Mucho se habla sobre los efectos de la bicicleta financiera durante el gobierno de Cambiemos y como los grandes fondos de inversión trajeron divisas para ganar millones de dólares mediante la especulación financiera, para posteriormente fugarlas. Pero poco se habla de los residentes argentinos más ricos que compraron millones de dólares y se lo llevaron fuera de la Argentina. Ambas son fuga pero tienen distinto origen.

Es importante aclarar que fuga y evasión no son lo mismo, aunque se encuentran profundamente relacionadas. Usualmente, se denomina fuga de divisas a la compra de dólares que luego son retirados del sistema financiero argentino. Esta actividad no es ilegal. En cambio, cuando hablamos de evasión, nos referimos a los mecanismos que se utilizan para no pagar impuestos. Esto sí es ilegal. La nueva ley para la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca encontrar a los grandes fugadores que evadieron impuestos.
Como ya explicamos desde OCIPEx, el marco normativo y regulatorio del sector financiero y cambiario durante el macrismo posibilitó un volumen de fuga de dinero de residentes argentinos por fuera del sistema sin precedentes.

Para evaluar el grado de liberalización y “permisividad” para fugar dinero, es necesario compararlas con el gobierno inmediatamente anterior (Cristina Fernándéz de Kirchner) y el que le siguió (Alberto Fernández). Según la cuenta de Posición de Inversión Internacional - que contabiliza las divisas que los residentes fugaron del sistema económico nacional- entre 2016 y 2019, el dinero fugado aumentó un 44% entre inversión de cartera, compra de divisas, compra de bonos y acciones en el exterior, entre otros. Este dinero no necesariamente fue producto de un ilícito pero, como explican numerosos especialistas, luego se utilizan mecanismos para no declarar este dinero y, en consecuencia, no pagar impuestos.

En este sentido, la tenencia de dólares físicos y depósitos en el exterior aumentó un 47% durante el gobierno de Cambiemos, mientras que en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que soportó fuertes presiones cambiarias, la variación fue de un 19%.

Entre el primer trimestre de 2016 y el último trimestre de 2019 la fuga de capitales aumentó en U$127 mil millones, mientras que durante el último mandato de CFK aumentó en U$17,7 mil millones. Según datos del Ministerio de Economía, la deuda externa total tomada durante el macrismo fue de U$82.410, un monto menor al dinero fugado del sistema por los residentes argentinos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el gobierno de Macri la compra de dólares (físico y depósitos) fue de U$86.000 según los datos del banco central. Esto explica el crecimiento de un 47% de la tenencia de monedas y depósitos de argentinos fuera del sistema entre el 2016 y el 2019.

Quizás el dato más gráfico sobre la fuga es el sideral aumento del 66% de la inversión financiera o de cartera de argentinos en el exterior durante el gobierno de Mauricio Macri. Tanto la compra de divisas y la inversión de cartera en el exterior son actividades donde la nueva ley debe investigar si se utilizaron mecanismos para fugar divisas y evadir impuestos.

 Desde OCIPEx, entendemos que este marco de situación no es un resultado casual, sino que es producto de las decisiones políticas del gobierno de Cambiemos.

Juntos por las offshore

La relación de los funcionarios del gobierno de Cambiemos y los principales empresarios del país con el entramado de cuentas e inversiones offshore es quizás una de las principales explicaciones de porque los senadores del PRO se oponen a perseguir a los evasores y fugadores.
Hay más de dos docenas de altos funcionarios de la gestión Cambiemos que declararon acciones, depósitos o títulos offshore, como otros que no las declararon. Empezando por Mauricio Macri, al que se le descubrió a través de los Panamá Paper, que era directivo de la offshore Fleg Trading Ltd y de Kagemusha SA. En esta misma línea, su entonces Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, es investigado por la Justicia por negociaciones incompatibles con la función pública por haber autorizado la toma de deuda pública a través de su ex empleador, el Deutsche Bank. Este ex funcionario, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, era accionista de este banco extranjero, al cual utilizó como mediador para la colocación de deuda mientras era Secretario de Estado. Además declaró tener títulos en el exterior de la empresa Laguna I9 LLC, registrada en Delaware, una de las principales guaridas fiscales del mundo.

Como Macri y Bausili, otros ex funcionarios macristas como, Nicolás Dujovne (Florentine Global), Luis Caputo (Princess International Group, Affinis Partners II, Noctua Partners), Juan José Aranguren (Shell Western Supply and Trading Limited; Sol Antilles y Guianas Limited), Javier Iguacel (Pluspetrol Angola Corporation), Daniel Chain (Greenwar Corp en Bermudas y Sun Life Financial Investments en Delaware) y Gustavo Arribas (Haz Sports Agency) radicaron empresas e inversiones en el extranjero.

No sorprende tampoco que Alfonso Prat Gay, ex Ministro de Hacienda y Finanzas durante el macrismo, publique en La Nación una nota en contra de un proyecto de ley que apunta a buscar potenciales evasores offshore para pagar la deuda con el FMI: además de ser director de una empresa offshore, Hakluyt International Advisory, sino que ha declarado cuantiosas sumas en el exterior.

Como bien se sabe, tener cuentas, inversiones o empresas en el exterior no es ilegal. Tampoco a eso apunta el proyecto presentado por el Frente de Todos en el Senado. Sin embargo, estas estructuras financieras en países que son guaridas fiscales sirven para evadir impuestos, porque su marco normativo es opaco y el secreto bancario lo permite.

Los grandes empresarios argentinos también hicieron uso y abuso de la creación de estructuras offshore. Paolo Rocca (Techint) en Panamá; Marcelo Mindlin (Pampa Energía) en Chipre; Marcos Galperín (Mercado Libre) en Panamá e Islas Vírgenes Británicas; Nicolás “Nicky” Caputo (Grupo Caputo y Mirgor) en Florida; Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) en Islas Vírgenes Británicas; mismo destino que Alejandro Roemmers (Grupo Roemmers); y Gregorio “Goyo” Pérez Companc (Molinos Río de la Plata) en Panamá, sólo por nombrar algunos de los más importantes.

Tan imbricado es el nexo entre la cúpula empresarial argentina y las offshore, que la reciente divulgación de los Pandora Papers, el ICIJ reveló que de las 10 principales fortunas familiares del país, 9 figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. Si, 9 de 10. 

Además, varias de las empresas más importantes del país, y sus principales directivos y propietarios, adquirieron millones de dólares entre 2016 y 2019 que exceden su capacidad de compra, de acuerdo a sus declaraciones juradas y balances. Para determinar si el dinero fugado cumplió con la ley será imprescindible el trabajo conjunto entre el Banco Central con la AFIP, la UIF y la CNV para establecer cuántas personas y empresas compraron dólares en el período, y cuantas pueden justificar la cantidad adquirida.

También será necesario dar cuenta del destino de esos dólares, particularmente prestando atención al período entre el primer desembolso del FMI y el final del gobierno de Mauricio Macri, dónde hubo niveles de fuga de divisas récord en la historia argentina.  

El que la fuga (y evade) la paga

En este momento, se debate un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, presentado por senadores del Frente de Todos, que apunta a conformar un fondo en dólares con dinero de quienes cometieron el delito de evasión fiscal con dinero fugado al exterior. Tal como explicamos en OCIPEx, la tríada deuda, fuga y evasión esta profundamente ligada, y es una problemática que afecta inclusive a las principales naciones del mundo. Organismos internacionales como el FMI y la OCDE, así como algunas de las principales potencias del globo, como EE.UU. y Gran Bretaña, han manifestado su preocupación, e inclusive han desarrollado políticas específicas para penalizar a aquellos que fugan recursos a cuentas y empresas offshore radicadas en guaridas fiscales, con el fin de evadir y eludir.

El proyecto de ley incluye el levantamiento del secreto bancario y nuevas atribuciones para controlar de la AFIP como la inclusión de la figura de “colaborador”. Estos instrumentos son necesarios para determinar no sólo cuál fue el destino del dinero fugado, sino el origen y legalidad del capital para hacerse de los dólares fugados. Será clave entrecruzar declaraciones juradas, patrimonios, balances comerciales, estados bancarios y transferencias, para determinar la legalidad de estas operaciones.

Este es un problema que afecta a toda la sociedad. Cada argentino y argentina se está haciendo responsable, con su esfuerzo cotidiano, para superar las consecuencias económicas de la doble pandemia del macrismo y el COVID-19. Unos pocos son los que obtuvieron cuantiosos beneficios, unos pocos fugaron y evadieron el fruto del esfuerzo de todos. Es hora de que los que la fugaron, y evadieron, paguen.

Nota: eldestapeweb.com