A lo largo de los años, Rusia ha sabido posicionarse como un remarcado proveedor de armamento y sistemas de armas en América Latina, ampliando su perfil comercial en la región. El papel que adquirió supo incomodar a otros vendedores mundiales como Estados Unidos, China o Francia, y el componente militar ha representado una amenaza en el “patio trasero” norteamericano y sus intereses particulares. Argentina es un claro ejemplo de esta dinámica, que ha tenido en cuenta a Moscú como proveedor en materia de defensa en algunas ocasiones. Sin embargo, los vínculos bilaterales en la actualidad lograron ponerse en stand by en cuanto a las ofertas de material ruso para las Fuerzas Armadas argentinas, puntualmente con la materialización de la invasión a Ucrania. Las distintas ofertas y negociaciones en curso se detuvieron -y en ciertas ocasiones se limitaron-, obligando a la Argentina a diversificar sus proveedores y hasta poner un freno en la planificación de modernización de ciertas capacidades. 

Un claro ejemplo del estancamiento de las negociaciones con Rusia es el del trabajo de media vida (o ICM) de los motores de los helicópteros Mi-171E. Cabe destacar que durante el 2020, la Fuerza Aérea Argentina se encontraba en proceso de negociación con el fabricante de los Mi-171E “Russian Helicopters” con el objetivo de avanzar en diversos proyectos, tal y como la reparación de los motores. El entonces titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, fue quien notificó el avance de estas gestiones, ya que los Mi-171E habían alcanzado las 2.000 horas de vuelo, motivo por el cual debían ser sometidos a inspección. Sin embargo, estos trabajos se vieron estancados con la llegada de la pandemia por Covid-19 y no lograron cumplimentarse a tiempo. 

Hacia marzo del 2021, el Ministerio de Defensa tenía un mayor interés en cumplimentar el pedido original de las 5 unidades de Mi-171E con Rusia (ya que en el año 2010 se adquirieron solo dos unidades), con el objetivo de proveer un mayor soporte logístico sobre la Patagonia argentina y el puente antártico. Sin embargo, esta negociación tampoco prosperó. En este contexto, mantener a los Mi-171E en reparación generó, entre otras cosas, que la Campaña Antártica de Verano (CAV) actual no cuente con el despliegue de estas unidades en el Continente Blanco, imposibilitándolos a prestar un servicio fundamental como es el soporte a las Bases Argentinas en el área. 

Lo que comenzó como un impedimento producto del Covid-19 es ahora una cuestión mayor: la recuperación de los Mi-171E se encuentra en ciernes a causa de la guerra en Ucrania, generando que este tipo de negociaciones se entorpezcan aún más. 

Otro claro ejemplo del estancamiento de las tratativas bilaterales en materia de defensa es la oferta de Moscú de los vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) 8×8 BTR-80 y BTR-82A para la Argentina. Por un lado, el BTR-80 entró en servicio en 1986 reemplazando a los antiguos BTR-60 y BTR-70, y actualmente es utilizado por otros países como Venezuela. Cuenta con un motor diésel KamAZ-7403 de 260 HP, que le permite alcanzar una velocidad en carretera de 80 km/h. También posee capacidades anfibias, y su nivel de protección le permite resistir impactos de armas de calibre 7.62mm y 12.7mm. Por otro lado, el BTR-82A es un modelo modernizado del mencionado BTR-80, el cual incrementó su movilidad y potencia de fuego, está dotado de un nuevo motor KamAZ-740.14-300 de 300 HP de potencia y una nueva mira combinada diurna/nocturna TKN-4GA-01 en términos de armamento. 

La Federación Rusa ofrecía un plazo estipulado de entre 3 y 4 años para concretar el emprendimiento, asegurando una producción anual de 30 unidades a partir del cuarto año, ya que incluía la instalación de una fábrica en la Argentina para la confección de estos vehículos. Asimismo, la oferta comprendía la transferencia de tecnología, know how y procesos industriales. Sin embargo, pese a que esta clase de VCBR nunca terminó de convencer a la cartera de defensa a nivel técnico, el contexto internacional promovió que el mero debate sobre su adquisición sea directamente sacado de órbita. 

Lo mismo sucedió con las aeronaves Mig-35, una propuesta por parte de la Federación Rusa que se convirtió en una enorme incógnita para la Fuerza Aérea Argentina. A principios del 2021, Moscú buscaba dotar a la Argentina de un lote de 12 aeronaves Mig-35 y Mig-35D, oferta que fue redoblada a mitad de año al incluir la creación de un centro de mantenimiento en el país para esa aeronave (junto al entrenamiento de técnicos, pilotos e ingenieros de la mano del personal ruso). Hacia diciembre del 2021, Francisco Cafiero viajó a Moscú para profundizar la cooperación técnico militar bilateral y visitó la fábrica rusa Rosoboronexport, acompañado de oficiales de la FAA. El motivo de su visita radicó en entrevistarse con el viceministro ruso para la Cooperación Militar Internacional y otras autoridades de las fuerzas armadas sobre la posible compra de los Mig-35. Sin embargo, la decisión de Argentina sobre qué aeronave comprar se mantuvo en suspenso, y el negocio con Rusia en etapa de evaluación. El estado de la situación al día de hoy se mantiene exactamente igual, o hasta más incierto que meses atrás si se tiene en cuenta la guerra en Ucrania, hecho que genera un mayor escepticismo en la Argentina en cuanto a la posibilidad de avanzar en una negociación con Rusia.

Pero al incierto y ambiguo entorno internacional se añade un nuevo factor decisional para la Argentina, que reduce aún más sus chances de concretar negocios con la Federación Rusa: la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones, también conocida como CAATSA. Esta ley federal por parte del gobierno norteamericano entró en vigor en el año 2017 e impone sanciones económicas a países como Irán, Corea del Norte y, puntualmente, Rusia. Su objetivo principal es “contrarrestar” las agresiones percibidas contra el gobierno de los Estados Unidos evitando que las empresas estadounidenses concreten negocios con entidades sancionadas. Pero esta ley también prevé posibles penas para países que realicen transacciones con Rusia, Corea del Norte e Irán, y es aquí donde la intrepidez de Argentina debate entrar en juego. Tras la aprobación del CAATSA, las exportaciones rusas de armamento y equipamiento para las Fuerzas Armadas latinoamericanas cayeron un 26% entre el 2017 y el 2021, una tendencia que la guerra en Ucrania profundizó. La presión de Estados Unidos y de Occidente en general logró disuadir a actuales y potenciales compradores de Rusia, que de hacerlo se enfrentarían a múltiples sanciones. Al estar inserto en el hemisferio, Argentina lidia con mayores tensiones de solo pensar en incorporar material ruso. 

En resumidas cuentas, lo que comenzó como una respuesta para la Argentina en la incorporación y mejora de las capacidades de defensa es, al día de hoy, un problema más que una solución. El contexto internacional no permite perfilar a Rusia como posible proveedor de la Argentina, e impide que el país termine decantándose por adquirir estos tipos de sistemas más allá de sus beneficios específicos para las Fuerzas Armadas, mucho menos si se tiene en cuenta la presión diplomática que existe hoy día hacia quienes mantienen vínculos con Moscú. 

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