Horacio Rosatti batió su propio récord: de autovotarse para presidir la Corte Suprema ahora se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura. Lo hace en base a una ley que lleva 15 años derogada: en las facultades de Derecho deberán aggionar sus bibliotecas para explicarlo.

El mismo Rosatti también se desmintió a sí mismo. Cuando fue a defender su pliego en el Senado, previa aceptación de ser nombrado por decreto por Mauricio Macri, dijo: “El juez no debe convertirse en legislador. No debe invadir los otros poderes de Estado”. Acaba de hacer ambas.

La situación la definió el viceministro de Justicia Juan Martín Mena: la Constitución no previó que la Corte Suprema no la cumpla. No hay mecanismo institucional para remediar que 3 hombres, dos (Rosatti y Carlos Rosenkrantz) que aceptaron integrarla a dedo y uno (Juan Carlos Maqueda) nombrado por un senador en ejercicio de la presidencia, la ignoren y den un golpe institucional. El cuarto cortesano (Ricardo Lorenzetti) tuvo el tino de pedir una licencia para no firmar el fallo que concreta el copamiento del Consejo de la Magistratura pero en realidad es mucho más.

El hecho es la toma por asalto del organismo que selecciona y sanciona a los jueces; la cuestión es mucho más compleja, ya que la Corte interfiere en los otros poderes con la espalda del poder real, el gran empresariado nacional y extranjero.

El establishment nacional le marcó el camino a Rosatti. Es el segundo presidente consecutivo de la Corte que pone Clarín, que a mediados de 2021, cuando anticipó su designación en la pluma de su editor general Ricardo Kirschbaum, dijo que “no es una buena noticia para los planes judiciales de Cristina”. Eso se publicó en la editorial del diario, la palabra de la empresa. Todos los zócalos y titulares vinculados a la maniobra dicen “Golpe a Cristina”. Si tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro.

Clarín es más que una empresa: es la vocería de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad de lobby de los mayores empresarios del país pergeñada por Héctor Magnetto y Paolo Rocca, de Techint. Clarín, La Nación e Infobae fueron los voceros del apoyo del establishment. Sus plumas son los escribas de turno, pero los que hablan son sus financistas.

Pero la clave estuvo en la declaración conjunta de la Cámara de Compañías de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Colegio de Abogado de la calle Montevideo que nuclea a los poderosos buffetes de la city porteña que patrocinan empresas y represores y el coloquio de IDEA, la entidad de lobby del gran empresariado local. ¿Qué interés tienen las empresas estadounidenses en como se selecciona y remueve a los jueces? ¿Y los estudios de abogados de represores y grandes empresas tanto argentinas como extranjeras? ¿Y el grupo de lobby del empresariado? Negocios.

Esa declaración muestra que la movida de la Corte no es un tema judicial, es un tema económico. La tarea de los medios vinculados a ese poder económico es separar esta maniobra de los precios, simular que temas como el Consejo de la Magistratura y la inflación son compartimentos estancos. Pero los que mueven hilos saben de donde salen. La Corte no avanzó a ciegas ni sola. Y esto es mucho más que la Corte contra la Constitución.

Esta situación revela que el problema no estaba sólo en los sótanos de la democracia, sino que estaba y está también en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, guarida de la Corte. Y que tanto los sótanos como el cuarto piso son herramientas de poderes mayores.

Por Ari Lijalad para El Destape