Desde fines de 2022 se acentúan los señalamientos sobre problemas que persisten sin que se avizore una solución próxima, a pesar de la claridad con la que se los concibe. Es conocido, y familiar para los lectores de El Cohete, que el salario permanece con el bajo poder de compra con el que lo dejó el gobierno anterior, y que la inflación sigue su camino ascendente. También se conocen los efectos que producen las políticas adoptadas en acuerdo con el FMI, pero no quedan claros los resultados de una renegociación en caso de que se lleve adelante, ni parece que esto vaya a ser pronto. Por estos motivos, la gestión de la economía parece agotarse.

Con este trasfondo, la semana pasada transcurrieron hechos que están signados por lo poco novedoso. Las negociaciones sobre los salarios y el canje de bonos que el Ministerio de Economía realizó con el resto del sector público mostraron que la política económica continúa empeorando. Nos ocupamos aquí de examinar el significado de las ramificaciones de una crisis provocada por la prolongación de algo que no funciona.

Heavy metal

Recientemente se suscitó un desacuerdo en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se celebró el martes. Allí se acordó actualizar el SMVM a 80.342 pesos para abril. En junio se elevará a 87.987 pesos y en julio se realizará una nueva convocatoria. La propuesta fue acompañada por la CGT, pero no por las dos CTA. La CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, difundió una comunicación en la que considera que la elevación sancionada permite compensar parcialmente el retraso del SMVM con respecto al nivel de precios, pero no lo acerca a lo que se está perdiendo desde 2020.

El pensamiento que mantiene es que, más allá de los guarismos a los cuales efectivamente se llegue en una negociación, las decisiones que se tomen en torno a los salarios deberían tender a incrementarlos, y no a conservarlos en su nivel actual. En estas condiciones, a lo sumo se impide que sigan empeorando, y dadas las circunstancias, tampoco es algo que pueda asegurarse. En este sentido, ven que el resultado del Consejo estuvo por debajo de lo que consideran que se requiere en este momento.

El gobierno, sin embargo, permanece impasible ante estos hechos. El número que alcanzó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, del 6,6% de variación con respecto a enero, y la desaceleración del crecimiento (en realidad, la tendencia a la recesión), que comenzó a constatarse a partir de septiembre del año pasado, no parecen conmoverlo. A diferencia de otros momentos, ya no se emiten comentarios sobre lo que queda por hacer. Por el contrario, mientras el volumen de la música de fondo se elevaba al nivel del heavy metal de Iron Maiden (Six Six Six, The Number of the Beast), la Ministra de Trabajo Raquel Kismer volvió a insistir en que la suma fija es una mala solución para el problema de los salarios. También consideró que la marcha del Consejo del SMVM no merece ninguna reflexión, porque al igual que las paritarias, está funcionando muy bien.

Motivaciones preocupantes

La tozudez en torno a las demandas más inmediatas de los trabajadores estuvo espejada en la nueva decisión de Sergio Massa de acaparar desde el Ministerio de Economía los bonos de deuda nominados en dólares (nombrados mediante la sigla AL) en posesión del sector público, con la intención de utilizarlos para intervenir en el mercado del dólar financiero. Se trata del famoso contado con liquidación (CCL).

Esto llega en un contexto particular. Algo que se suele aducir en oposición a las solicitudes de una mejora en los ingresos de los trabajadores es que no están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo, porque si la economía incrementa su tasa de crecimiento faltarán dólares para realizar las importaciones requeridas por la necesidad que la economía argentina tiene de estos, que –se sostiene como parte de estos argumentos– excede al ámbito de los flujos comerciales.

La necesidad de dólares, dicen, forman parte del conjunto de motivos que llevan a acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los términos presentes. Una de las condiciones que el organismo incluyó en su renegociación más reciente con el gobierno argentino es que las reservas internacionales de las que dispone el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se utilicen para intervenir en los mercados en los que se opera de esta manera. Con lo cual, al utilizar estos títulos que antes estaban en manos de otros organismos del sector público, evitan vulnerar el acuerdo.

Las explicaciones que da el Ministerio de Economía sobre el origen de la decisión no ponen el énfasis en el efecto de que se opere en este mercado. A diferencia del dólar soja, orientado a impulsar la venta de divisas, ahora no se están recibiendo dólares que se puedan utilizar para que la economía argentina continúe desenvolviéndose. La urgencia por actuar de esta manera obedece, de acuerdo a Hacienda, a que el incremento del CCL en los últimos meses actuó sobre las expectativas al alza del dólar oficial, que explica en parte que el aumento del IPC haya alcanzado números muy altos en los últimos dos meses. Creen además que, retirando pesos al vender estos títulos, se reducirá la base monetaria y con esto se desacelerará el nivel de precios.

Son motivaciones preocupantes. Todavía desde el gobierno creen que la cantidad de dinero es la que determina los precios. No caen en la cuenta de que la base monetaria gravita alrededor de los costos y el nivel de actividad, por lo que el nivel de precios precede a la determinación de la cantidad de dinero, que se incrementa cuando los bancos crean depósitos que contemplan los cambios en los precios, y en la propia modificación de los gastos del Estado. Lo más curioso, sin embargo, es que se le dé tal grado de importancia al CCL. Al no estar relacionado con el pago de importaciones, no tiene ninguna relación con la inflación.

En cambio, si estos títulos se utilizan para intervenir en ese mercado, la consecuencia será incrementar la potencial adquisición de dólares del sector privado, pues en esto consiste venderles títulos en dólares desde el Estado. Equivale, en síntesis, a que crezca el volumen de deuda externa del sector público, dentro del mismo mecanismo perverso por el cual los dólares que se podrían haber utilizado para crecer, conservando cierto orden macroeconómico, o al menos para morigerar el problema con el FMI sin depender de sus desembolsos, terminaron destinándose a pagos de otras deudas que tenían un menor nivel de importancia dentro de las perspectivas económicas del país. Mientras tanto, la inflación seguirá sin acusar recibo de las “expectativas” que provoca el CCL –en caso de que se produzca una baja momentánea de la brecha con el tipo de cambio oficial– ni de que se absorbieron pesos mediante la venta de bonos de otra moneda de denominación.

Optimismo infundado

El director de El Cohete recordó en su columna de la semana pasada algunos tramos de la entrevista que le realizó a Massa en enero de este año, en los cuales el ministro consideró que el acuerdo con el FMI no tiene un sesgo inflacionario y que se disponen de mejores herramientas para controlar los precios que en situaciones anteriores, cuando la Secretaría de Comercio estaba encabezada por los predecesores de Matías Tombolini, quien la conduce actualmente. El ministro de Economía lucía confiado en su capacidad de reducir la inflación y en que la economía argentina seguiría creciendo. También estuvo presente la idea de que la elevación de los ingresos de dólares que provendrá de Vaca Muerta aliviaría los problemas con las reservas internacionales.

En esa nota observó que la mayor parte de lo dicho por Massa ya no se sostiene. En la presente nos parece que esto es cierto por razones empíricas, pero tampoco se sostenía en ese momento –del cual solamente pasaron dos meses– por razones teóricas. Al margen de que existían indicios de que el IPC iba repuntar luego de su descenso en noviembre del año pasado, el gobierno nunca se ocupó de atenuar los factores que influyen sobre los precios. Es significativo que se le atribuya a la Secretaría de Comercio una tarea que le corresponde al Ministerio de Economía, cuando en definitiva esta solamente puede lidiar con las consecuencias de lo hecho al respecto.

Cabe señalar que todas las medidas tomadas hasta ahora sobre el sector externo tuvieron el sentido de buscar dólares para poder hacer frente a algo que se ve como un escenario de inestabilidad constante. Y aunque la tensión con el mercado cambiario se observa, en realidad, no es la principal insuficiencia que muestra la política económica. Lo que tiene sentido criticar es que no se estén generando condiciones para que se sostenga el crecimiento y se alcancen los objetivos propuestos por el Frente de Todos relacionados con la mejora de los ingresos de la población.

La semana pasada, algunos dirigentes de importancia respaldaron a Massa, pese al empeoramiento de la economía y a una conducta rígida para hacerle frente a demandas de los asalariados, a la vez que errática para ocuparse de la estabilidad macroeconómica, de la que tampoco queda claro qué beneficio reporta al país si no sirve a la prosperidad de la mayor parte de la población. En síntesis, la actuación sobre la economía tiende a ahondar las dificultades que se atraviesan.

Por Guido Aschieri * El Cohete