Los actos políticos de militantes peronistas se resumían a una concentración exprés de un pequeño grupo en una esquina. El orador se paraba sobre un cajón de madera, mientras algunos vigilaban que no apareciera la policía. Cuando las fuerzas de orden se aproximaban, la desbandada era general. Eran los mismos que, en secreto, mantenían pequeños altares con estampitas de Eva Perón, que vivaban solo entre íntimos y amigos fieles a Perón, y los más osados entonaban la marchita, no sin antes mirar a los cuatro costados.

A partir del Decreto 4161, del gobierno de facto que derrocó a Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, se prohibía exhibir los símbolos partidarios peronistas y sólo se podía hacer referencia al ex Presidente como “el tirano depuesto”.

Alejado del gobierno provisional el general Eduardo Lonardi, proclive a una conciliación y partidario del “sin vencedores ni vencidos”, la nueva dupla conformada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, imprimió a la gestión una marcada radicalización hacia el peronismo, y se siguió la posición de la Marina, partidaria de una “desperonización” del país.

Desde 1946, cuando Perón asumió la presidencia, el país vivió un creciente proceso de glorificiación de su figura. Desde nombrarlo como “el primer trabajador” hasta convertir la fecha partidaria del 17 de octubre es celebraciones oficiales de Estado, todo remitía a él y a su esposa. Edificios públicos, barcos, escuelas, libros de lectura, y hasta las campanas para llamar al recreo, todo llevaba el nombre de Perón o el de Eva, también presentes en calles, provincias y certámenes deportivos.

La mayoría de los medios de comunicación, en poder del Estado, se habían convertido en máquinas de propaganda peronista, donde se repetía hasta el cansancio el slogan “Perón cumple, Evita dignifica”. La oposición -que había sufrido en carne propia los embates en un Congreso cada vez más hegemónico- recién tendría acceso a la radio en los últimos meses del gobierno.

La intolerancia de ambas partes no tuvo límites. A los atentados con bombas en el acto de Plaza de Mayo de 1953 lo siguió la quema de la Casa del Pueblo, del Jockey Club y de la Casa Radical; el demencial bombardeo de la plaza en junio de 1955, que provocó cientos de víctimas inocentes fue seguida por la quema de iglesias.

Lo que vino después no achicó la grieta, sino que la profundizó.

El 24 de noviembre de 1955 se conoció el Decreto 3855 que establecía la disolución del Partido Peronista Masculino y Femenino. El 5 de marzo de 1956 el Decreto Ley 4161 prohibía “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista (…) imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”.

Quedaban prohibidas las fotografías y esculturas de funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto y el de sus parientes. En el mismo sentido, no se podía pronunciar las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el “régimen depuesto”. Por supuesto no se podía cantar “Los Muchachos Peronistas” y “Evita Capitana”, aun fragmentos, y tampoco se podían reproducir discursos de Perón y Evita. El Estado se encargaría de hacer caducar las marcas que se hubieran registrado relacionadas a este partido político.

El periodismo también recibió instrucciones. Tenía tres opciones a la hora de nombrar a Perón: “ex presidente”, “tirano prófugo” o “dictador depuesto”.

Los militares eran conscientes del poder de Evita, aún muerta. Esa “extraña mujer, que carecía de instrucción, pero no de intuición política; vehemente, manipuladora; fierecilla indomable, agresiva, espontánea, tal vez poco femenina…” eran algunos de los calificativos que la Revolución Libertadora usaba para referirse a la esposa de Perón.

Cientos de lugares públicos en todo el país que llevaban los nombres del ex Presidente o de su esposa, fueron rebautizados. La estación Perón pasó a llamarse Retiro, Ciudad Evita se la denominó Ciudad General Belgrano; la provincia de La Pampa abandonó la denominación de Eva Perón y lo mismo ocurrió con el Chaco, llamado como el ex Presidente. Escuelas, hospitales, caminos, puentes, barcos y asociaciones intermedias corrieron la misma suerte.

El Palacio Unzué, una joya arquitectónica construida entre 1883 y 1887 por Mariano Unzué, que durante el peronismo funcionó como residencia presidencial, fue demolido en 1958 para que dejase de ser un lugar de peregrinación, ya que en sus habitaciones del primer piso había fallecido Evita. En ese predio se levantó la Biblioteca Nacional.

En los textos escolares se suprimieron las referencias a la pareja presidencial y a la sede de la Fundación Eva Perón, de avenida Paseo Colón al 800, se le quitaron las estatuas evocativas y el edificio fue cedido a la Facultad de Ingeniería de la UBA.

El sacudón barrió en todos los niveles, tanto políticos, culturales, artísticos y periodísticos. Actores, actrices y cantantes que habían hecho carrera durante el gobierno peronista –el de Hugo del Carril fue un caso emblemático- cayeron en desgracia. También sufrieron persecución Cátulo Castillo, Rodolfo Sciammarella y Antonio Tormo, quien soportó la destrucción de las matrices de muchos de sus discos.

Del otro lado, aquellos que debieron dejar el país entre 1946 y 1955, como Libertad Lamarque o Nini Marshall y tantos otros a los que el aparato estatal había vedado el acceso a participar de películas u obras de teatro, retornaron.

El valiente que se atreviese a violar dicha disposición se arriesgaba a ser condenado de 30 días a 6 años de prisión y a una multa que iba de los 500 pesos al millón moneda nacional. Y si el infractor fuera dueño de un comercio, una clausura de 15 días o para siempre en caso de reincidencia.

A través del Decreto 4258 se estableció la inhabilitación para ocupar cargos públicos o políticos a las autoridades del Partido Peronista.

En 1958, el gobierno de facto editó el “Libro negro de la segunda tiranía”, en el que publicó las sentencias contra Perón y ex funcionarios de su gobierno, en distintas causas.

La persecución alcanzó todos los ámbitos. En febrero de ese año, el club Racing expulsó como socios honorarios a Perón, Juan Atilio Bramuglia, ex ministro de Relaciones Exteriores, y Ramón Antonio Cereijo, ex titular de Hacienda. El entonces mandatario había dado el 3 de septiembre de 1950 el puntapié inicial en el partido de inauguración del estadio que se había bautizado como “Presidente Perón”. Nada se salvó.

Hasta fueron a confrontarlo a Raimundo Streiff, un músico que había compuesto la marcha del Barracas Juniors, un club de barrio y que en 1949 fue apropiada por la propaganda peronista, modificándole parte de su letra, transformándola en la famosa “Los muchachos peronistas”.

El gobierno de Arturo Frondizi derogó el decreto a través de la ley 14.444, del 1 de julio de 1958, a dos meses de haber asumido la presidencia. Derrocado el 29 de marzo de 1962 los militares que lo desalojaron del poder -si bien habían coincidido en que se debía poner a un civil- el general Raúl Poggi tenía otra idea. Sin embargo, la rápida acción de Julio Oyhanarte, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de Rodolfo Martínez, ministro de Defensa de Frondizi, el brigadier general Cayo Alsina, jefe de la Fuerza Aérea y el propio ex mandatario, primerearon las ambiciones del Ejército y la Marina, proclives a imponer una junta militar.

De esta forma José María Guido –senador por Río Negro y presidente provisional del Senado- que continuaba en la sucesión presidencial, ya que el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado el 18 de noviembre de 1958, fue el indicado para ser Presidente.

Luego de renunciar a la Unión Cívica Radical Intransigente, Guido juró ante la Corte Suprema de Justicia. Fue una corta gestión que estuvo monitoreada por el poder militar.

Guido, un abogado recibido en La Plata, había nacido el 29 de agosto de 1910 en la ciudad de Buenos Aires. Simpatizante de Forja, se había radicado en Viedma. Su militancia radical lo había encontrado en 1955 como una autoridad partidaria, más inclinado hacia Arturo Frondizi. Cuando el partido se dividió en 1956, este dirigente que sus pares describieron como inteligente y valiente, optó por la Unión Cívica Radical Intransigente.

Luego de dos meses de trabajo, el presidente Guido anunció un nuevo Estatuto de los Partidos Políticos, y aclaró que el mismo prohibiría las actividades y los partidos o agrupaciones que apoyaran a dictaduras pasadas o presentes y que bloquearía el desvío de fondos sindicales para las actividades de los partidos políticos.

El Estatuto se demoró porque el responsable del proyecto, el ministro del Interior Jorge Perkins renunció por desinteligencias con el congreso y en protesta por detenciones que hacía la SIDE sin su conocimiento. El que terminó el trabajo fue Carlos Adrogué, su reemplazante.

Por presiones de sectores militares, especialmente de la Marina, el 14 de febrero de 1963, a través de la ley 7165/62, volvía a poner en vigencia el Decreto 4161 de fines de 1955. Un mes antes el gobierno había anunciado la convocatoria a elecciones generales, a celebrarse el 23 de junio de 1963, que terminarían haciéndose el 7 de julio.

Apareció la Unión Popular, un nucleamiento conformado por la UCRI y el Partido Conservador Popular, que atraería a los votos peronistas. Pero lo terminarían prohibiendo, como la candidatura del peronista Raúl Matera, que iba como candidato del Partido Demócrata Cristiano.

Perón, desde su exilio madrileño, ordenó votar en blanco y el radical Arturo Illia fue ungido presidente en el Colegio Electoral.

La norma de prohibir toda mención al peronismo y sus actores fue derogada el 18 de noviembre de 1964 durante el gobierno del médico de Cruz del Eje, alguien que sufrió en carne propia la intolerancia y una cerrada oposición, pero que era consciente del valor de la democracia y de pensar en libertad.

Infobae