La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de intervenir en los procesos electorales de San Juan y Tucumán, suspendiendo al candidato a vicegobernador tucumano, el actual gobernador Juan Manzur, y al gobernador sanjuanino en busca de su nueva reelección Sergio Uñac, envía dos mensajes simultáneos. Por un lado, un aviso a los navegantes del sistema político, y por otro un adelanto de la reconfiguración política que viene después del 2023.

Con respecto a las candidaturas en cuestión, a diferencia de 2013, cuando Gerardo Zamora en Santiago del Estero intentó forzar un tercer mandato en abierta contradicción con la Carta Magna provincial, Uñac en San Juan y Manzur en Tucumán incurrieron en un ejercicio de estiramiento interpretativo para presentarse. Es factible que, sobre todo en el caso de Manzur, el mismo haya sido excesivo. Si bien cuando hablamos de “reelección” nos referimos a repetir el mismo cargo, no uno contiguo pero subalterno como el de vicegobernador, existe jurisprudencia de la Corte que toma como “unidad” la fórmula gobernador y vice para contabilizar reelecciones.

La cautelar dictada por la Corte señala el camino interpretativo elegido: advierte contra las reelecciones que sustentan la perpetuación en el gobierno. Ya no se trata de evitar tomar partido en interpretaciones precedentes de normas provinciales o de privilegiar que los tribunales provinciales sean los encargados de tratar estas cuestiones, evitando a la Corte como punto de referencia en la resolución de controversias de este tipo. Si la Corte ratifica el camino insinuado con la cautelar, hay un viraje en la lectura jurídica que se traía sobre este tema. Y un cambio de visión jurídica potencia los efectos políticos del timing. La suspensión de las elecciones (algo que no ocurrió en los precedentes más cercanos como Río Negro y La Rioja, donde no hubo o fue el tribunal local el que decidió la suspensión) apenas cinco días antes de la votación implica una interferencia con la integridad del proceso. Si bien la prevención del abuso es institucionalmente sana, y contaba con pocos, aunque existentes, precedentes para intervenir, el timing es muy cuestionable. La Corte tuvo el pedido sanjuanino parado un mes, y lo activó a 5 días de la convocatoria electoral. El caso tucumano es peor: el pedido llegó a la Corte el 24 de abril, y con una celeridad desusada, 15 días después dio lugar a la cautelar promovida por Germán Alfaro, intendente de la capital provincial y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio. Esta rareza se potencia teniendo en cuenta que existen fallos (por ejemplo, los vinculados a cuestiones previsionales, que representaban casi el 30% de los fallos de la Corte para 2021) que están parados desde hace 5 o 6 años y que la cautelar se dictó incluso después de que la Procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminara que las demandas debían pasar por las justicias locales, y en todo caso llegar a la Corte Suprema en forma de recurso extraordinario.

Una mayoría defensiva

De todas maneras, el Tribunal Supremo tenía y tiene potestades para hacer lo que hizo, y su accionar está en línea con la hiperactividad que Horacio Rosatti como presidente le imprime a su gestión: hoy la Corte Suprema se ubica en los máximos históricos de cantidad de sentencias por año desde 2015. El timing de la decisión nos lleva al dato político: la configuración de una mayoría defensiva entre Maqueda, Rosatti y Rosenkratz, que aplican un daño político al partido de gobierno en dos distritos en los cuales el peronismo tenía expectativas de retener la gobernación, introduciendo incertidumbre pro opositora. Es inevitable relacionar esta decisión con el juicio político a la Corte, una acción que está destinada al fracaso por la configuración de los votos en las Cámaras, algo que el kirchnerismo sabe perfectamente. Sin embargo, no es el juicio lo importante: es la prórroga de las sesiones en comisión y poner bajo presión a la Corte difundiendo elementos incómodos para los jueces del máximo tribunal. La convocatoria a los letrados de la Corte o los testimonios televisados sobre las irregularidades (admitidas por el mismo juez Maqueda, quien supervisaba desde la Corte) de la obra social del poder judicial, mantienen en la agenda pública temas invisibilizados con éxito por la cúpula suprema, cuya explicación defensiva es, por lo menos, algo barroca.

A este escenario puntual, se agrega un factor estructural: la defección estratégica –un concepto de la politóloga norteamericana Gretchen Helmke– del Poder Judicial frente a un poder político debilitado y en retirada, con un desgaste superior al de fines de mandatos anteriores. En los juzgados se leen encuestas, y cuanto más radicalizada aparece la alternativa de cambio, más adversos serán los componentes del Poder Judicial con el gobierno saliente para preservar su propia posición de cara al gobierno que viene. La virulencia cortesana también puede leerse en esa clave interpretativa, antes que como un resentimiento antiperonista. Rosatti y Maqueda son cuadros históricos de los peronismos de Santa Fe y Córdoba, mientras que Lorenzetti siempre mantuvo contactos fluidos con sectores del peronismo referenciados en el gobernador Omar Perotti. Esos mismos lazos hoy lo hacen blanco de la furia de sectores de Juntos por el Cambio, como Elisa Carrió, formando una inesperada “Coalición de compresores”: Coalición Cívica (segmentando en Lorenzetti) junto con el Frente de Todos, manteniendo la narrativa del juicio sin juicio. Por su parte, Rosenkratz, el frío abogado corporativo que cuando fue designado por Macri aparentaba la posibilidad de un Neil Gorsuch argentino (1), derivó en un flip-flopper (2), un juez cambiante de opinión que, desgastado por su falta de cintura política durante su presidencia de la Corte entre 2018 y 2021, se refugia en la resiliencia pragmática de sus compañeros, peronistas insurgentes contra el peronismo. Todo lo que parecía sólido se desvaneció en el aire.

Todos los actores están tomando posiciones frente a un tiempo que se observa fragmentado e inestable.

Todos estos movimientos son ecos iniciales de un cambio tectónico de mayor profundidad en dos dimensiones no directamente relacionadas: la posibilidad de atisbar el fin de una promesa bicoalicional que apenas resistió una elección presidencial (2019), y la creciente secesión de la Corte Suprema de los campos magnéticos que afectan la dinámica del Poder central con sede en Buenos Aires. En otras palabras: todos los actores están tomando posiciones frente a un tiempo que se observa fragmentado e inestable. Y en esa geografía del poder, la Corte lleva años en la senda de fallar persistentemente en contra del Estado Nacional y en favor de los Estados provinciales, lo conduzca éste Cristina, Macri, Alberto Fernández o ¿Javier Milei? La posibilidad del próximo gobierno de designar la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco después de su renuncia en 2021 es otro elemento que actúa como estímulo para estrategias defensivas frente a quien sea el inquilino de la Casa Rosada.

El impulso de autonomía concedido por Néstor Kirchner cuando barrió con la mayoría automática menemista fue haciéndose carne en las distintas camadas de jueces que fueron pasando. Con extracciones y orígenes distintos, todos convergen en solidificar una autonomía defensiva frente a un poder político inestable de presidentes mendicantes de apoyo en el Congreso y bajo la presión de una opinión pública impaciente y hostil. No existen razones objetivas para pensar que este proceso de diferenciación vaya a frenarse en el corto plazo. Esta situación es positiva si se piensa en la independencia del Poder Judicial. Negativa, si esta independencia termina degenerando en el entusiasmo que Rosatti demostró en la última intervención frente a la Cámara de Comercio estadounidense en Argentina, cuando incluyó a la formulación de la política monetaria como un objetivo natural de la intervención de la Corte.

Las ondas expansivas del fallo

Volviendo a la cuestión de San Juan y Tucumán, la confirmación del reemplazo de Manzur por el ministro del Interior provincial, Miguel Acevedo, y el de Uñac por su compañero de fórmula, el intendente de General San Martín, Cristian Andino, abre dos interrogantes. Uno es hasta dónde puede llegar la Corte con esta nueva lectura sobre la legislación de mandatos en el ámbito local, y el otro es por la estructuración jerárquica del peronismo en las provincias si la onda expansiva del fallo cortesano tumba más cabezas.

Con respecto a las posibilidades intervencionistas en las provincias, las Constituciones varían y generan escenarios distintos. En Formosa, la oposición, atormentada por la interna entre el comerciante hacendero Francisco Paoltroni y el ex Juez y actual diputado Fernando Carbajal, intentará replicar la táctica tucumano-sanjuanina. El problema es que la actual constitución formoseña, producto de una reforma constitucional de 2003, reconoce abiertamente la reelección indefinida en su artículo 132. La Corte debería avanzar en la nulidad de ese apartado constitucional si quiere intervenir en esta línea, lo que implicaría escalar a confines nunca vistos en términos jurisprudenciales. La argumentación de la diputada provincial Gabriela Neme, que señala problemas de quórum al momento de la alteración del texto constitucional, podría ser un camino más suave para impugnar la reelección indefinida. La acción de la Corte tendría, además, potenciales consecuencias en Catamarca y Santa Cruz, donde rige el mismo principio. La Rioja y San Luis tuvieron constituciones que habilitaban la reelección indefinida, pero ambas fueron reformadas en 2007, y desde ese momento se permiten sólo dos mandatos consecutivos. Pero en estas provincias el Zonda constitucional no altera equilibrios: Raúl Jalil en Catamarca, referente del ala más conservadora del peronismo catamarqueño y electo en 2019, renovaría recién su segundo mandato. Alicia Kirchner en Santa Cruz, gobernadora desde 2015 y con 76 años, lleva meses alejándose de la posibilidad de una nueva candidatura, abriendo surcos en la interna sucesoria de los intendentes: Javier Belloni (El Calafate), Pablo Grasso (Río Gallegos) y Fernando Cotillo (Caleta Olivia). El peligro en este caso surgiría de una eventual impugnación de la ley de lemas santacruceña. Pero tampoco el panorama es promisorio: en 2018 la Corte declaró la constitucionalidad de la ley de lemas frente a un pedido de invalidez presentado por uno de los candidatos de la oposición, Eduardo Costa. Y lo rechazó por unanimidad.

Los temblores y suplencias en San Juan y Tucumán plantean la cuestión de la creciente mutualización del peronismo en las provincias. Los modelos de gestión de la conducción partidaria exitosa en Córdoba y en Misiones bajo el rótulo del Frente Renovador; la dispersión destructiva en Jujuy, Chaco y Corrientes; la gestión colectiva, mancomunada y problemática, al estilo cooperativa, de varios liderazgos simultáneos al interior de los peronismos de San Juan, Tucumán, Santa Fe y Corrientes son todas señales de que la época de barones territoriales, conductores si no monolíticos, por lo menos bastante mayoritarios, parece ser una cuestión del pasado. El peronismo, una federación de partidos, ve federar el interior de cada una de sus federaciones para administrar la renovación de sus liderazgos con algo de control en una época de incertidumbre extrema. Familia disfuncional dependiendo de la geografía, elige pelearse en el comedor y no en la fila del supermercado. La fragmentación del modelo de liderazgo partidario que se observa a escala nacional no es una anomalía. Lo es la falta de mecanismos de coordinación para gestionarla, algo que sí se ve en la gran mayoría de los peronismos provinciales.

Mutualizar para contener la fragmentación. Abrazar la heterogeneidad para combatir fugas hacia (inevitables) nuevas ofertas electorales. Gestionar la incertidumbre aumentando los actores participantes en las decisiones, aún a costo de potenciar internas y visibilizar desajustes. Pegar los pedazos flojos para evitar que se vuelvan esquirlas de poder inmanejables o que se unan a otros jarrones.

Neuquinizate, neuquinizame.

Por Patricio G. Talavera / politólogo * Le Monde Diplomatique