La destrucción del empleo formal durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador preocupante: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario, una caída del 6 por ciento. En el mismo período, 39.488 empresas dejaron de acreditar los salarios de sus trabajadores a través de entidades financieras, también un retroceso del 6 por ciento. Los datos surgen del último informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central, analizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundido por la diputada Julia Strada.
La cantidad de cuentas sueldo pasó de 10.511.100 en diciembre de 2024 a 9.885.099 en agosto de 2026. Mientras tanto, las empresas que utilizan el sistema bancario para pagar remuneraciones disminuyeron de 662.181 a 622.693. La magnitud del retroceso refleja el deterioro del empleo registrado y permite aproximarse a la reducción del universo de empleadores formales. Sin embargo, no significa necesariamente que todas esas empresas hayan cerrado: algunas pudieron dejar de operar, reducir sus planteles o trasladar trabajadores hacia modalidades informales.
El fenómeno coincide con otras estadísticas oficiales que muestran una contracción persistente del mercado laboral. Según un relevamiento de CEPA elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país. La reducción equivale al 4,4 por ciento del empleo comprendido en ese registro, que pasó de 9.857.173 trabajadores a 9.419.562.
La pérdida de puestos laborales estuvo acompañada por una disminución del número de empleadores. De acuerdo con la misma fuente, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de figurar 32.290 unidades productivas en los registros de la SRT, una contracción del 6,3 por ciento. La cantidad pasó de 512.357 a 480.067. Se trata de un indicador diferente al de las empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, aunque ambos exhiben una trayectoria descendente.
La provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte fundamental de la actividad industrial argentina, sufrió especialmente este proceso. Según el Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 empleos registrados en unidades productivas, equivalentes al 25,9 por ciento de la reducción nacional. Durante ese período también desaparecieron 9.151 empresas del registro provincial, una disminución del 6 por ciento.
La crisis laboral también se refleja en el aumento de la informalidad. Según el informe de CEPA y el Observatorio Económico bonaerense, elaborado con datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, el 45 por ciento del empleo nacional se encontraba en condiciones informales. En la provincia de Buenos Aires, la proporción alcanzaba el 47,5 por ciento, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Estos números muestran que el problema no se limita a la pérdida de puestos de trabajo, sino que también comprende el deterioro de las condiciones de contratación.
Respecto de los conflictos laborales, un relevamiento de CEPA, construido a partir de información periodística y sindical, identificó al menos 953 casos entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026. La industria concentró el 65,3 por ciento de los episodios, particularmente en actividades textiles, alimenticias y metalúrgicas. Los despidos representaron el 53,7 por ciento de los conflictos, mientras que los cierres empresariales explicaron otro 17,5 por ciento.
El informe advierte, además, sobre un agravamiento de las situaciones empresariales. Los cierres, quiebras y concursos preventivos pasaron de representar el 6,2 por ciento de los conflictos relevados durante 2024 al 17,6 por ciento en 2025 y al 39,9 por ciento en 2026. Durante el segundo semestre de este año, esas situaciones concentraron el 56,5 por ciento de los casos registrados.



























