadas de estancamiento”.

Agregó también que “los cambios en la legislación laboral son una condición necesaria para fomentar y facilitar la creación de empleo”, aunque aclaró que esto no es suficiente. “El crecimiento de la economía y el dinamismo de las inversiones son, a su vez, determinantes claves para aumentar el empleo formal privado”.

Para 2024, la OIT proyecta en la región un escenario laboral complejo, agravado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por eso, advirtieron, “se necesitan políticas que respalden la creación de empleos, con un enfoque especial en la formalización laboral”.

Por Agustina Bordigoni / Perfil