Kristalina Georgieva le dijo a Silvina Batakis que el FMI necesita que la Argentina tenga éxito con el plan que firmó el ex ministro Mr. MaGoo. Pero las acciones que dentro del país emprenden los sectores económicos y políticos en sintonía con el Fondo Monetario, apuntan en la dirección contraria: la Sociedad Rural realizó un lockout de comercialización y la dirigencia Cambiante proclama que le negará el agua y la sal al Presidente Alberto Fernández y vaticina su renuncia.

La Argentina vive así nuevas historias viejas. En su libro de 1958 Los vendepatria, Juan D. Perón escribió que el “gran consorcio capitalista internacional Bunge & Born ha explotado el campo argentino durante cincuenta años, pagando precios irrisorios y ha sacado enormes beneficios con la comercialización del trabajo y la producción ajena”. 

“Cuando comercializaba Bunge & Born, el trigo se pagaba a los agricultores argentinos seis pesos por quintal; desde que lo tomó a su cargo el gobierno, los chacareros cobraron sesenta pesos por la misma cosa”.

“Bunge & Born, que es un consorcio capitalista internacional, no está interesado sino en sus propias ganancias y (…) nos hace pagar poco por lo que vendemos y mucho por lo que compramos por su intermedio, desde que son importadores y exportadores”.

“Como Bunge & Born se compra y se vende a sí mismo, por medio de maniobras dolosas de su propia documentación y mediante la simulación de precios, viola la ley de cambios y radica en el exterior la mitad de las divisas producto de sus operaciones”.

“La dictadura [de 1955] ha vuelto a dar a Bunge & Born su antigua preponderancia, probablemente por imposición foránea y la consecuencia no se ha hecho esperar: una tremenda inflación se ha desatado en el país”.

En 1989, Menem entregó el manejo de la economía a Bunge & Born, y su secretario de Cultura, Julio Bárbaro, llegó a describir al que Perón llamó gran consorcio capitalista internacional como si fuera un “empresariado nacional productivo”, enfrentado con “las empresas extranjeras y la visión colonial de las relaciones carnales” (sic).

La restauración oligárquica

En 1977, Rodolfo Walsh escribió en su Carta Abierta a la Junta Militar que “un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente, Celedonio Pereda: Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. También dijo que “la política económica de esa Junta, dictada por el Fondo Monetario Internacional (…), sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.

Sigue siendo el mejor retrato del conflicto raigal entre las clases dominantes y los intereses populares. Pero casi medio siglo de entropía después, el gobierno que encabeza el presidente del Partido Justicialista ya no insiste en que los alimentos sean baratos, sino que al menos orbiten debajo de la estratósfera dónde sólo es posible divisarlos con ayuda del telescopio James Webb.

En octubre de 1975 la Sociedad Rural presidida por Pereda lanzó un denominado “paro agrario nacional” que se extendió durante una quincena y que produjo desabastecimiento de alimentos. Pereda también fundó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), precursora de la actual AEA, que en febrero de 1976 realizó un lockout nacional contra “la disgregación y el caos” y la influencia desmedida del sindicalismo, que conduce al marxismo. Tales medidas propiciaron el golpe del 24 de marzo de 1976. El segundo de Pereda en la Rural, Jorge Zorreguieta, asumió como subsecretario de Agricultura.

Estas historias viejas se actualizaron la semana pasada, cuando la Sociedad Rural y su Mesa de Enlace dispusieron un lockout de comercialización de cereales y carnes, con una fundamentación extravagante: el faltante de gasoil (que en casi todo el país ya estaba resuelto y que, entre otras razones motivó la eyección del CEO de YPF, Sergio Affronti) y las retenciones (que Batakis anunció que no se incrementarían). Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, explicitó el trasfondo, al mencionar entre sus motivaciones la “demanda por justicia, corrupción, mejorar la educación, la salud, la seguridad”. Es decir, cuestiones políticas.

El huevo del caos y la gallina de la devaluación

El propósito real es forzar una devaluación que incremente las ganancias de los exportadores y, si fuera imprescindible para lograrlo, la caída del gobierno antes del plazo constitucional, tal como ocurrió en 1989 y 2001. En ambos casos al caos político sucedió la devaluación descontrolada y gigantescas transferencias de ingresos. Entonces, como ahora, la Argentina tenía el acceso cerrado al crédito en dólares, luego de un atropellado proceso de fuga a cargo de grupos económicos locales y empresas transnacionales, financiado por préstamos del FMI.

Más allá de líneas internas, la oposición Cambiante tiene una coincidencia básica:

• Luis Juez anunció durante la campaña electoral que la oposición rechazaría todo proyecto del oficialismo para “no dejarlos gobernar”.
• Maurizio Macrì planteó el 30 de mayo, en un almuerzo con la dirigencia Procaz que “con los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no tenemos nada que negociar”. En su aversión a lo que llama populismo, Macrì retrocedió primero a 1945 y luego a 1916, repudiando a Perón e Yrigoyen.
• Rodríguez Larreta postuló el 29 de junio desde Israel la necesidad de un acuerdo amplio para bajar la inflación, que incluya a todos menos al kirchnerismo.
• Patricia Bullrich dijo el 5 de julio que la posición de Juntos por el Cambio debe ser no aprobarles ninguna ley, bloquear todo lo que se pueda: «No tenemos que darles ninguna herramienta».
• Elisa Carrió vaticinó el 14 de julio la renuncia “en estos días” de Alberto Fernández. “Se está cayendo un gobierno entero y el propio peronismo”.

¿Bajar el déficit suprimiendo impuestos?

El nexo entre los casos señalados por Perón y por Walsh es el actual vicepresidente de la Sociedad Rural, y flamante presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, hijo de aquel Celedonio Pereda de 1977 y sobrino de Jorge y Juan Born. Su madre fue Matilde Born Frías, fallecida en 2011.

El sector es capaz de exigir la reducción del déficit fiscal y al mismo tiempo la eliminación de las retenciones a la comercialización de la soja, que proveen uno de los mayores ingresos al fisco, con efecto redistributivo. Clama que el ajuste debe hacerlo la política, una consigna efectista que no toma en cuenta las magnitudes involucradas. En el mismo sentido va un proyecto de ley presentado por 19 diputades de la oposición cambiante (entre otros, Laura Rodríguez Machado, Martín Tetaz, Rogelio Frigerio nieto, Fernando Iglesias) y sus adhesivos de ultraderecha (Javier Milei y Victoria Villarruel), que derogaría el impuesto a los bienes personales, tan progresivo como las retenciones.

No puede llamar entonces la atención que Pereda Born haya sido el principal aportante a la campaña de María Eugenia Vidal en 2019, con más de 5,6 millones de pesos, entre donaciones personales y de sus empresas. Llegó a la vicepresidencia de la Sociedad Rural en una lista encabezada por Nicolás Pino y que contó con el apoyo del ex ministro de Macrì, Luis Miguel Etchevehere, también ex presidente de la Rural.

Junto con ellos, el principal impulsor del lockout fue Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales (CRA) y ex diputado Cambiante. En 2009, Chemes arengó que, “como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre. (…) Hay que cortarles la mano a los Kirchner”. El también ex ministro de Agricultura de Macrì y ex vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile, le dijo a Jorge Fontevecchia el jueves 14 que “el enfrentamiento con el campo es ideológico, el kirchnerismo necesita alguien a quien derrotar”. En 2008, cuando se discutía la Resolución 125 de retenciones móviles redactada por Martín Lousteau, Buryaile dijo que si el Congreso la ratificaba debería ser disuelto. Luego alegó que había sido sacado de contexto. «Quise decir que si el Congreso actúa como una escribanía del gobierno, lo mejor sería cerrarlo», creyó aclarar. Hoy como hace tres cuartos de siglo, la democracia sigue siendo el gobierno de los democráticos.

El lazo al cuello

En marzo de este año, cuando envió al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, Mr. MaGoo argumentó que si no se aprobaba, los títulos oficiales se hundirían y el riesgo país volaría.

Para cumplir con las metas de la segunda revisión del FMI, el ex ministro suspendió todos los pagos de la administración pública, obtuvo préstamos por 500 millones de dólares de los bancos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y le pidió un anticipo de 1.500 millones de dólares por retenciones sobre ventas futuras a la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA). “Dejás a la familia sin comer durante cinco días y después mostrás que tu heladera no está vacía, pero se están muriendo todos de hambre”, compara un ex alto funcionario del Ministerio de Economía.

A pesar de esto, se han producido todas las catástrofes con que amenazaban si no había acuerdo con el Fondo: la brecha cambiaria supera el 130%, con el dólar paralelo por encima de los 300 pesos, los bonos argentinos cotizan por debajo del 20% y el riesgo país no baja de 2.700 puntos.

La renuncia que bajo el pretexto de un discurso de Cristina Mr. MaGoo tuiteó en la tarde del viernes 1° de julio estaba lista con días de antelación, desde que el INDEC confirmara que la inflación volvía a empinarse luego de dos meses de suave declive. La forma en que sorprendió al Presidente, sin darle tiempo a elegir quién lo sucedería y organizar la transición, agravó las cosas. Miguel Pesce, Daniel Scioli y Augusto Costa, comisionado para la tarea por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se enfrentaron al fantasma del desabastecimiento en sucesivas reuniones con importadores, productores, comercializadores y formadores de precios, con quienes negociaron acceso al mercado oficial de cambios por provisión normal a las góndolas.

Una isla offshore dentro del país

Pesce también consiguió la remoción en la Comisión Nacional de Valores de Adrián Cosentino. Cuando fue ministro de Economía, Axel le abrió la puerta de salida del gabinete de Cristina, Alfonso de Prat Gay lo conchabó como asesor cuando gobernó Macrì, y Guillermo Nielsen lo reinsertó en el gobierno de Alberto. Mr. MaGoo se oponía a cualquier avance del presidente del Banco Central sobre las operaciones del sector financiero no bancario. Lo controlan tres o cuatro grandes casas de bolsa, el tesoro de dos o tres bancos y quince grandes tenedores de pesos que pujan por mandar el dólar a la estratósfera, jugando al Contado con Liqui, al dólar bolsa, al dólar cable. Pesce ya ha tenido varios encuentros con el sucesor de Cosentino, Sebastián Negri, hijo de un militante del FURN en La Plata, donde también revistaron Cristina y Néstor Kirchner.

Junto con Cosentino, derrapó Mónica Erpen, la la yegua de Troya de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que fue la persona de confianza de Cosentino en la CNV. Cuando la designaron, el diario de negocios El Cronista ironizó que era como poner a Marcelo Tinelli de árbitro en un partido de San Lorenzo. Si los reguladores de bancos y acciones solicitaban la información detallada sobre quiénes realizan esas operaciones, BYMA suministraba los nombres de los agentes de bolsa pero no identificaba a los clientes que son los beneficiarios finales de las operaciones.

El CCL siguió subiendo pese a estos cambios, y los voceros del mercado lo atribuyeron a la salida de Cosentino, que «los comprendía» (sic). Para que el avance de Pesce sobre esta inadmisible isla offshore dentro del sistema financiero argentino surta efecto, la novedad debería sentirse también en la línea, donde continúan:

• Matías Isasa, el socio eterno de Cosentino;
• Martín Breilinger, otro egresado de la Universidad Nacional de La Plata a quien Mr. MaGoo designó como director. Fue el responsable de la autorización a la Caja de Valores (CVSA) como emisora de Cedears de ETFs ( fondos de fondos). Este certificado es un instrumento local que sirve para fugar, ya que representa participación de acciones extranjeras o ETFs  que cotizan en mercados del exterior. Sus efectos para este momento de presión devaluatoria e inflación galopante, no son muy recomendables. Permitir que la Caja de Valores actúe como emisora es incompatible con sus funciones primarias. Hasta los macristas lo descartaron mientras que el directorio presidido por Cosentino, lo dispuso hace un año, sin que se hiciera público, porque salió como resolución interna y no fue publicada en la web de la CNV.
• Rodolfo Iribarren sigue como Coordinador General. Este personaje histórico de la línea, maneja todas las áreas operativas, sobre todo la Gerencia de Mercados y mantiene en lugares clave a su gente. Es el sobrino de José Anunciado Cirillo, uno de los vicepresidentes de Boca Juniors durante la gestión de Macrì y su agente cuando Sevel salió a la Bolsa. Poseía tres acciones del Merval, y una era de Macrì. En 2017 vendió otra por casi tres millones de dólares. Cirillo estaba enemistado con Ernesto Allaria, el entonces presidente del Merval y después de la fusión con la Bolsa, también de BYMA. La solución que encontraron Macrì y Cirillo fue la designación de Nicky Caputo como vice del Merval, para celebrar las paces.
   

Crisis de deuda con estanflación

Nadie supone que se alcanzarán las metas de la próxima revisión del FMI. Las declaraciones en torno del cumplimiento del acuerdo y de la importancia del equilibrio fiscal, son fintas para comenzar el diálogo en los mejores términos posibles. Pero la única esperanza del gobierno es que en la entrevista del martes 26 con Joe Biden, la indulgencia del Presidente estadounidense permita renegociar los términos comprometidos con Georgieva o al menos conseguir un waiver por el desvío en la próxima revisión. Por eso Batakis formará parte de la comitiva de Alberto Fernández.

No es imposible que lo consigan, porque la situación mundial se agrava cada día y la caída de un país mediano como la Argentina puede iniciar un dominó incontrolable. La propia Georgieva escribió esta semana en el blog del Fondo que la inflación global supera lo esperado y se expande más allá de los precios de los alimentos y la energía, lo cual ha forzado a los mayores bancos centrales a anunciar un mayor ajuste, necesario pero que afectará la recuperación. A fines de este mes, el FMI proyectará una caída adicional en el crecimiento previsto, no sólo este año, sino también el próximo, “con creciente riesgo de recesión”. Georgieva agregó que “una mayor perturbación en el suministro de gas natural a Europa, puede hundir a muchas economías en la recesión y desatar una crisis energética global”.

Y en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, el super gurú Nouriel Roubini describió la próxima crisis:

• En la década de 1970, hubo estanflación, pero los niveles de endeudamiento eran bajos.
• Después de 2008, hubo crisis de deuda pero baja inflación, o incluso deflación, por la contracción del crédito que paralizó la demanda.
• Hoy enfrentamos shocks de oferta con niveles mucho más altos de deuda. Esto implica que nos dirigimos hacia una combinación de la estanflación del tipo de los ’70 y de la crisis de deuda de 2008, es decir “una crisis de deuda estanflacionaria”

Lo peor aún no llegó, pero el 3 de julio el Washington Post informó que la inflación y los altos precios de combustibles y alimentos han triplicado la lista de espera en los refugios donde es posible pasar la noche. El informe fue acompañado con la fotografía de una familia alojada en su auto.

En la Argentina, la inflación de junio creció hasta el 5,3% mensual, con una variación interanual del 64%. Para este mes se teme que ronde el 7%, con una inquietante aproximación al 100% anual. Por segundo mes consecutivo, alimentos y bebidas no alcohólicas estuvieron por debajo del índice general, con un 4,6%. En los rubros con mayores incrementos, el Estado tiene instrumentos de intervención que no se utilizaron a fondo: las prepagas y los medicamentos requieren autorización oficial; el precio de los servicios domiciliarios lo decide el Estado (y de ahí la dura batalla de Mr. MaGoo con los Federicos); en combustibles, YPF tiene capacidad de regulación del mercado; y el resto es beneficiado por programas con costo fiscal como el Previaje o el Ahora 12, que permitirían exigir contraprestaciones.

Todos repiten que el salario debe ganarle a la inflación, pero el truco de los magos no está en las palabras que pronuncian. A los 19,5 puntos que el salario de los trabajadores privados registrados perdió durante el macrismo, se suma una caída adicional de 4,4 puntos desde que terminó esa plaga. Y el cuadro es peor entre los precarizados y aquellos que trabajan en el Estado.

Los voceros formales y oficiosos del gobierno destacan que, a diferencia de Europa, aquí la economía crece, y exhiben el 10,3% del año pasado. Sin embargo, el crecimiento interanual se ha detenido y respecto del mes pasado en muchos rubros marchado en sentido contrario, de modo que no sería sabio ignorar el vaticinio de Roubini.

¿Alguien se animaría a descartar que ahora se obtenga el perdón del Fondo, pero que el acuerdo se dé por caído al mismo tiempo que comienza la campaña electoral de 2023, que según Georgieva podría ser un año aún peor que este?

Salvo el revalúo inmobiliario, los anuncios de Batakis fueron guiños a los mercados. El clivaje entre el valor venal de un inmueble y su valuación fiscal (sobre la que se paga el tributo) es un antiquísimo problema estructural. En pocos lados supera el 30% del precio de mercado, de modo que hay un buen margen para incrementar la recaudación, por la doble vía del impuesto inmobiliario, que es provincial, y a los bienes personales, que es federal. Como la nueva valuación recién regiría el año próximo, la mejora de los ingresos fiscales no sería inmediata, pero el fastidio de los contribuyentes, de la ya hostil clase media, y el de algunos gobernadores que necesitan de esos votos, sí.

Planes sin plan

Algunos movimientos sociales llegaron la semana pasada a la Plaza de Mayo, exigiendo la sanción del denominado Salario Básico Universal, y dentro de un mes exacto, el 17 de agosto, marcharán la CGT y la CTA en protesta por la inflación. José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez (para muchos la conducción real de la CGT) se lo anticiparon a Cristina cuando la visitaron en el Senado. También se cuidaron de informarle al Presidente Alberto Fernández que no sería en contra de su gobierno. El primero en anunciarla fue Pablo Moyano, pero con otro discurso, porque acusó a Batakis de continuadora de Mr. MaGoo, lo cual parece prematuro. Hugo Yasky notificó que la CTA llegará a la marcha del 17 de agosto «con movilizaciones en todo el país, para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares. Esperamos la convocatoria de la ministra de Economía pero no de brazos cruzados, mientras quienes quieren a un gobierno de ricos para los ricos están convirtiendo en un calvario el día a día a la gente».

El debate sobre los planes se desencadenó a partir del discurso de Cristina en Avellaneda. Los 200.000 con que terminó su presidencia se han septuplicado, con consecuencias sociales difíciles de manejar. La universalidad de la AUH, hasta los 18 años, y de la jubilación, a partir de los 60/65, explican por qué Cristina conserva un núcleo duro de adhesión superior al de cualquier otra figura política. Pero universalizar la cobertura entre ambos extremos plantea problemas más complejos que su financiamiento.

Por ejemplo, una madre con tres hijos cobra casi 40.000 pesos mensuales. Si en la familia hay además dos planes Potenciar, el ingreso se equipara con el salario de un trabajador metalúrgico. El Estado no tiene forma de saberlo, porque la bancarización de las transferencias es individual. Sólo la ANSES podría reconstruir la historia del grupo familiar. En Vaca Muerta los trabajadores de la construcción no quieren ser registrados, para seguir cobrando los planes como si no tuvieran empleo.

Un día antes de la movilización en reclamo por el salario básico universal, el Presidente recibió a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales. El motivo fue interesarse por la denuncia de los allanamientos a merenderos y comedores de distintas organizaciones en Jujuy, como respuesta de Gerardo Morales a la visita presidencial a Milagro Sala. También estuvo el diputado del FdT y directivo de la CCC, Juan Alderete, cuya organización recibió varios allanamientos en el Gran Buenos Aires, en los que se secuestraron 50.000 dólares y 7 millones de pesos. Como canta Violeta Parra, «¿qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando ya sus palomas?»

Cuando la reunión concluía, Alberto Fernández hizo una referencia laudatoria a la denominada “Economía Popular”. El coordinador del Frente Milagro Sala por la Dignidad y el Trabajo, Alejandro Coco Garfagnini, le dijo que no estaba de acuerdo. Que existía una sola economía, a la que debían integrarse todos los trabajadores, y le recordó una propuesta que él mismo le había formulado hace dos años: un plan para la construcción de un millón de viviendas, organizando a los trabajadores en cooperativas, como hizo Néstor Kirchner al comenzar su gobierno, y organizaciones como la Túpac Amaru.

Ni salario ni universal

La desinformación mediática instaló que lo que llama “el kirchnerismo duro” presiona al Presidente por el Salario Básico Universal, y que Cristina encomendó a Juliana Di Tullio que elaborara un proyecto. Nada más alejado de la realidad. El esquema de salario básico universal fue presentado por el ex presidente de la Federación Universitaria (FUA), Itaí Hagman, un economista que integra la pequeña Patria Grande, el grupo del mediático docente universitario Juan Grabois, por el que llegó a la Cámara de Diputados. Confundir esa estudiantina con el kirchnerismo no es ingenuo.

Di Tullio está manteniendo reuniones con distintas personas y organizaciones para elaborar un proyecto alternativo. “Salario no, porque eso presupone un empleo. Universal tampoco, porque sería una dilapidación de recursos, que se pagarían a quienes no lo necesitan”, dijo Di Tullio ante una consulta para esta nota. Lo que se procura es definir un ingreso complementario, para las familias de cuatro miembros que no perciban ingresos equivalentes a 44.500 pesos mensuales. Ese es el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia.

El 19 de diciembre de 2020, Grabois anunció en Infoemba que estaba contemplando una candidatura presidencial. “Lo estoy pensando cada vez más. Si me quejo tanto capaz que…”, dijo en una entrevista con el periodista cambiante Ricardo Carpena.

Ahora La Política Online sostiene que “sueña con ser el Boric argentino”, como “emergente de un nuevo frente de izquierda”. Por lo pronto, en la marcha que compartió con el Polo Obrero, comenzó a practicar el saludo con el puño cerrado, tal como lo hacía Eduardo Belliboni.

Ya sea Boric o Zelig, soñar no cuesta nada.

Por Horacio Verbitzky