Hubo por lo menos dos Albertos ayer en el Congreso. Quizás alguno más.

Uno sorpresivamente enardecido, con el bigote y la boca ladeados, apuntando con el dedo a los jueces de la Corte Suprema. A unos pocos metros, duros como un par de maniquís, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti miraban fijo al vacío. Ni siquiera se los vio hablar entre ellos mientras escuchaban las acusaciones en su contra: de entrometerse en la ejecución presupuestaria del Ejecutivo, de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura y de formar parte de una red de connivencia entre funcionarios judiciales, ex agentes de inteligencia, empresarios y políticos de la oposición. Aunque intentó mantenerse inexpresiva, a Cristina se le dibujó en la cara una sincera sonrisa de satisfacción. Alberto sólo frenó para contestar a los bufidos de Fernando Iglesias, que le gritaba desde su banca:

—Es un honor que me insulte, diputado Iglesias —le dijo, quizás intentando contener al Alberto Fernández twittero de antaño, que le hubiera contestado más picante y con menos decoro.

Una hora antes, en el mismo discurso, otro Alberto se había defendido, mucho más tranquilo y apagado, de los que criticaban “una y otra vez” su moderación.

—Con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y ponerle frenos a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional —dijo el presidente.

Y enumeró varias más: “Fui yo quien puso de pie un sistema de salud que había sido abandonado”; “Fui por el mundo con mi moderación buscando las vacunas”; “Y fui yo con mi moderación el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, al lado de Evo Morales cuando un golpe le arrancó el poder y el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente”. 

Antes y después de esos dos momentos, el presidente leyó un discurso de dos horas en el que intentó impostar tranquilidad. Leyó rapidísimo, más de una vez se le atropellaron las palabras, y se permitió perder un rato los estribos, hasta que después se acomodó:

—Acallemos el bullicio, ya todos gritamos.

El presidente habló de lo que hizo y de lo que pretende hacer, en un año que estará más marcado por la campaña que por la gestión. Y en el que la atención estará menos puesta en el Congreso que en la lucha por los cargos y la reconfiguración del mapa político en Argentina. 

Es que a partir de abril y hasta noviembre -si hay balotaje-, en Argentina habrá elecciones todos los meses. Aunque hay algunos casilleros del calendario que falta confirmar, serán 32 elecciones en 14 domingos. 

Algunos meses no van a dar descanso.

Por ejemplo: septiembre. El 10 se elegirá gobernador en Santa Fe, el 17 en Chaco y el 24 en Mendoza y Entre Ríos. En mayo habrá ocho elecciones provinciales concentradas en los domingos 7 y 14. 

Hay provincias donde se va a votar hasta cinco veces. Mendoza, por ejemplo: PASO provinciales en junio, PASO nacionales en agosto, generales provinciales en septiembre, generales nacionales en octubre y el casi seguro balotaje en noviembre. El mismo camino intenso –con algunas fechas diferentes– recorrerán Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Otras 19 jurisdicciones tendrán sus elecciones provinciales sin PASO, en principio solo 5 de ellas –CABA, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut– en las mismas fechas que las presidenciales.

Santiago del Estero, desde donde escribo, será la única provincia que no elegirá gobernador. Solo iremos a las urnas dos o tres veces, para los comicios nacionales.

Sebastián Mauro, que integra la Red de Estudios en Política Subnacional Argentina, explica que la fragmentación territorial es uno de los dos ejes que se acentúan desde 2019  y van a marcar las elecciones este año. Los gobernadores, con sus propias agendas y disputas locales, organizan sus calendarios para despegarse de la elección nacional y no ser arrastrados por la pelea entre los dos grandes bloques de poder a nivel nacional, que no siempre –casi nunca– se expresan con las mismas características en las provincias. 

El otro es la polarización asimétrica. Que no es la polarización a secas. El adjetivo explica un polo del sector conservador de derecha que se endurece –decir que se radicaliza nos mete en problemas con la todavía desorientada posición de la UCR– mientras que el otro, que aglutina distintas vertientes del progresismo nacional-popular, se corre hacia el centro. Podríamos decir: se arrastra hacia el centro. Agregar: se entibia.

La politóloga Julieta Suárez Cao habla de polarización asimétrica para explicar los casos de Chile y Estados Unidos. Mientras la derecha extrema se fortalece y consolida –Kast, Trump– no hay una extrema izquierda que coseche votos: del otro lado lo que aparece es un progresismo moderado. Es el contexto en el que hace rato revolotea en el debate público la tesis de la derechización de la sociedad. Hay quienes advierten que esta idea esconde, de fondo, una gran crisis política. Horacio Tarcus habla de la ausencia de un proyecto hegemónico de la izquierda. En el peronismo, podríamos decir aquí, no parecen terminarse de alcanzar los consensos para avanzar en transformaciones más profundas.

Para entender estas posiciones, y pensando que el acontecimiento de hoy es el período de sesiones del Congreso, también sirve revisar rápidamente cómo se legisló en los distintos períodos de gobierno de los sectores que están en pugna.

Hay leyes emblemáticas de los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, en materia de derechos humanos -nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Matrimonio Igualitario, Asignación Universal por Hijo–, educación –Financiamiento Educativo, ESI– y otras que tocaron intereses clave del poder económico como la Ley de Soberanía Hidrocarburífera o la vapuleada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Durante el período de Juntos Por el Cambio, frente a un Congreso con el oficialismo en minoría en ambas cámaras, se gobernó a fuerza de decretos y vetos de Mauricio Macri, que son los que marcaron el sello del período: el pago a los fondos buitre, la derogación parcial de la LSCA, el inicio del achique gradual del Estado, el intento de designación de Rosatti y Rosenkrantz a la Corte Suprema.

Ahora: ¿cuáles son las leyes emblemáticas que se sancionaron durante estos tres años de gobierno del Frente de Todos? Está difícil. Un gobierno que empezó su gestión embanderado en la –ya casi olvidada– lucha contra el hambre y que se encontró de repente frente la crisis global que desató la pandemia, deja a esta altura algunas marcas sin tanta definición. 

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se logró por la lucha histórica del movimiento feminista, no podría atribuirse como un triunfo propio del gobierno. Hubo sí, otros avances importantes en materia de salud –las leyes de HIV, de cannabis medicinal y de etiquetado frontal– y de ampliación de derechos, como el cupo laboral travesti-trans o, anoche, la moratoria previsional que permitirá que 800 mil adultos mayores accedan a la jubilación. La más jugada fue, quizás, la Ley del impuesto a las grandes fortunas para poder sortear la pandemia, pero que también sirvió para financiar proyectos de infraestructura, educación y desarrollo social . 

Lo cierto es que para este período es difícil encontrar una impronta clara. 

En su discurso, el presidente marcó algunas iniciativas de fondo que aún están pendientes, como la reforma de la justicia -el que defendió hoy a los gritos y con el puño cerrado- o la ley de humedales, que siguen esperando un mejor contexto para avanzar, que no parece ser este. 

El año que queda por delante, con sus 32 elecciones, tendrá la energía de la clase política y de la militancia menos concentrada en la gestión que en la contienda por las posiciones de poder.

Sin embargo, Alberto puso sobre la mesa algunos proyectos nuevos que quizás puedan entrar en agenda: la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que buscará llevar los fondos destinados a la materia del actual 6% al 8% del PBI en diez años; un programa de formación en oficios relacionados con la construcción orientado para mujeres y diversidades; y la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales.

—Hace cuarenta años nuestra utopía fue la democracia. —dijo el presidente al final de su discurso —Les propongo que nuestra utopía sea hoy la igualdad. 

Quizás allí pueda estar la impronta que estamos tratando de advertir. Entre otras cosas, resta ver cuál de los Albertos se pone al hombro esa utopía y, si ahora, en el inicio de su cuarto año de gobierno, aún está a tiempo de darle continuidad.

Por Ernesto Picco. * Anfibia