El reciente informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el que se detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el Gobierno de Cambiemos, es de un significativo valor institucional, por tratarse de un procedimiento previsto desde las herramientas de la democracia.

Esto es así porque la AGN es una institución que se concibe desde la Constitución Nacional (CN), compuesta por 7 miembros, todos ellos como auditores generales, 6 de ellos son designados por parte iguales, representando a la Cámara de Senadores y a la de Diputados, y el presidente del organismo es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor numero de legisladores en el Congreso (artículo 85 de la CN). Por ello su presidente actual es el dirigente radical Jesús Rodríguez.

En apretada síntesis, en el Informe se resalta la evidencia de «la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo». Y agrega: «Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos».
Prosigue el informe: «El acuerdo suscripto, de casi 57.000 millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país».

Esta tremenda hipoteca que nos legaron el gobierno de Macri y el FMI significa el freno y postergación de los derechos y sueños de millones de argentinos, de trabajadores, activos y pasivos, de amplísimos sectores medios, de miles de pymes y organizaciones de la economía social solidaria, entre ellas, miles de cooperativas.

Las perdidas ocasionadas a la estructura económica y social de nuestro país por el espurio acuerdo, posibilitado además por la ayuda política al macrismo por parte del gobierno de Donald Trump, exceden largamente el monto otorgado, básicamente por la masiva fuga de capitales financiada por el ingreso de las divisas de la deuda, el déficit fiscal que ello acarrea y el estrangulamiento de la economía argentina actual y en perspectiva.

El informe de la AGN se constituye entonces en un irreprochable documento al que no se puede tildar de oficialista y que provee un insumo fundamental en el debate que necesariamente se abre de cara a las elecciones , dado que el repudio a esta hipoteca civilizatoria incumbe a las grandes mayorías de nuestro país.

Como muy bien lo señala Emir Sader, la deuda externa es un instrumento que le ha permitido al neoliberalismo introducirnos a una era del capital improductivo, por lo que «no es la falta de recursos lo que nos azota, sino su uso descontrolado, o controlado solo por quienes no tienen interés en hacerlo social y económicamente útiles».

Por Horacio Aizicovich * Accion