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title: "Freno de la Corte a los aumentos de las prepagas"
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category_name: "Actualidad - Nacional"
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# Freno de la Corte a los aumentos de las prepagas

Se tomó su tiempo, pero al final la Corte Suprema declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían habilitado a las empresas de medicina prepaga aumentar las cuotas a su antojo. El tribunal sostuvo, en apenas ocho páginas, que “de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron” la modificación del sistema para liberar los precios sin pasar por el Congreso. Es decir, que el Poder Ejecutivo no explicó las razones de necesidad y urgencia. El fallo establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tendrá que reasumir sus competencias como instancia de autorización de los incrementos con “razonabilidad” según los criterios que regían previamente, basados en “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.

A pesar de que tiene expedientes que cuestionan el DNU 70 en su totalidad, como ya informó **Página/12**, el máximo tribunal decidió expedirse sobre un único aspecto que atañe a los servicios de privados de salud. La novedad es que es la primera declaración de inconstitucionalidad de los supremos de al menos una parte del cuestionado decreto.

El caso que resolvió estaba desde el 18 de julio del año pasado en los despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia y tenía dictamen de la Procuración General desde junio último. La vigencia del DNU 70 desde diciembre de 2023 hasta la actualidad les permitió a las empresas de medicina prepaga aumentar 499,7%, contra un 344,4% de inflación, según datos del Instituto Argentina Grande. Según esa entidad, durante el gobierno de Javier Milei, se quedaron sin cobertura de salud (prepaga, obra social o mutual) 1.266.863 personas. Con la pérdida de 266.000 empleos registrados, no solo el/la trabajador/a se queda sin obra social, sino que también la pierde su grupo familiar.

## **El caso**

La causa resuelta por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz lleva el nombre de María del Carmen Bobbio, quien inició una demanda contra Swiss Medical. Su cuota había sufrido un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024: había pasado de 136.161,21 pesos a 301.218,02 pesos en ese lapso. Su amparo fue rechazado en primera instancia y luego la Sala II de la Cámara Federal de La Plata revocó esa sentencia y declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU en cuestión. Le ordenó a la prepaga limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que surgiera del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A la vez, estableció que la SSS —que depende del Ministerio de Salud— debía reasumir las funciones que tenía con anterioridad y fijar el valor con el criterio del fallo.

El DNU 70/2023 había derogado el inciso G del artículo 5 de la ley 26.682 (Marco Regulatorio de Medicina Prepaga), que facultaba a la SSS a “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones”. Sustituía, además, el artículo 17, que le daba a esa autoridad de aplicación el deber de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. Por eso no hubo más controles y las prepagas hicieron lo que quisieron en nombre de la desregulación que lleva el sello de Federico Sturzenegger. El Poder Ejecutivo basó su decisión de modificar el sistema en la existencia, según alegó, de una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema” para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.

Pero la Corte cuestionó: “Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”. Tampoco basta, agregó, con “invocar una emergencia genérica” sino que se debe justificar “la emergencia existente y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto”.

“Desde esa perspectiva —agregó la sentencia—, los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”.

La propia Corte reconoce que, aun dejando el control en manos de la Superintendencia, al tratarse de un órgano del Poder Ejecutivo, sus decisiones tienen “un margen de discrecionalidad” y “la posibilidad (para el Gobierno) de otorgarle una impronta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión”. Por eso, sostienen los cortesanos, debieron haber mostrado un mayor esfuerzo de justificación de la modificación de ese régimen, que incluya las razones de “por qué era imprescindible, y no meramente conveniente”, el cambio introducido.

La Corte, en definitiva, declaró inconstitucionales los dos artículos claves que abrieron la compuerta a las subas indiscriminadas de las cuotas, pero revocó el criterio que señalaba como parámetro el IPC. La Superintendencia definirá, con la aclaración de los propios cortesanos, que no es un organismo del Gobierno y, como tal, puede ser discrecional.

## **Efectos e interrogantes**

Los supremos remarcaron que “cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son, pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. Es otra forma de decir que deben estar rigurosamente justificadas la necesidad y la urgencia para dictar un DNU.

El fallo recuerda precedentes del propio tribunal, como la causa “Cencosud”, para decir que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”. Deben darse dos circunstancias: que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario porque las Cámaras no puedan reunirse “por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” o que “la situación que requiere solución sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”.

La pregunta que abre ante estas aclaraciones es si no son parámetros perfectamente aplicables a otras de las tantas causas que cuestionan al DNU, tanto las que piden invalidarlo íntegro o en relación a capítulos o artículos puntuales (sobre reforma laboral, facultades regulatorias del Instituto de la Yerba Mate, sociedades del Estado, actividad farmacéutica). El fallo sugiere que cada caso tendrá su propia resolución y que esta jurisprudencia es para prepagas.

Pero el derrotero también actualiza el interrogante sobre por qué hasta ahora los supremos han sido tan selectivos, teniendo más de 30 expedientes sobre el tema. Habían rechazado planteos generales (como uno de La Rioja). Luego confirmaron la derogación de la Ley de Tierras al cuestionar la legitimación de los excombatientes de Malvinas del CECIM de La Plata, lo que desató un escándalo que dio vuelta en una semana con otra causa conocida como “Árbol de Pie”, con la que repusieron la norma y mandaron el expediente a Bariloche.

Respecto de las prepagas, hay otro expediente paradigmático y más de 400 vinculados a los que tramitan en la Corte, que el tribunal iría resolviendo en tandas; se supone que con el mismo criterio que el utilizado para Bobbio, pero eso está por verse. El efecto de estas decisiones no es retroactivo. Fija un criterio a aplicar de ahora en adelante. Pero se podrían tramitar reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Hacia el final, la resolución recuerda que todavía está abierta la posibilidad del control parlamentario del DNU. Como es conocido, la Cámara de Diputados no se ha pronunciado. Está claro que la Corte, que siempre dice preferir soluciones políticas, dosifica sus pronunciamientos sobre el DNU de manera tal que hasta ahora permitió que se explaye la motosierra libertaria.

Por Irina Hauser / P12

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