La empresa Arcor, de la familia Pagani, concentra el 40,8% del mercado de la producción de alimentos con 16 marcas distintas. En el caso de los lácteos, ostenta el 57,4% del mercado, con dos marcas. Y en los enlatados, suma el 70,7% con cinco marcas. Tras identificar 46 sociedades distribuidas entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluyó que el patrimonio individual de toda la familia Pagani ascendía a los 5.719 millones de dólares para febrero de este año, tal como puede leerse en la investigación Estructura corporativa y riqueza en la Argentina (CEPA – Fundación Friedrich Ebert), publicada esta semana.

El dato no es menor ya que habla del poder de fuego de una gran corporación a la hora de eludir las regulaciones del Estado que terminan incidiendo en el bolsillo de la población. En lo que va del mes, empresas como Arcor y Molinos Río de la Plata (Pérez Companc), otro de los pulpos alimenticios del país, enviaron listas de precios a los grandes supermercados con aumentos del 7% en promedio, sin justificar ninguna estructura de costos. En algunos productos que estaban en Precios Cuidados al 7 de abril y luego salieron del programa, las nuevas listas marcan subas del 40%.

Según los referentes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a las grandes cadenas de comercialización, ambas compañías también retacean el envío de los productos incluidos en Precios Cuidados. “Si les pedimos 10, nos mandan 3”, denuncian desde ASU.

“Quieren producir menos y ganar mucho. El mercado y los formadores de precios olfatean cierto escenario de debilidad, estamos retrocediendo a los momentos de inestabilidad del año pasado”, afirman desde un sector del Gobierno.

No es menor la incidencia de los jugadores concentrados en la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Instrumentos que no alcanzan

La inflación de abril estará cerca del 6% y la espiral anual ya orilla los 60 puntos. El poder de regulación del conjunto de precios por parte del Estado, con los instrumentos actuales, carece de contundencia.

Al comienzo de la semana, el Gobierno oficializó el aumento de la telefonía celular y los servicios TICs en un promedio del 9%. Sin embargo, este guarismo será aplicado solamente por las pymes y cooperativas que no judicializaron el DNU 690/2020. Las grandes jugadoras del mercado ya oficializaron alzas mayores. Por caso, Movistar (grupo Telefónica) anunció una suba del 12,6% para mayo, cuando en febrero había aplicado un 16%, mientras que Claro y Telecom-Clarín acumularían un incremento del 30% para el primer semestre del año. La cautelar que favoreció a Telecom y el resto de las operadoras que judicializaron el DNU se renovó por seis meses.

La guerra contra la inflación viene escasa de instrumentos. El Fideicomiso para bajar el precio del pan, anunciado hace casi un mes, recién tendría efectividad plena a partir de esta semana, aunque la molinería quiere pararse de manos. Al cierre de la semana, evaluaba si participaría del programa para bajar el precio del pan o no. Es que tienen una disputa casi personal con Comercio interior.

Cuando escaló la guerra entre Rusia y Ucrania, y el precio de los alimentos inició un nuevo camino de alza, Feletti le solicitó a este sector que bancaran un poco el traslado del precio internacional del trigo a su producción. No lo hicieron. Y el argumento fue que eran un grupo muy atomizado de empresas y que no podrían ponerse de acuerdo. Fue ahí cuando el secretario de Comercio interior hurgó entre los expedientes de Defensa de la Competencia y encontró un caso donde un grupo de molinos pisó el precio de la harina para sacarse de encima competidores.

“La Federación Argentina de la Industria Molinera, la Cámara de Industriales Molineros, la Asociación Pequeñas y Medianas Industrias Molineras y la firma Molino Cañuelas idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo configurando una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible”, puede leerse en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 1° de abril. El expediente era del 2014.

Es decir, atomizados para algunas cuestiones y concentrados para otras. Según un trabajo sectorial del Ministerio de Economía, el 4,7% de los molinos – con una molienda superior a 100.000 toneladas- concentró el 50,4% de la producción, de los cuales una sola empresa acumuló el 23,7% del total. ¿Cuál fue esa compañía? Molino Cañuelas, de la familia Navilli, que el año pasado tuvo que solicitar un concurso preventivo de acreedores por una posible maniobra espuria similar a la de Vicentin por 1.300 millones de dólares.

Remarcar por las dudas

“Hay una imposibilidad para el Gobierno de alinear las expectativas del sector privado con las suyas porque los empresarios leen los informes de Melconian, Broda, y se retroalimentan”, analiza un integrante del Gobierno. Apuestan a la teoría del caos. Llevado al terreno de los precios, es remarcar por las dudas o por lo que estiman que será la inflación que ellos mismos contribuyen a generar. Por eso las grandes marcas de alimentos enviaron listas con subas del 7%, según describieron desde ASU. ¿Quién alimenta al monstruo?

“Hay que quebrar la inercia inflacionaria desindexando la economía, eso es vital para evitar reproducirla y generar una mayor inflación de costos. La expectativa de una mayor inflación y devaluación, genera conductas defensivas y temores de mayores costos de reposición de mercaderías”, analiza Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central, quien también sugiere tomar “lo mejor” del Plan Austral (1985), el Plan de Convertibilidad (1991) y el implementado en 2002-2003 para domar la inflación. “Una estrategia antiinflacionaria tiene costos, pero es peor no afrontar de raíz el problema”, agrega.

Una variación de precios cercana al 60% anual será otro mazazo para los trabajadores y trabajadoras. Esta semana, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI ratificó que los objetivos entre el Gobierno y el organismo –déficit, emisión y reservas – no se modificarán pero sí habrá una recalibración de la inflación. Lo escrito en el memorándum de entendimiento era una proyección que iba del 38 al 48% anual. Dicho acuerdo había nacido viejo, no solo por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino porque ya se proyectaba que el piso de inflación iba a ser de 50 puntos.

Tampoco hay garantías que los objetivos se cumplan. “El anuncio del paquete de ayuda a los ingresos disparó la idea de que las metas no se van a cumplir y que habrá mayor emisión. Tal como está dada la evolución actual de las Reservas del BCRA, llevará al incumplimiento de la meta, incluso con el dinero extra que ingresó del FMI, y eso genera mucha expectativa de salto devaluatorio del tipo de cambio oficial”, explica Agustín D’Attelis, jefe de asesores de Leandro Santoro.

Según el último informe de la Consultora Sarandí, que coordina el economista Sergio Chouza, las mayores erogaciones para jubilados, trabajadores informales, monotributistas, la ampliación de la tarjeta alimentar más nuevos gastos en energía, le demandarán al Estado un costo fiscal extra del 1,2% del PBI. Ante este escenario, Chouza afirma que, o se le deberá pedir un waiver al Fondo para fin de año, o se deberá aprobar sí o sí el impuesto a la renta inesperada, con un potencial recaudatorio del 0,41% del PBI. “Es una tarea delicada para que la cuestión pueda prosperar sin traspiés”, afirma un relevante integrante del equipo económico.

Como sucedió con los instrumentos de la guerra contra la inflación, el proyecto del impuesto a la renta inesperada se anunció con tanto tiempo de anticipación como para que el lobby la UIA y AEA vaya permeando. Y ni hablar de la rosca parlamentaria.

Fuga importadora

El tema de las reservas internacionales es clave. Desde la autoridad monetaria enfatizan que este mes las importaciones volverán a ubicarse en los 7.000 millones de dólares. Con este ritmo, el saldo comercial que quedará a fin de año será exiguo. Un asesor del área industrial dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo argumentó que existe un vacío legal en el manejo de las importaciones y que el Congreso debería darle al Poder Ejecutivo herramientas más sólidas para la administración del comercio exterior.

El año pasado, varios importadores solicitaron cautelares para acceder a dólares frenados por las Licencias No Automáticas. Los tres juzgados donde suelen caer estos casos dentro del fuero contencioso administrativo son el de Enrique Lavié Pico, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre y Pablo Cayssials. Los tres magistrados autorizaron cautelares por 1.100 millones de dólares de los cuales los importadores solo trajeron en mercadería 600 millones.

Si bien el monto no parece ser tan representativo de todo lo que se importa en el año en bienes de capital, el dato es una foto en movimiento: existe una porción de la fuga de capitales que ocurre por el lado de las importaciones. También hubo grandes empresas que, sin recurrir a cautelares, se sobreestockearon de importaciones. Apostaban a una fuerte devaluación (que no ocurrió, por ahora) en las postrimerías del acuerdo con el FMI.

Quizás no estuvo tan errado Feletti cuando sugirió, a principios de abril, que el gobierno debía ir hacia una mayor regulación de las importaciones y de todo el comercio exterior.

Por Sebastián Premici para El Cohete a la Luna