Mientras que son claras las consecuencias que la privatización de la salud que propone Javier Milei tendría para el sistema sanitario público, hay otro costado que por lo general se olvida: el colapso y la concentración geográfica que generaría en el actual sistema de obras sociales y prepagas. Según su Plan de Gobierno difundido en julio pasado, el candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, propone "pasar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, para que cada argentino tenga la libertad de elegir dónde se atiende sin tener que preocuparse por el costo".

En otras palabras, se trata del mismo sistema de vouchers que pretende implementar para la educación. "El modelo de la 'salud pública', es decir, que el Estado financie a las instituciones que proveen salud, no funciona", agregó el documento oficial de LLA.

No queda claro de qué forma Milei podría avanzar con este plan, ya que la mayor parte del sistema de salud pública se encuentra descentralizado en las provincias y por lo tanto requeriría de su decisión soberana. En cualquier caso, si el candidato libertario lograra llevar a cabo su programa, sus consecuencias serían enormes para el propio sistema privado actual. 

El impacto en las prepagas

Ocurre que, por la proporción de gente que se atiende en cada sistema, a las prepagas les sería muy difícil absorber la demanda que deje la salud pública. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires un 20% depende exclusivamente de los hospitales públicos, contra un 29% que se atiende por el sistema de prepagas, entre los clientes exclusivos y los que derivan sus aportes de obras sociales. A nivel nacional, de hecho, solo entre un 5 y un 6% de la población se atiende por prepagas.

En este sentido, fuentes del sector prepagas afirmaron a El Destape que si desapareciera el sistema de salud pública estas empresas privadas de servicio médico correrían un serio riesgo de colapso.

La cuestión va más allá. Los expertos en el sistema sanitario explican por lo bajo que, en verdad, las prepagas quieren expandirse pero no a cualquier costo. Es decir, no les sirve un ingreso masivo de afiliados de bajos recursos, que puedan afrontar una cuota baja y supongan un alto costo de atención.

Al contrario, lo que buscan es el ingreso de más clientes con salarios altos, la mayoría de los cuales hoy ya se encuentra dentro de este sistema privado, por lo que podrían no admitir al resto.

El impacto para las obras sociales

Las que también correrían riesgo de colapso son las obras sociales, especialmente las de menor tamaño. Hoy en día, las obras sociales más pequeñas dependen en buena medida del llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe aproximadamente un 15% del aporte que los trabajadores registrados hacen al sistema.

Entre sus propuestas, el Plan de Gobierno de Milei establece la de "liberar la cautividad de los afiliados a las obras sociales nacionales, PAMI y demás". Previsiblemente, opinan los expertos, si se desregulara el sistema de salud serían justamente los trabajadores registrados de mejores salarios los pasarían a derivar sus aportes a las prepagas, lo que llevaría a que se desfinancie el FSR, que, por ejemplo, es utilizado para que las obras sociales pequeñas puedan hacer frente a la compra de medicamentos caros.

En este escenario, cabe pensar la preocupación de qué sucedería con los millones de trabajadores en relación de dependencia con salarios medios y bajos que no podrían afrontar el costo de ir a la prepaga y dependerían de las relativamente pequeñas obras sociales de su rubro ahora desfinanciadas.

Pero, además, hay otras dos formas en las que el Estado puede intervenir en el financiamiento de las obras sociales, que quedarían virtualmente anuladas bajo el proyecto de Milei. La primera es de forma directa, es decir, a través de subsidios, tal como ocurrió en momentos particulares como durante la pandemia. En esas ocasiones, o bien se perdería esa herramienta contracíclica o bien el Estado seguiría financiando la salud contra lo que dice el candidato libertario.

La segunda es de forma indirecta a través del nivel de los salarios reales. A más aumento real, más financiamiento real a las propias obras. No es lo que sucedería en un esquema de salarios deprimidos como el que tendría lugar bajo un gobierno de LLA.

El problema de la concentración

Con todo, la privatización del sistema de salud generaría un problema adicional, advierten los expertos: la concentración geográfica de la atención, muy al contrario del "fortalecimiento de la descentralización" que figura entre las propuestas del Plan de Gobierno de LLA.

Los antecedentes de sistemas de salud basados en el financiamiento de la demanda, como en Chile, Colombia o México, muestran que los "vouchers" solos no alcanzan como para mantener los servicios más costosos de los hospitales municipales.

Si, por ejemplo, el tomógrafo del sanatorio de barrio deja de funcionar, el vecino no tiene más alternativa que trasladarse a los grandes centros urbanos, añadiendo el costo del viaje y/o del alojamiento al del tratamiento. Más aun, al haber menos tomógrafos disponibles crece la fila de espera.

Lo que termina sucediendo es que quienes pueden pagan un diferencial para cubrir su tratamiento de forma privada y quienes no van al fondo de la fila. Sin el Estado, la segmentación cree al máximo.

Por Javier Slucki / El Destape