Cuando Mauricio Macri volvió a hundir a Argentina en el Fondo Monetario Internacional tras más de una década de autonomía de la tutela financiera neoliberal, lo hizo violando la ley. Evitó cumplir con los trámites previos que deben acatar los funcionarios públicos y la “mafia judicial”, como acuñó recientemente Cristina Kirchner, lo protegió al ex presidente y dilató la investigación innecesariamente.

El acuerdo por US$ 44.000 millones con el Fondo generó un grave perjuicio en la sociedad que implicará una dependencia que persistirá durante años. La Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) llevó adelante acciones judiciales con las que demostraron que el Gobierno había salteado todas las obligaciones legales para firmar el préstamo con el FMI.

A través de las causas “Murúa” y “Coddiani”, comprobaron severas irregularidades en el mayor crédito en la historia argentina, lo que ha sido cubierto por El Destape desde el comienzo. En primer lugar, el expediente a través del cual se debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018. Esto fue nueve días después de la carta de intención donde se acuerda la deuda.

En segundo término, el Gobierno no emitió dictamen jurídico previo a la firma de la carta con Christine Lagarde. Sin expediente ni dictamen jurídico no hay actuación válida, de acuerdo a la propia ley nacional de procedimiento administrativo.

Uno de los puntos claves de este argumento radica en que el Banco Central no cumplió con su obligación de emitir un dictamen técnico sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin este estudio del BCRA, toda deuda externa es nula, según la ley de administración financiera.

Tampoco se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, como un decreto presidencial o resoluciones de Hacienda o el BCRA. Por lo tanto, ni los ministros ni presidentes del Central contaban con competencia para firmar por su cuenta sin autorización de Mauricio Macri, de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional.

Por último, los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula.

Cuando el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas acudió con el patrocinio de la CAIP al fuero Contencioso Administrativo para exigirle al Gobierno la documentación del préstamo con el Fondo recibió un rechazo in limine. Dicha tajante negativa que incluso contrarió la recomendación de la Fiscalía fue firmada en 2020 por el juez Pablo Cayssials.

“El rechazo in limine de la causa es violatoria de nuestro derecho de acceso a la justicia y de producir la prueba ofrecida para demostrar la grave afectación que sufrió el sector de micro, pequeñas y medianas empresas con motivo de las políticas económicas condicionadas por el crédito contraído con el FMI en junio de 2018”, manifestaron los abogados del MNER. “Lo hizo de manera contradictoria, dogmática y desoyendo el dictamen fiscal que había aconsejado dar trámite al proceso”, apuntaron.

El magistrado que protegió a Macri para que no queden expuestas estas ilegalidades integró el vuelo a Lago Escondido junto al ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, un asesor de comunicación y un ex agente de la AFI. Todo en un avión privado a cargo del Grupo Clarín.

El fallo de primera instancia de Cayssials demoró dos años un proceso que sólo buscaba el acceso a información esencial para la ciudadanía argentina, que ahora debe devolver un crédito que utilizó Macri para financiar la fuga de capitales más grande de la historia del país. Tras el recurso de queja presentado por la coordinadora, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución del juez. Esto fue ratificado este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ezequiel Orlando * El Destape