La inflación, un Leviatán moderno para las economías occidentales, preocupa nuevamente. La pandemia de Covid-19 y luego la guerra en Ucrania provocaron un aumento de los precios que parece haber eliminado las demás preocupaciones de los banqueros centrales. Helos aquí que planean sumergir la economía mundial en una recesión a fin de contenerla. Así, el 21 de septiembre de 2022, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal estadounidense Jerome Powell proclamaba: “Necesitamos un aumento del desempleo para luchar contra la inflación”.

Ante esta “plaga”, el Estado francés adopta dos actitudes diametralmente opuestas para dos tipos de población. Del lado de los asalariados, el gobierno excluye introducir mecanismos de reajuste automático. “No somos una economía administrada, ¡no es el Estado quien decide los salarios!”, justificó el presidente Emmanuel Macron (France 2, 26 de octubre de 2022). Además de que una indexación de las remuneraciones equivaldría, según él, a poner la economía bajo control político, provocaría nuevos aumentos de precios, imponiendo a su vez una revalorización de los salarios: una “espiral inflacionaria sin fin en la cual responsablemente rechazamos entrar, ya que perderíamos en todos los indicadores”, explica el ministro de Economía Bruno Le Maire.

Sin embargo, el Estado administra regularmente el nivel de ingresos de los inversores. Mientras que uno de los más importantes economistas del siglo XX, el británico John Maynard Keynes, estimaba que el aumento de los precios brindaba un medio eficaz para “eutanasiar a los rentistas” –actores económicos cuyo rol parasitario denunciaba– y borrar el costo real de la deuda por la inflación, el Tesoro francés les propone el equivalente financiero del baño de la eterna juventud: las obligaciones asimilables indexadas por inflación francesa (OATI) o europea (OAT€I), productos que los inmunizan contra cualquier depreciación de sus inversiones relacionada con el aumento de los precios. Estos títulos representan cerca de un décimo del conjunto de las emisiones del Tesoro francés, un cuarto de la totalidad de emisiones en el Reino Unido (22%), 8% en Estados Unidos y menos del 5% en Alemania. Bercy anticipa que en 2022 estas OATI tendrán un costo adicional de 15.000 millones de euros para el Estado francés, debido a las constantes variaciones de los precios. 

Es raro que dos razonamientos opuestos puedan explicarse con los mismos argumentos. La amenaza de un bucle precios-salarios –la famosa “espiral inflacionaria”– que marca el ritmo de los discursos oficiales cuando se trata de indexación de los ingresos del trabajo, desaparece cuando se habla de la remuneración del capital por medio de las OATI. Y la indexación que supuestamente debería atizar el alza de los precios en el primer caso concreto es reclutada en la lucha contra el incendio en el segundo… ¿Cómo explicar que se trastoquen a ese punto los principios básicos de la lógica desde las más altas esferas del Estado?

La escala móvil de los salarios –que consiste en aumentar los salarios en función del aumento de los precios– fue introducida en Francia por una ley de 1950, seguida de otro texto en julio de 1952 que imponía la revalorización automática del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) si el índice de los precios superaba el 5%. Producto del paisaje político de la posguerra, la mecánica de la indexación supone un cálculo del índice de precios independiente del poder político y de las fuerzas sociales efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE), organización creada en la misma época. Treinta años después, el gobierno de Pierre Mauroy suprime la indexación, conforme con el deseo del entonces ministro de Economía y Finanzas, Jacques Delors. En el marco del “giro del rigor” del presidente François Mitterrand, la medida deja a los trabajadores desprotegidos frente a la inflación, que en ese entonces supera el 11%. Ese trompo ideológico se acompaña de la aceleración del financiamiento del Estado por parte de los mercados (y ya no por los circuitos públicos de posguerra, criticados por su “dirigismo”). Así, la nueva severidad respecto de los asalariados se acompaña de esfuerzos que buscan ganarse a los inversores, de los que se espera que compren títulos de la deuda. Esta diferencia entre dos categorías de población igualmente golpeadas por la inflación se convierte en una constante de las políticas públicas, tanto en Francia como en otros países.

Sin embargo, si las obligaciones indexadas sobre la inflación ahora son activos banales para los mercados de capitales, su introducción desencadenó, tanto en París como en Londres, una guerra de palacio. En el Reino Unido, por ejemplo, las primeras emisiones de esos títulos, que pronto serán apodados linkers, tuvieron lugar a inicios de los años 1980, mientras Margaret Thatcher reinaba en el 10 de Downing Street. El entonces secretario de Finanzas del Tesoro, Nigel Lawson, recuerda que la Primera Ministra al inicio “se oponía a la indexación, que, de cierta manera, validaba la inflación". Temía “que la indexación financiera se propagara a otras formas de indexación mucho menos deseables, particularmente los gastos públicos y los salarios”.

Pero los promotores de los linkers anticipaban que estos contratos de préstamo facilitarían el financiamiento del déficit. Efectivamente, los acreedores que suscribirán los títulos aceptarán a cambio una prima de riesgo reducida y tasas de interés más bajas. Si la inflación se mantiene limitada, resultarán menos onerosos para el Estado. Thatcher ve en esta promesa de reducción de la carga de la deuda, al menos a corto plazo, una manera de poner en marcha la reducción de impuestos que prometió. También se deja convencer de que estos nuevos productos materializan el compromiso del gobierno de reducir la inflación, representando todo aumento de los precios un costo adicional, incluso un castigo, para el Estado. Sólo algunas voces denuncian en 1980 un “efecto tijera”: ¿Cómo el gobierno puede justificar la indexación de los pagos a sus acreedores y no a sus empleados?”, pregunta el secretario de Estado de Comercio John Nott. No obstante, prevaleció la lógica desigual que caracteriza a los linkers: la desindexación de los salarios y la indexación de las obligaciones financieras constituirán, de ahí en más, objetivos políticos simultáneos…

“Si vos ganás, yo gano”

 
En Francia, sucedió un poco más tarde. A fines de los años 1990, se constituye un pequeño grupo de tecnócratas en torno a François Villeroy de Galhau, el actual director del Banco de Francia, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Economía, Finanzas e Industria, Dominique Strauss-Kahn. Para la joven guardia de cuarentones del Tesoro, la lucha contra la inflación triunfó: ya no se trata más que de un recuerdo lejano. Los jóvenes “tesoreros” defenderán que la indexación de las obligaciones, lejos de atizar el alza de los precios, consagra la primacía del combate contra la inflación. En otros términos, al concederles a los inversores una protección contra la erosión del valor de su cartera de inversiones, el Tesoro apuesta la plata de la República al rigor de una política monetaria de allí en más en manos de un Banco Central independiente.

La primera OATI se emite en septiembre de 1998. La inflación parece haber quedado atrás, la independencia del Banco de Francia es incuestionable, un franco fuerte y el acoplamiento al marco de la futura zona euro son “datos” del espacio político. A fines de los años 1990, el arbitraje entre clases sociales, que privilegia a los ahorristas en detrimento de los asalariados, ya no se cuestiona: se da por descontado que los contratos de los tenedores de obligaciones de la deuda soberana gozan de un estatus particular, superior, que no podría ser objeto de solicitudes de equivalencia por parte de otras categorías sociales. Esta asimetría, en lo más alto del Estado, es vista como un instrumento de mantenimiento del orden social ya que refuerza las presiones que contribuyen a la disciplina monetaria y presupuestaria.

Ampliar el control financiero

Hasta hace poco, la baja inflación permitía que este deslizamiento sea discreto. Sin embargo, desde hace algún tiempo, las decisiones políticas que organizan la respuesta al mal inflacionario emergen nuevamente a la vista de todos. El 25 de julio de 2022, mientras el Parlamento francés examina los gastos vinculados al servicio de la deuda, algunos representantes denuncian una desigualdad de trato: ¿por qué proteger a ciertos inversores financieros a expensas del contribuyente?

A pesar de que su grupo rechazó la tasa a las ganancias extraordinarias y la recuperación del salario mínimo de crecimiento (SMIC), el diputado Jean Philippe Tanguy, de Rassemblement National (RN), interpeló al ministro de Economía y Finanzas presentando a las obligaciones indexadas como “dignas de los peores buitres de Wall Street”. Respuesta del ministro: “El 10% de los títulos de deuda del Estado indexados por inflación responden a un pedido muy preciso de los aseguradores y de los gestores de seguros de vida, de cajas de ahorros y de cajas de ahorro populares que no son precisamente los ‘peores buitres de Wall Street’. Imagino que, como muchos otros parlamentarios y como muchos franceses que nos escuchan, usted tiene un seguro de vida: para que continúe rindiendo, hay que indexarlo por inflación. Por eso los inversores franceses piden que una parte de la deuda francesa sea indexada por inflación” (4). Pese a que sólo el 40% de los hogares franceses posee un seguro de vida y de que el ahorro se concentre fuertemente en la cima de la jerarquía social, el ministro vincula los intereses de la población general a los de las finanzas.

Por Benjamin Lemoine