Incertidumbre economica. Cuando las paralelas se tocan

Economía 25 de junio de 2022
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En el gobierno de Cambiemos ingresaron dólares financieros por toma de deuda, blanqueo de capitales (en pesos, pero equivalentes a unos 9.522 millones de dólares), etc., en torno a los 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo –en forma sistemática–, desde el 17 de diciembre de 2015 al 27 de octubre de 2019, se realizaron compras a los bancos por parte de particulares por 86.200 millones de dólares, con el agravante de que los primeros 100 compradores (en términos de monto) adquirieron 24.769 millones de dólares en ese lapso.

Las Memorias y Balances de esas 100 empresas que compraron los 24.769 millones en ningún caso contabilizan haber adquirido los dólares que figuran comprando en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC); operaciones que constan en los bancos que les vendieron las divisas. 

Si la AFIP investigó los movimientos bancarios, tanto por la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino, no lo sabemos. En una particular interpretación de secreto fiscal, no lo hizo público y tampoco movió un dedo para recuperar parte del dinero evadido. En consecuencia, la actual administración afronta la negociación con los acreedores (bonistas privados, locales y extranjeros) y con el FMI, por lo que el pago de intereses lo realiza a cargo del erario público (Presupuesto nacional) y el pago de la cuota de capital con el FMI (la negociación con los bonistas hace que comience a amortizarse la deuda en el segundo semestre de 2024) lo hizo y lo plantea hacer con plata que le dio y le daría el mismo organismo internacional: primero las dos cuotas de 2021 con la ampliación de los DEG, y las de 2022 en más, cumpliendo las condicionalidades del Fondo, con lo que cada vencimiento se refinancia a diez años.

Calendario anual de vencimientos.
Acuerdo con el FMI de la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández

AÑO                  MACRI                FERNANDEZ
2022                 17.982                       486
2023                 19.356                   1.443
2024                   4.871                   1.763
2025                                                1.797
2026                                                2.948
2027                                                6.548
2028                                                8.467
2029                                                8.548
2030                                                8.248
2031                                                7.949
2032                                                6.498
2033                                                2.599
2034                                                   381
TOTAL                42.209               57.675
En millones de dólares. Elaboración propia en base a los acuerdos firmados con el FMI.

Imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno de Alberto Fernández afrontó la lucha contra la pandemia de Covid-19 gracias al sacrificio de su personal de salud, pero el costo fiscal fue enorme. Hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, asistir a la población, comprar y distribuir vacunas, etc., etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) de 2020 fue del 6,37% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 24.000 millones de dólares).

En 2021 se logró reducir fuertemente el déficit al combinar un severo ajuste fiscal con la mayor recaudación tributaria, fruto del crecimiento del PIB del 10,3% con respecto al año anterior, según el INDEC.

En 2020, aproximadamente el 60% del déficit primario lo financió el BCRA y el 40% restante se colocó títulos de deuda en pesos ajustables, fundamentalmente y en forma mayoritaria por precios (por el CER-Coeficiente de Estabilización de Referencia y por dólar linked (títulos que ajustan su capital en base a la evolución de la cotización del dólar oficial, pero se compran y venden en pesos). En 2021, la proporción se revirtió y en forma más que proporcional, al incurrir en el financiamiento a través de la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno, que ronda el 70% del total.

El problema es que el stock de títulos en pesos en el mercado interno, al ajustarse fundamentalmente vía precios, conforma en la actualidad un total de 10,6% del PIB (en pesos, pero equivalente a 44.400 millones de dólares), suma que a medida que no se controla la inflación, se torna más creciente y, por supuesto, beneficia a sus tenedores.

¿Quiénes son los principales compradores de esos títulos? Las grandes empresas y sus dueños. Obviamente, esas grandes empresas y sus dueños son los que en esos años se beneficiaron con la compra de dólares sin límite y sin control por parte del gobierno de Cambiemos.

Paralelamente, el BCRA liquidó las reservas internacionales del superávit comercial de 2020 y 2021, e incluso en lo que va del año 2022, vendiéndole dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que se lo piden para pagar supuestas o reales deudas, para adelantar el pago de las importaciones y para transferir las utilidades del ejercicio a sus casas matrices en el exterior. El FMI, que limita la emisión monetaria para financiar al Tesoro de la Nación, en cambio, no observa ni advierte que se debe limitar severamente el pago de intereses y capital de la deuda externa privada.

Tampoco el FMI dice ni mu sobre los adelantos a las importaciones, giros de utilidades y nada que sea condicionante para las nombradas que, mayoritariamente, son las mismas que figuran entre los grandes compradores de divisas en la gestión de Cambiemos y en todos los tiempos, al menos, desde la última dictadura militar a la fecha.

En la Argentina, las paralelas se cruzan y se retroalimentan porque cualquier pretexto es bueno para generar incertidumbre y, de esa manera, lograr que se disparen los distintos dólares paralelos (MEP o dólar bolsa, contado con liqui, blue, etc.), presionando a la suba del precio de las divisas. Para frenarla, que suba la tasa de interés a fin de remunerar los excedentes líquidos de esas grandes empresas, de los bancos y de sus dueños.

El resultado es una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados, productores ligados al mercado interno, entre otros, a favor de los “que no quieren ni siquiera que se los nombre”. No sea cosa que en lugar de pensar que existe una casta política (que existe y es funcional al poder económico), subsiste una casta empresarial que a veces se hace ver con frases rimbombantes, como la pronunciada por Federico Braun en la reunión del Hotel Sheraton.

Por el lado de los bancos, el negocio es utilizar su “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para funcionar y captar depósitos del público, darse vuelta y sin ningún riesgo prestárselo al mismo BCRA, con una ganancia que es en pesos, pero que este año no va a ser menor de 1.500 millones de dólares (por la diferencia de las tasas de interés que le cobran al BCRA y la que le abonan a sus depositantes). Utilizan como chantaje los más de 12 billones de depósitos en pesos que captan: si no les pagan más tasas de interés, pueden sugerir a sus clientes que llegó la hora de pasarse el dólar.

Por el lado de los acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, e incluso de los grandes actores de la extracción y comercialización del gas y del petróleo (con sus derivados de nafta y gasoil), pasa lo mismo. Extorsionan que si no se les concede el incremento en el precio del dólar con el que liquidan sus exportaciones, las retienen –como tantas veces lo han hecho– y, por supuesto, remarcan sus ventas al mercado interno al valor del dólar que pretenden.

Obviamente, sin una Junta Nacional de Granos y de Carnes, sin una YPF 100% estatal –como la que captaba la renta hidrocarburífera y era testigo de costos y precios–, sin que el gobierno aplique las leyes vigentes, como la 20.680 de Abastecimiento y otras que defienden al consumidor, que transparentan las operaciones y ponen límites a la cartelización de los principales productos de los principales mercado, se les hace el campo orégano.

Se cruzan, se retroalimentan, y colisionan

Sin embargo, la incertidumbre generada tiene sus consecuencias, máxime en el marco en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a subir su tasa de interés. Es lo que se llama “el retorno a la calidad”, que hace que se desarmen posiciones en títulos y valores de los llamados países emergentes, e implica, por ejemplo, que el bono Rep. Arg. C/Descuento USD 8,28% 2033 y todos los demás bonos que fueron canjeados en agosto de 2020 por la deuda impagable dejada por la gestión de Cambiemos coticen a la baja. En el caso mencionado, el pasado miércoles 15 en la Bolsa de Nueva York su valor era de 51,20 dólares la lámina de 100, cuando en septiembre de 2020 su valor era de 61,10 dólares.

Larry Fink, que se jacta de la participación de BlackRock en el capital accionario de YPF S.A., en el holding Techint, en Glencore (Viterra S.A.), en los bancos Santander, BBVA, Galicia y Macro, etc., está perdiendo fortunas con el canje de títulos realizados con la Argentina el 31 de agosto de 2020.

Finalmente, la extranjerización realizada en la Argentina hizo que grandes empresas locales deban compartir el directorio con capitales financieros, e incluso, conformando una red global que toma decisiones que benefician al holding y cada vez más lejos del país. Mal pueden ser tomadas, como pretenden los “desarrollistas” actuales, como burguesía nacional.

A la par, la disminución del poder adquisitivo de nuestra población por la creciente inflación disminuye el consumo, y con ello la demanda agregada global, con lo que la economía nacional se frena y empuja a más gente a la pobreza y a la desesperación.

Por Horacio Rovelli

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