El lawfare es un fenómeno eminentemente político. Es expresión de los debates y luchas que nutren nuestro imaginario democrático y sus límites, a la vez que renuevan las formas y contenidos políticos que estructuran nuestra vida en común. Resultó ser una forma estilizada y algo naif de sostener el estatus político del lawfare. El bochornoso desarrollo del juicio de vialidad, el tratamiento opaco en la investigación por el intento de asesinato de Cristina Kirchner y, ahora, los audios y chats filtrados de jueces, empresarios, ex agentes de inteligencia, directivos de medios y funcionarios políticos nos llevan a recalibrar el carácter político del lawfare. El problema es político porque lo que se denuncia es una conspiración pergeñada desde lo que Cristina considera “la cúspide del poder”: “El partido judicial me quiere presa o muerta”.

Las conspiraciones no tienen un principio de inteligibilidad en sí mismas. No se conspira por conspirar. Se conspira con un objetivo. No es posible identificar con claridad la forma y los fines de una conspiración porque se mantienen ocultos. Incluso en los casos en los que queda expuesta, no se disipa totalmente la sospecha de que faltó descubrir algo o a alguien. Cristina formula una teoría y le pone nombre a la conspiración: “partido judicial”. Esta forma vino a reemplazar al partido militar y las dictaduras tras el fin de la Guerra Fría. Además, le atribuye tres objetivos fundamentales: controlar la voluntad popular, proteger a los conspiradores y disciplinar a los dirigentes políticos. Creer en teorías conspirativas es peligroso, pero descreer de ellas también lo es.

La conjura de Lago Escondido

“Para confabular no hace falta ir hasta allá, si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires”. La reflexión del CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, vertida en los chats filtrados hace unos días parece razonable, incluso si se tiene en cuenta que el insert de Rendo tiene el objetivo de aportar a la construcción de una fábula sobre lo ocurrido. El lugar no es importante, lo relevante es la confabulación. Es difícil imaginar un mejor lugar para una “confabulación” que Lago Escondido. Parece una elección literaria, pero es realidad. Lo interesante es que el gerente del Grupo Clarín nos ofrece otra palabra para nombrar eso que Cristina Kirchner llama lawfare, Rendo habla de “confabulación”. Así se aclara lo que el anglicismo oscurece: la dimensión conspirativa del asunto.

En octubre los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser hicieron público lo que llamaron un “cónclave político judicial secreto” en la estancia del billonario británico Jon Lewis. Cónclave parece una palabra demasiado solemne, tal vez sea mejor hablar de bacanal, esas reuniones secretas que fueron prohibidas por el Senado Romano por ser lugares en los que se planeaban conspiraciones en contra de la república.

Según los periodistas el objetivo de la reunión secreta que se extendió por algunos días era “garantizar que Mauricio Macri siga impune en los expedientes en los que está imputado y que se mantenga el hostigamiento judicial contra Cristina Kirchner”. En línea con algunos de los postulados de Cristina. Pero más allá de las especulaciones los fines no se hicieron públicos. Los conspiradores pueden resistir la tendencia a que la información se difumine y sus identidades y planes queden expuestos, incluso una vez que un hecho se hace público. Los hechos no son completamente transparentes. La masa de causalidad faltante es clave. Unir personas con hechos no resulta sencillo, porque la información que devela la existencia de una conspiración siempre es fragmentaria y difícil de integrar en conocimiento sobre lo que ocurre. Por eso es importante la teoría.

Si bien algunos de los participantes negaron el viaje y el encuentro -aún habiéndose hecho pública la declaración de vuelo-, los chats y audios del grupo de Telegram creado ad hoc para el encubrimiento del encuentro no dejan dudas. El exceso de confianza que traslucen los intercambios entre los integrantes del grupo que planifican el encubrimiento -que no escatiman en la comisión de delitos- parece ser la fuente de su desinteligencia. Los audios dejan expuesta la tremenda promiscuidad con la que se relacionan los representantes del Grupo Clarín –Jorge Rendo y Pablo Casey- con los funcionarios públicos

Los interrogantes se amontonan y las conjeturas también. Una muy inquietante para los conspiradores es: ¿quién filtró la información? Las lealtades parecen débiles y los amigos pueden ser enemigos. También hay una sola certeza, la conjura no se resuelve con una investigación penal. El problema es político        

El complot de “los copitos”

La hipótesis del “pistolero solitario” comenzó a perder fuerza los días posteriores al intento de asesinato de Cristina, cuando se empezó a hablar públicamente de la “banda de los copitos”. A tres meses de uno de los hechos de mayor gravedad institucional desde el retorno de la democracia, la investigación penal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti no solo ha esclarecido nada, sino que aumentó la carga de sospecha sobre lo ocurrido.  

La investigación comenzó con la pérdida de información del celular del acusado. La jueza demoró la detención de la novia del acusado y otros cómplices directos (y les dio plazo para la maquinación) y rechazó el pedido del juez Martinez de Georgi para unificar las causas en las que se investiga a la agrupación Revolución Federal por amenazas e instigación a la violencia contra Cristina Kirchner y otros funcionarios oficialistas. No obstante, lo que más parece preocupar a la vicepresidenta son los presuntos vínculos entre los acusados por el intento de asesinato y políticos de la oposición.  

En dos videos publicados en Twitter presentó los indicios principales sobre posibles vínculos políticos no investigados que la llevaron a presentar un pedido de recusación de la jueza Capuchetti. La aparición de un testigo que escuchó al diputado nacional por el PRO Gerardo Milman dos días antes del atentado, en un bar frente al Congreso, decirle a dos asesoras: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”. A pesar de que se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo respecto a quienes estaban, la fecha, el lugar, el viaje a la costa -y que las asesoras declararon bajo juramento no haber estado en el bar; es decir, mintieron-, la jueza no tomó ninguna medida para seguir investigando. 

Indicios, sospechas. Trece días antes del atentado Milman había presentado un proyecto de declaración: “No vaya a ser que un iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina”. Más indicios, más sospechas. Se suma también un pedido de informe del propio Milman, un día antes del atentado, sobre la custodia de la vicepresidenta. Más indicios, más sospechas. 

La jueza también rechazó los pedidos de la querella sobre el allanamiento y secuestro del celular de Hernan Carrol, miembro de un grupo de ultraderecha relacionado también a Gerardo Milman, al que Sabag Montiel, quien empuñó el arma, indicó que se haría cargo de su situación judicial. Cuando la jueza lo citó a declarar este había borrado todo el contenido de su celular.

Capuchetti, primero y luego por la Cámara rechazaron el pedido de recusación. Cristina está convencida, como sostuvo en su alegato defensivo en el juicio de Vialidad, que los cuatro detenidos por el intento de magnicidio “no son los actores intelectuales”. La conspiración para su asesinato rebasa los esfuerzos coordinados de cuatro “iluminados”, sus ramificaciones se extienden al corazón del Estado mismo.      

El pelotón del Liverpool

“La sentencia ya está escrita”. La percepción de Cristina no sólo fue razonable, sino que fue cierta. El pelotón había dado a conocer su munición días antes cuando a través de los medios se hizo pública la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El disparo estuvo a cargo de Jorge Gorini, secundado por los otros integrantes del Tribunal, Andrés Basso y Giménez Uriburu. Los tres, con gesto maquinal, empuñaban un arma que no había sido cargada por ellos. El delito por el que se la condenó fue el de administración fraudulenta contra la administración pública. ¿Y las pruebas?  No hay pruebas. Durante las audiencias los propios testigos citados por los fiscales habían demolido la acusación. En este juicio no hubo prueba que doble la convicción de los jueces.

El Derecho y sus reglas son el gran convidado de piedra en este drama. El fallo parece un punto de inflexión, sumerge las instituciones jurídicas en un pozo profundo y oscuro. Si bien la condena no está firme y quedan instancias de apelación, depositar las esperanzas allí es querer salir del pozo escarbando hacia abajo. Cristina lo sabe. El Estado en las sombras lo gobiernan ellos y su visibilización pública no parece despertar el sentido trágico que tiene esta historia. Marechal era de la idea de que de los laberintos se sale por arriba. La parte de la política que cree en el Estado de Derecho, en la república y la democracia, no como algo declamativo, sino como una convicción profunda y real, tienen la difícil tarea de elevar a la patria por encima de sus miserias.

Por Germán Gallino * Anfibia