El ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti escribió e hizo pública una nota en la que afirmó que Obra Social del Poder Judicial no explicó ni subsanó las irregularidades detectadas por una auditoría sobre el período en el cual era supervisada por Juan Carlos Maqueda. Estos desmanejos de la obra social son parte de la acusación contra Maqueda en la Comisión de Juicio Político que, como informó El Destape, ya recibió documentación en la que el propio Maqueda reconoce que la supervisó durante 13 años.

Parece que el juicio político a la Corte en lugar de abroquelarlos hizo saltar públicamente lo que hasta antes del inicio de ese proceso solo se comentaba sotto voce en los pasillos de tribunales: las internas entre los cortesanos y en especial los carpetazos que se arrojan vinculados a los millonarios fondos de la Obra Social de los judiciales.

Lorenzetti tiene razones propias para apuntar a Maqueda. Por un lado, desligarse del desmanejo de la obra social que sucedió durante su presidencia en la Corte. La auditoría que ordenó la Corte es del período que va del 7 de abril de 2008 al 28 de septiembre de 2021, incluye las tres presidencias de Lorenzetti y la de Carlos Rosenkrantz, y, obviamente, todo el período de Maqueda como supervisor de la obra social, que comenzó en 2007 y al que renunció el 31 de agosto de 2021, justo antes del fin del período auditado.

Es cierto que Lorenzetti primero y luego Rosenkrantz delegaron en Maqueda la supervisión de la obra social, pero también que es la Corte en pleno la responsable final de lo que suceda allí. Es una cuestión de dirimir responsabilidades primarias y secundarias. Por otro lado, está la disputa de poder dentro de la Corte. Maqueda es, por edad y respaldo político, el cortesano más débil. Y si se cae desaparece la mayoría de tres que formaron en los últimos tiempos Horacio Rosatti, Rosenkranz y Maqueda. Lorenzetti así puede hacer valer mucho más su voto o bloquear temas, ya que se requieren tres votos coincidentes para emitir un fallo.

Hay un dato notable: Lorenzetti no solo escribió esta nota sino que la publicó en el Centro de Información Judicial (CIJ), el portal oficial de la Corte. Está dirigida a Mariano Althabe y Cora Borensztejn, presidente y vicepresidenta de la obra social.

¿De donde parte todo esto? El 7 de octubre de 2021, justo después de que Maqueda renunciara a continuar como supervisor de la obra social, la Corte ordenó una auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión. Esa auditoría arrojó “disfuncionalidades de diverso orden” y la Corte resolvió publicarla y pedirle un informe y una serie de medidas al Directorio de la prestación médica para los judiciales. Eso fue el 24 de agosto de 2022, ya en gestión Rosatti. A través de la Resolución 2095/2022 le ordenó además que hiciera un presupuesto anual, estados contables profesionales, que tuvieran un software de gestión, medidas de transparencia, procedimientos de actuación interna, un organigrama y un reglamento de contrataciones. Lo firmaron los 4 cortesanos.

Ahora, en la nota que hizo pública, Lorenzetti dice que todo lo que pidieron en esa resolución de 2022 no se cumplió. Para Lorenzetti los directivos de la Obra Social del Poder Judicial “dicen contestar la resolución 2095/2022” con “un informe (que) es irregular en muchos sentidos”.

Por un lado, esto revela que el informe apuntó a “una serie de incumplimientos en los que habría incurrido” Aldo Juan Tonon como director general de la Obra Social del Poder Judicial, hombre de Maqueda. La semana pasada la Corte le aceptó la renuncia a Tonon “condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite” y le recordó que tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial. Maqueda, bajo cuya órbita estaba Tonon, firmó la resolución junto a sus pares. Lorenzetti dice que “Tonon nunca informó a la Corte Suprema acerca de esos incumplimientos ni hemos sido notificados al respecto, hasta el momento de la auditoría ordenada por esta Corte”.

A continuación, Lorenzetti apuntó directo a Maqueda: “Tampoco ello es reflejado en la nota que enviara el Dr Maqueda el 31 de agosto de 2021, mediante la cual dejó de actuar en la supervisión de la Obra Social. Por el contrario, (Maqueda) señala que ‘estábamos con una Obra Social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones reducidas’... y señala varios logros importantes: las finanzas están saneadas, y se han incorporado prestadores, se eliminaron prácticas corruptas, etc.”.

Se refirió al mail que llegó a la Comisión de Juicio Político, tal como informó El Destape y en el que Maqueda reconoce que supervisó la Obra Social del Poder Judicial sin una resolución o acto administrativo que lo respalde. “Es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras. No es momento de un balance. Solo quiero recordar que estábamos con una Obra Social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con una solvencia que nos dan 34.000.000.000 de pesos y cuatro millones de dólares”, les escribió Maqueda ese 31 de agosto de 2021. A los pocos días, la Corte ordenó la auditoría, luego un informe sobre las irregularidades que mostró la auditoría y ahora esta nota de Lorenzetti dice que ese informe no contestó nada de lo que le preguntaron.

“Lo cierto -sigue Lorenzetti – es que, a partir de la auditoría, se tomaron nota de irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del directorio, por decisión de esta Corte”.

Lorenzetti señaló también que “en la auditoría, se relevan incumplimientos durante la gestión del Dr Althabe, que no han sido respondidos (…) Así mismo, no explica porqué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”. El ex presidente de la Corte dijo que la obra social de los judiciales no tiene presupuesto de 2022 ni de 2023 y que no se concretó ninguna licitación para tener un software de gestión.

Sostuvo directamente que el informe es nulo porque se presentó fuera de tiempo, sin la firma de todo el directorio de la obra social porque, de sus cinco miembros, hay dos que todavía no asumieron, que firmó el representante del gremio de judiciales “sin tener contrato al momento de firmar” y que “tampoco firmó el Dr Tonon ni hubo reunión de directorio ni acta que respalde ese informe”.

El Destape