Recrear la utopía

Actualidad 29 de octubre de 2022
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La Argentina a veces pareciera estar loca, al punto de que el macrismo llegó a regodearse de su paso por la ANSES. El ex director ejecutivo de esa gestión dijo a LN+ al dejar el puesto: “Ojalá que hagan las cosas bien, que sigan el camino que nosotros tomamos. Yo dejo una ANSES mejor de lo que estaba y espero que ellos puedan continuarlo”. ¿Qué dejó el macrismo luego de cuatro años en la ANSES? Una pérdida de más del 20% de la capacidad de compra de los haberes; el Fondo de Garantía Sustentabilidad aniquilado y plagado de acciones de corrupción de diversa índole, entre otras muchas desgracias que tuvieron que padecer los jubilados, los pensionados, los titulares de asignaciones familiares y el resto de los programas sociales.

Pero lo más sorprendente es lo que pretenden hacer con la seguridad social si acceden al gobierno el año que viene. Lo dicen de todas las maneras: uno de sus proyectos estrella es la privatización del sistema previsional y la disminución del “costo” salarial mediante la pérdida de derechos.  

Para que tomemos conciencia de qué deberíamos esperar ante un eventual triunfo electoral de Juntos por el Cambio, empecemos por analizar lo que significa en el sistema previsional una disminución de los salarios de los trabajadores activos. La fórmula de movilidad tiene dos formas de actualizarse:

  1. por el aumento de la recaudación con destino al sistema de seguridad social, y
  2. por el incremento salarial medido por el INDEC o por el Ministerio de Trabajo mediante el RIPTE, el que dé más alto.

Resulta obvio que un incremento salarial de los trabajadores formales mejora la recaudación, ya que el salario formal es el que más recursos permite incorporar debido a que los empleadores hacen contribuciones y los empleados aportes. En cuanto al impacto directo que tiene el salario, es claro que si crecen por sobre la inflación esa mejora se traslada en forma directa a los ingresos de los beneficiarios de la seguridad social. Si, por el contrario, los salarios pierden contra la inflación, esto derriba el haber de los beneficiarios.

Por ello, cuando Juntos por el Cambio habla de pérdida de derechos de los trabajadores activos se está refiriendo a todos los trabajadores. Algunos jubilados creen que a ellos no los afectará, pero quien piensa así se está pegando un tiro en el pie: nadie se salva solo. En una sociedad interdependiente, lo que les pasa a otros nos afecta a todos.

Pero las penurias prometidas por Juntos por el Cambio respecto de la seguridad social no terminan ahí. Toda la derecha argentina habla de resolver el problema de la Seguridad Social rápidamente, pero el que se atrevió a decirlo con todas las palabras fue el propio Macri cuando explicó que hay que privatizar nuevamente el sistema previsional. Lo primero que se me ocurre pensar es cómo hará la UCR, que históricamente tuvo una posición anti-privatista, para hacer una mutación ideológica de la magnitud de la propuesta de Macri.

Más allá de cuestiones técnicas, que en este caso no vienen a cuento, privatizar el sistema previsional tiene efectos directos en los actuales beneficiarios y sobre todo en los futuros jubilados.

  1. Lo primero que vale la pena recordar es que ningún país desarrollado aplicó las cuentas individuales de capitalización, en plena furia privatizadora iniciada por el dictador Pinochet, impulsada por el Banco Mundial e impuesta por el FMI. A pesar de la presión de los organismos internacionales, solo una docena de países siguen los lineamientos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión. Por otro lado, muchos de esos países tienen un sistema privatizado acotado. Reprivatizar el sistema previsional sería una involución, que lejos de insertarnos en el mundo implicaría sacar patente de país pobre.
  2. Los efectos sobre las jubilaciones y pensiones serían devastadores. A partir de la privatización se perderían por completo los aportes de todos los trabajadores activos, que representan casi la totalidad de los ingresos. Solo quedarían vigentes los llamados impuestos de asignación específica y las contribuciones patronales, que llevan tres décadas disminuidas de lo que la ley manda, pero quedarían por pagar los beneficios vigentes al momento de la privatización, que obviamente habría que seguir pagando. Las soluciones implementadas para enjugar este déficit en la anterior privatización fueron: a) bajar las jubilaciones (recuérdese el caso De la Rúa/Bullrich, que disminuyeron un 13% no solo a jubilados y pensionados sino a todos los empleados de la administración pública); b) incrementar el IVA, como hicieron Menem/Cavallo. Pero en un caso u otro, todos los beneficiarios de la seguridad social verán suspendida la movilidad, como ocurrió cuando se determinó que sería fijada por el Congreso en la Ley de Presupuesto, cosa que nunca se hizo y en consecuencia durante diez años la jubilación mínima quedó fija en 150 pesos.
  3. Para financiar el agujero fiscal que produjo la privatización del sistema previsional, nuestro país entró en una espiral de endeudamiento hasta ese momento inédito. Si en aquel momento hubo que endeudarse de manera tal que el déficit que produjeron las cuentas individuales fue directamente proporcional al endeudamiento, imaginemos la misma situación en el momento actual en que nuestro país tiene totalmente restringida su capacidad de endeudarse. ¿Con qué se va a pagar ese déficit provocado ex profeso? Hay una sola respuesta: con la disminución de la calidad de vida de los argentinos. Es probable que, como ya ocurrió en la década del ’90, haya gente que piense que si la jubilación no alcanza vale la pena intentar el cambio. A ellos les cuento que se puede estar mucho peor y esa posiblemente sea la principal lección que nos dejaron las AFJP antes de ser reestatizadas por Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una idea que le aportó Amado Boudou, entonces director ejecutivo de ANSES.

Siempre en los gobiernos neoliberales que padecimos la variable de ajuste fueron los jubilados y pensionados. Durante la dictadura de Onganía, su ministro de economía Adalbert Krieger Vasena unificó el sistema previsional en tres cajas, transfirió al tesoro el superávit que tenían las cajas hasta entonces administradas por diversos gremios, y dejó a cambio un bono a 40 años y al 2% mensual, que en poco tiempo había perdido todo su valor debido a los recurrentes picos inflacionarios. Durante la última dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz eliminó las contribuciones patronales mediante la ley 22.293, lo que produjo un desfinanciamiento descomunal del sistema previsional. Con Menem se produjo la privatización del sistema, y la Argentina tuvo el triste privilegio de ser el primer país en implementar el sistema de capitalización individual en democracia. El resultado de la privatización es conocido: disminución de la capacidad de compra de los haberes y una feroz disminución de la cobertura. Finalmente, Macri hizo todo lo posible por reimplantar el sistema de capitalización. La estrategia era clara: primero deteriorar el ingreso de los jubilados y pensionados, luego instar a los organismos internacionales a que presionen por la implementación. Las recomendaciones del FMI para el sistema previsional están en la consabida inspección anual del artículo 4 del estatuto del Fondo, donde proponía aumentar la edad jubilatoria, reemplazar la ley de movilidad, reducir el haber inicial y transferir los programas sociales a Desarrollo Social o a Educación según corresponda. Macri hizo todos los deberes, solo quedaba privatizar el sistema, paso que esperaba concretar tras una eventual reelección. Por suerte las elecciones que ganó Alberto Fernández cambiaron el panorama y nos salvamos de una nueva privatización. Por eso ahora no piensan perder tiempo y, si logran ganar las elecciones, quieren privatizar en los primeros días de gestión. Lo anuncian con todas las letras, todo el PRO al unísono. Este solo hecho es suficiente para repudiar cualquier candidatura que venga de Juntos por el Cambio.

Creo que llegó el tiempo de desenmascarar al macrismo en todas sus variantes. En vez de hablar de las peleas internas, mostrar, analizar y debatir sus propuestas. Explicarle a la sociedad lo que significó el régimen de capitalización individual hasta que Cristina lo reestatizó.

Es probable que un jubilado o pensionado que hoy cobra la mínima cuestione al sistema y seguramente tiene razón para hacerlo. Pero si miramos y valoramos en retrospectiva e imaginando el futuro podemos hacer un análisis más optimista:

  1. Cuando Cristina reestatizó el sistema logramos la mayor cobertura previsional de nuestra historia y los beneficiarios cobraban el haber mínimo más alto de América Latina;
  2. A pesar de que es probable que jubilados y pensionados a veces nos sintamos decepcionados, hay que tener en cuenta dos cosas: la crisis económica nos afecta a todos, no es posible imaginar que un país con escasez de recursos pueda tener jubilados ricos; la segunda es que, a pesar de todas las crisis, hoy los mayores de 65 años somos el grupo etario con menor índice de pobreza, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (mientras la pobreza de toda la población alcanza el 36,5%, en mayores de 65 años alcanza el 12,1%).
  3. Mirando el futuro podemos imaginar que, si la situación económica se encamina, si mejoran los salarios de los trabajadores activos, lo esperable es que las prestaciones mejoren sensiblemente. Mientras que en un régimen de capitalización, por más que todo mejore lo ocurrido con el ahorro quedará marcado a fuego, ya que será tarde para mejorarlo.

Creo que el gobierno, mientras da la lucha contra la inflación, tiene que recrear la utopía posible de los gobiernos nacionales y populares. Para ser más concreto: hay que avanzar por el camino que trazó el kirchnerismo de mejora de ingresos y ampliación de la cobertura. Logarlo es posible, solo hace falta coraje político y una estrategia adecuada. En esto de que la necesidad imperiosa lleva a dar manotazos de ahogado se ha ido desmembrando la articulación de las políticas sociales. Los actores que intervienen son interminables, cada uno intenta por su lado dar una respuesta y todo se atomiza. Es necesario unificar criterios. Además de ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y PAMI a nivel nacional, intervienen los ministerios sociales de todas las provincias, los secretarios de acción social de cada uno de los municipios, distintas ONGs que hacen lo que pueden, las iglesias con sus respectivos fondos de caridad, los movimientos sociales cada uno con un reclamo distinto, e incluso tenemos entre nosotros a UNICEF, que hace colectas televisivas apelando a la sensibilidad de nuestro pueblo para financiar su organización, que depende nada menos que de las Naciones Unidas. Como si todo esto fuera poco hay miles de militantes de gran corazón que ayudan en comedores o atendiendo personas en situación de calle. En fin, un inmenso esfuerzo desperdigado, sin directivas, sin consensos y sin determinación de territorio, población ni parámetros atendibles, un verdadero dispendio de esfuerzos y de recursos. Si el gobierno tuviera la capacidad de estructurar unas cuantas líneas de acción en procura de optimizar el esfuerzo y el gasto, la historia será bien distinta para muchos que en ese desorden distributivo no reciben nada. Claro que si a ello le agregáramos las leyes en debate en el Parlamento y el cumplimiento de lo dicho al implementar el llamado dólar-soja, podríamos ser más optimistas.

Ojalá entendamos que las políticas sociales no son caridad. Hoy todo es más complejo y se requiere una estrategia adecuada. Si se entiende el mensaje, y sin gastar más de lo previsto, podríamos ser optimistas y frenarle el camino al neoliberalismo.

 

Por Miguel Fernández Pastor * El Cohete

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