El estado crítico de que dan cuenta las democracias occidentales nos interpela sobre su caracterización, como contingente o definitivo. A la par que exige plantearnos si puede señalarse como fenómeno homogéneo en el centro del mundo y en su periferia, aún, cuando se reconozcan elementos en común. Del mismo modo, impone evaluar si la crisis es sistémica o deriva de ausencias de liderazgos, de debilitamientos de la clase dirigente o de las mismas estructuras partidarias.

Señales claras y preocupantes

A pesar de la resistencia que muchos oponemos al uso -y abuso- de palabras en inglés o anglicismos reemplazando las denominaciones en nuestra lengua, tan común desde el ámbito mercantil al académico y que prende rápido en la tilinguería típica de algunos sectores sociales, se ha impuesto casi sin excepción el término “lawfare”.

Etimológicamente, resultaría de la conjunción de dos palabras: law (ley) y warfare (guerra); cuyo sentido es el de “guerra jurídica” o, más precisamente, de la desviada utilización de los procesos judiciales con fines políticos. 

Operaciones de esa naturaleza están ampliamente difundidas en el mundo, siendo particularmente frecuentes e insidiosas en Latinoamérica al igual que dirigidas exclusivamente con relación a gobiernos progresistas o populares.

Se trata en realidad de una reformulación de las prácticas de dominación neocolonial, que ha dejado -pero no abandonado- de apelar a las fuerzas armadas para interrumpir o amenazar la continuidad de gobiernos, sustituyendo la vía militar por la judicial para alcanzar los objetivos de subordinación, persecución o estigmatización de aquellos que consideran opuestos a sus intereses y de las clases privilegiadas que le son funcionales.

La extendida referencia a ese tipo de “guerra”, sin embargo, es patrimonio de los sectores más politizados, sin que muestre una condición similar en amplias capas de la población que no le asignan la misma importancia, ni la incluyen entre sus preocupaciones prioritarias, ni la relacionan con consecuencias que excedan a aquellos que participan de las disputas políticas.

Esto último es lo que debería ser objeto de mayor atención, por una parte, para analizar la baja intensidad y eficacia en la comunicación dirigida a la condena de esta nueva metodología persecutoria frente a los medios hegemónicos negacionistas que postulan la defensa de una alegada independencia de la Justicia que sólo, hipócritamente, podría afirmarse ante las evidencias notorias de la existencia del “lawfare”, extendido mundialmente y que en la Argentina constituye un hecho indiscutible.

Por otra parte, atender a la falta de una explicación que torne comprensible y cale hondo en la sociedad, cualquiera sea la preferencia partidaria o la postura -incluso “apolítica”- que se sostenga, poniendo el eje en la afectación que supone de una razonable convivencia y un natural desenvolvimiento de contradicciones -y confrontaciones- propias de una comunidad democrática. Procurando el tomar conciencia de que se ponen en riesgo básicas garantías individuales, la libertad de verdad no el libertarismo panfletario y, fundamentalmente, que esa viciada forma de hacer política, cuando se instala, arrasa con todos los derechos de las mayorías en favor de intereses mezquinos de círculos de privilegio local y de las estrategias imperialistas.

Del sueño democrático a la pesadilla autoritaria

El liberalismo supuso en sus orígenes la lucha contra las monarquías absolutistas, la instauración de un nuevo régimen republicano con formal -y ciertamente, parcial-
reconocimiento de derechos civiles y políticos, que se asentaba en una división de poderes y funciones del Estado que se proponían como contrapeso para asegurar la vigencia de los principios que se proclamaban.

La democracia liberal fue el modo de gobierno que se concretó en consecuencia, cuya centralidad estaba en la libertad individual en tanto pudiera ser amenazada por el Estado y, principalmente, en su proyección en el derecho de propiedad que -en los hechos- se anteponía a cualquier otro, incluso al derecho a la vida si era preciso sacrificarlo en aras a garantizar aquel otro.

Los derechos sociales no estaban comprendidos y a poco andar los abusos inherentes a aquella concepción individualista sostenida por la clase propietaria, determinante de la miseria creciente de la clase trabajadora, despertó reacciones que pusieron en vilo el sistema y obligó a poner el foco en lo que se denominó la “cuestión social”, que era necesario contemplar, máxime, después de la revolución rusa y la concreción de nuevos paradigmas de organización social.

Las dos guerras mundiales, el reparto global que resultó de la segunda y la “guerra fría” que fue uno de sus emergentes que también se expresó en otros campos de batalla vicarios de las dos superpotencias, tuvo derivaciones no homogéneas en Europa y en nuestro subcontinente. 

La proximidad con la Unión Soviética y la expansión del marxismo puso en alerta a los países europeos, imponiéndole la búsqueda de alternativas como la del Estado de bienestar -una anomalía del Capitalismo liberal- que permitió reconvertir las fuerzas marxistas en una expresión menos revulsiva, que se tradujo en variadas manifestaciones socialdemócratas.

En Latinoamérica el proceso no fue simétrico, las profundas desigualdades y la mano dura norteamericana que marcó su presencia convirtiendo a las Fuerzas Armadas de nuestros países en fuerzas de ocupación, se encontró con los anhelos nacionalistas y revolucionarios que perseguían una segunda independencia, acompañada por insurgencias populares y organizaciones armadas que pusieron en jaque a las dictaduras.

El desgaste paulatino del socialismo real, que derivaría en la disolución de la Unión Soviética, fue acompañada y, en algún punto, precedida en nuestra Región por un Plan Maestro de EEUU que promovió una acción coordinada de dictaduras genocidas y validas de una metodología criminal que se sintetizaba en un Estado terrorista decidido al exterminio de toda resistencia, que iba mucha más allá de las guerrillas que ya por entonces se mostraban declinantes o con escaso poder de fuego.

El Consenso de Washington, la caída del Muro de Berlín y la globalización favorecida por la desaparición de la bipolaridad mundial, abrieron el cause a la pretensión de un pensamiento único, a la declamada muerte de las ideologías y al despliegue de otra versión liberal huérfana de toda fundamentación filosófica, el Neoliberalismo. Con su matriz de acumulación financiera, la explotación puramente especulativa de los recursos naturales convertidos en “commodities” y la cooptación de los Estados -incluso los europeos- por intermedio de partidos que perdían sus identidades cobrando una uniformidad de sus programas económicos, cada vez más alejados de sus concepciones sociales de antaño.

El siglo XXI introdujo variantes de relevancia, tanto en orden a la reconstitución de Rusia y la omnipresencia de China como en el surgimiento -o consolidación- de otras economías emergentes, que dieron cuenta de una multilateralidad que ponía en crisis la hegemonía norteamericana y aumentaba la declinación europea cada vez más eclipsada por su adhesión incondicional a EEUU.

En América Latina y, especialmente, al Sur del subcontinente el nuevo siglo parió una situación de difícil repetición, al conjugarse una serie de gobiernos populares con liderazgos fuertes y una -sorprendente- empatía política y personal de esos líderes, generando democracias sociales nacionalistas que se distinguían de las concebidas por las categorías eurocéntricas, con reivindicaciones soberanas y perspectivas de constituirse en bloques de países con mayor capacidad colectiva de relacionarse en el plano internacional y abandonar la sujeción exclusiva a alguna de las potencias existentes.

En los países centrales, en la Unión Europea como también en el propio EEUU, el Neoliberalismo no se conformó con condicionar las políticas de los Estados, sino, que se propuso apropiarse formal e institucionalmente de sus Gobiernos con el objetivo de borrar todo rasgo democrático e imponer autoritarismos de variadas especies.

Esa tendencia dio cabida a extremismos reaccionarios, xenófobos, cultores de “nazionalismos” abiertamente antidemocráticos y que apelando, sin embargo, a las reglas de juego de una democracia decadente se fueron abriendo paso en preferencias electorales que, sin bien minoritarias, operan desestabilizando y condicionando gobiernos progresistas o transformándose en piezas claves para la gobernanza de partidos conservadores. 

Entre nosotros, en la periferia, ese fenómeno de raíz neoliberal no podía estar ausente, pero su imposición fue mucho más brutal como tradicionalmente ha sido el comportamiento colonial. Con los golpes -llamados “blandos” por puro eufemismo- concretados abierta o solapadamente financiando las traiciones a la voluntad popular, explotando sumisiones por las presiones derivadas de endeudamientos externos escandalosos y con la apelación al “lawfare” asistido y apañado por el poder mediático con el Partido Judicial como mascarón de proa sostenido, sin pudicia, por sectores políticos antidemocráticos al servicio del Capital concentrado y principalmente transnacional.

Con la República no basta

La transición que se viene registrando hacia formas cada vez más autoritarias, echa luz sobre una peligrosa deriva de ese derrotero político que puede llegar más lejos que minar la vida en democracia, trocando en distintas expresiones claramente totalitarias.

El republicanismo más pregonado que defendido desde esas usinas de un pretendido pensamiento único refractario a todo pluralismo, alentado por discursos del odio, da cuenta de fallas graves que se van naturalizando al ritmo en que los medios de comunicación hegemónicos horadan el sentido común de la población.

La paz social únicamente es alcanzable y sostenible con Justicia de esa misma índole, para la cual cumple un rol relevante -como garante- la otra Justicia, la formal e institucional, que hoy lejos está de cumplir la misión que la República le atribuye y cuyo estado de putrefacción se acelera al ritmo de su colonización, burocratización y refugio en la endogamia que la caracteriza.

La mera distribución orgánica de Poderes no está en condiciones de proporcionar equilibrios sustantivos entre los mismos, mediante los cuales se brinden garantías a los derechos individuales y colectivos que son inherentes a un sistema democrático, más aún a una democracia evolucionada, participativa, plural, respetuosa de las diversidades, en suma, la que demanda este tiempo histórico.

Se impone un rediseño profundo de la República, poniendo énfasis en el necesario origen popular de los mandatos específicos y en un funcionamiento acorde con la transparencia debida sujeta a controles que impidan arbitrariedades y desviaciones endémicas. En lo cual se denota una mayor urgencia con respecto al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, que se ha erigido en rector del destino político de Estados y Pueblos conformando una aristocracia netamente antipopular, cuando no mafiosa.

Pacto democrático inclaudicable: ¿con quiénes?

Estas últimas semanas han sido por demás agitadas, agregando factores de alto riesgo para la continuidad de una institucionalidad democrática que podía pensarse asegurada transcurridos casi cuarenta años desde su recuperación en 1983.

La farsa mediocre de un alegato fiscal acusatorio en la causa “vialidad”, carente de pruebas, que era fiel reflejo de la persecución a Cristina Kirchner con el propósito de proscribirla y, con ella, al peronismo del cual es su mayor -y mejor- representación, infringe un daño mayúsculo a la democracia.

Así como la hojarasca de la prensa opositora alentando el final anunciado de una sentencia condenatoria que, para muchos y con sobradas razones, estaba escrita desde el principio de un proceso plagado de irregularidades.

A lo que se sumó, un operativo de la Policía de la Ciudad, que constituía un insólito cercamiento del domicilio de la Vicepresidenta, que colmó el vaso de la paciencia demostrada por los fieles seguidores de Cristina y, a la vez, produjo un amalgamiento del conjunto peronista, que salieron a las calles a demostrar su apoyo incondicional, concentrándose en las inmediaciones de Uruguay y Juncal el sábado 26 de agosto. 

La provocación del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en aras a un reposicionamiento interno con respecto a los dirigentes más extremistas de Juntos por el Cambio, la inexplicable ausencia en el lugar de las fuerzas federales responsables de la seguridad de la Vicepresidenta de la Nación y del mismo Presidente Alberto Fernández poniendo en acto el apoyo declarado por twitter, favorecieron y acrecentaron las tensiones buscadas para dar paso a una represión absolutamente injustificada de una Policía de bajísima calidad profesional que constituye en realidad la “Gestapo” que, resulta evidente, no era un mero proyecto concebido sólo para combatir al sindicalismo.

Las masivas demostraciones de afecto y de respaldo a Cristina persistieron, pese a todo, ganando la calle que es el escenario por antonomasia en que se dirimen las luchas populares. Cada día frente a su domicilio se acercaban cientos de personas, que además esperaban verla y acercarse a ella, quien no rehuía a esa deseada proximidad de la gente.

En ese contexto casi sin precedentes y evocativo de gestas históricas de la Argentina, en medio de una discusión bizantina e inexplicable acerca de competencias policiales en una ciudad que es la Capital Federal de la República y con respecto a la seguridad de quien ostenta una de las más altas investiduras del Gobierno nacional, se produjo un gravísimo episodio la noche del jueves pasado.

El intento de asesinar a la Vicepresidenta mientras saludaba y se mezclaba con la gente que frente a su domicilio le prodigaba sus muestras de cariño, magnicidio no
concretado por puro azar al fallar el arma que a escasos centímetros de su cabeza fue gatillada dos veces. 

Sólo transcurrieron unas pocas horas para que se concretara una movilización de una masividad enorme, que convocó a millones de personas a lo largo y ancho del país, así como cientos de miles a la icónica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. La que tuvo, claro está, un expreso contenido político pero cuyo eje fue la defensa de la Democracia. 

No es en vano recordar otras gestas en defensa de la Democracia, como cuándo en abril de 1985 Alfonsín convocó a esa misma Plaza alertando sobre un complot golpista, acudiendo junto a sus partidarios personas, dirigentes y organizaciones de la entonces oposición. Que fueron sorprendidas y desilusionadas por el contenido del discurso presidencial, en el cual se anunció una “economía de guerra” en línea con un programa de corte neoliberal del nuevo Ministro de Economía (Sourrouile).

En esa ocasión, Alfonsín comenzó diciendo: “Compatriotas yo les agradezco esta presencia multitudinaria, sé muy bien que no han venido a expresar la adhesión a un gobierno, han venido a defender la democracia. Porque otra vez como tantas veces en el pasado se ha intentado golpear no a un gobierno sino al pueblo argentino”. 

Pero luego se despachó, con que: “Aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar. (…) Hay en primer lugar un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas, hay al mismo tiempo la necesidad de poner orden en la economía y ésto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. (…) para combatir esa inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal y esto tiene dos aspectos fundamentales: uno es el del gasto público (…) No hay otra forma, vamos a seguir trabajando en todos los aspectos para disminuir los gastos y al mismo tiempo vamos a seguir congelando las vacantes y vamos a buscar sistemas de retiro voluntario. Necesitamos también para terminar con el gasto excesivo ser más eficientes en el manejo de las empresas del estado y privatizar todo lo que haya que privatizar, para lo cual vamos a pedir la colaboración al sector privado. (…) Esto se llama economía de guerra y es bueno, compatriotas, que todos vayamos sacando conclusiones”. 

En la Semana Santa de 1987, cuando padecíamos una asonada golpista de miembros de las Fuerzas Armadas, a los que se denominó “carapintadas”, también hubo una gran movilización -más espontánea que convocada- y que reunió también a la militancia política y sindical de la oposición, como a la ciudadanía que no comulgaba con el alfonsinismo, mayoritariamente de extracción peronista.

Durante toda la noche del sábado hubo una constante vigilia que colmaba la Avenida de Mayo y los bares de la zona, en defensa de la Democracia, que se prolongó durante todo el domingo en que se permaneció en la Plaza, respondiendo al pedido de Alfonsín mientras él se trasladaba a la unidad militar donde estaban los amotinados para exigirles la rendición.

De regreso, ya comenzada la noche, volvió a decepcionar a propios y ajenos, cuando se dirigió a los miles allí congregados, comenzando con el recordado “Felices Pascuas (…) y concluyendo en una descripción, que daba cuenta de la claudicación que pocos después se corroboraría en la concesión de las principales demandadas de los amotinados: “Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de Las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, (…) y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden”. 

Es totalmente válido preguntarse, en esta reciente e impensable situación sin precedentes que pone en peligro a la Democracia: ¿Por qué faltó la oposición a las Plazas del sábado 3 de septiembre? ¿Por qué no se tradujeron en actos las palabras de los opositores que decían repudiar el atentado a Cristina y las implicancias que significaba? 

Seguramente no existe una sola respuesta posible a esos interrogantes, incluso haciendo abstracción de las desquiciadas teorías de dirigentes y periodistas cultores, como promotores, del discurso del odio. Aunque sí hay un dato innegable, la falta de generosidad política de la oposición en la defensa de la Democracia, no de Cristina, no del Gobierno nacional.

Renovar el pacto democrático de 1983 se torna necesario, lo difícil para concretarlo es discernir con quienes y contar con una disposición sincera que deje de lado mezquinas especulaciones electoralistas.

De una democracia liberal - social que fenece a otra popular

Las socialdemocracias en crisis y las de neto carácter liberal en igual situación que se verifican en Occidente, ponen de manifiesto el agotamiento de esquemas políticos que no responden a las demandas de la sociedad actual ni representan a las mayorías populares. Una Democracia degradada no es una buena señala para el futuro, pero sí es una señal de alerta para quienes están convencidos que representa el mejor sistema de convivencia actualmente posible y el único apto para frenar los totalitarismos en ciernes que provoca el Neoliberalismo.

Democracia, que debe nutrirse de representaciones genuinas que vayan más allá de las clásicas partidarias y genere otras instancias de participación popular que den sustento a un Estado fuerte capaz de quebrar las trampas del Mercado, combatir la irresponsable conducta mediática y resistir las presiones de los que siempre quieren hacer prevalecer sus privilegios en sintonía con los intereses antinacionales.

Se hace imperioso proveer a una reorganización profunda y fundacional de un nuevo Estado de Derecho, con base popular y amplia participación de la ciudadanía, que de paso a una Democracia moderna en la que puedan expresarse las distintas corrientes de pensamiento realmente comprometidas con un desarrollo comunitario en Paz y con Justicia Social.

por Álvaro Ruiz