Veinticuatro horas antes del plazo, la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernéndez de Kirchner y el Ministerio Público Fiscal presentaron sus respectivas apelaciones ante el Tribunal Oral Federal 2, que deberá remitirlas a la Cámara de Casación.
Cristina Kirchner insistió en su inocencia y pidió su absolución a través de un escrito de 395 páginas, firmado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el que calificó a la causa como un “caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa”.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola escribieron su argumentación en un recurso de 528 páginas. Allí, también con críticas al Tribunal, reclaman que se aplique la figura de asociación ilícita y se revoque las absoluciones a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro y el sobreseimiento de Carlos Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El pedido de CFK

Con respuestas políticas y jurídicas a los argumentos de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, la defensa de Cristina insistió sobre la existencia del Lawfare y habló de un proceso viciado, sin objetividad ni imparcialidad. Para los abogados de la vicepresidenta, en el juicio por el otorgamiento de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz se violaron la garantía del juez natural; el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal; el principio ne bis in ídem y el valor de la cosa juzgada; el derecho de defensa en juicio; el principio de inocencia; el principio de culpabilidad y el principio de legalidad sustantiva.

El eje de la apelación de CFK se centra, sobre todo, en la falta de prueba directa contra ella en las maniobras que el Tribunal consideró probadas. Los defensores critican en el escrito la utilización de “prueba indiciaria” para condenarla a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Y se quejaron por la introducción de pruebas al final del proceso: “Varias de las supuestas pruebas indiciarias a las que el tribunal les asignó una relevancia determinante para condenar a nuestra representada nunca fueron debatidas en el juicio”. Los abogados hacen referencia a los mensajes del celular de Julio López, en los que CFK no es mencionada en forma directa ni protagoniza ningún diálogo. Y el uso de los documentos de las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, “sobre las relaciones comerciales mantenidas con Lázaro Báez y/o sus empresas”, pese a que el propio Tribunal había dicho que no había conexidad entre ambos expedientes.

Pero, además, afirman que no se pudo probar la defraudación. Que los sobreprecios no se acreditaron con el peritaje oficial que el propio Tribunal denostó y que las obras por las que el Estado pagó sí se hicieron. Por el contrario, señalan que el abandono de algunas de ellas ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. “No se acreditó la existencia de obras certificadas no realizadas ni/o ejecutadas en forma deficiente (todo lo abonado se corresponde con obras efectivamente realizadas y ejecutadas adecuadamente)”.

Otros de los ejes argumentales de CFK fueron los siguientes:

• Que el decreto 54/2009 que modificó las condiciones para las licitaciones está vigente en la actualidad, “es una norma absolutamente legítima” y “no fue dictado para favorecer a Lázaro Báez ni a ningún contratista del Estado”
• Que todas las obras cuestionadas estaban en los presupuestos nacionales y que, juntos a las modificaciones presupuestarias, pasaron por el Congreso de la Nación.
• Que hay una enorme “distancia entre la Presidencia de la Nación y los procesos de adjudicación, ejecución, certificación y pago de las obras viales”
• Que se demostró que no fue real el “apagón informativo” sobre 17 obras.
• Que todas fueron aprobadas por el Congreso.
• Que el peritaje oficial no demostró sobreprecios y tuvo graves insolvencias reconocidas por los propios jueces, que improvisaron una suerte de pericia propia para justificar los supuestos sobreprecios

Luciani

Por su parte, Diego Luciani junto a Sergio Mola expresaron que “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”. El objetivo de los fiscales es conseguir que Casación aplique las penas de entre 10 y 12 años de prisión que reclamaron en sus alegatos contra Cristina y sus principales funcionarios.

Para eso, Luciani y Mola hablan del “acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”. Y consideraron que “los fundamentos de la sentencia (de primera instancia) expusieron, con el grado de certeza que requiere esta etapa, que, entre 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”. En ese sentido, resaltan que el juez Basso, en minoría, sí aplicó la figura de asociación ilícita y que “sinceramente no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del Tribunal” no siguió los mismos lineamientos.

Decomisos

La fiscalía busca rebatir en Casación, además, el monto fijado de la defraudación y, por lo tanto, de los decomisos. El argumento fue acompañado por duras críticas al Tribunal: “La contradicción es palmaria y absoluta, y fue ya exhibida por los Jueces –vale recordar– al momento de valorar las modificaciones de obra que tenían como finalidad la remediación de canteras. No es necesario realizar ningún esfuerzo intelectual para advertir que la decisión de descartar el monto derivado del perjuicio ocasionado por las modificaciones de obra, es totalmente arbitraria”.

Con el plazo aún vigente, el resto de las defensas de los condenados presentarán sus respectivos recursos en las próximas horas. Todo será remitido luego por el TOF a Casación, donde se abrirá un nuevo capítulo para la causa.

Ámbito Financiero