Bajo la impronta de Sarmiento y Juana Manso, una de las discusiones más importantes con relación a la ley de educación pública, laica y gratuita a fines del siglo XIX, fue si el Estado debía financiar la educación de los hijos de las familias trabajadoras. Ese fue uno de los mayores logros para hacer de la igualdad un principio menos etéreo en la Argentina, desplazando el modelo bajo el cual sólo se educaban los hijos varones de las clases altas, que además pagaban a hijos de familias trabajadoras para que hicieran el servicio militar en lugar de los suyos.
Varios fueron los intentos a lo largo del siglo XX por cercenar esas conquistas, sobre todo en dictaduras. Por ejemplo, Onganía intervino por decreto las universidades con el argumento de que eran reducto de la subversión, y su secretario de Educación, José Astigueta, proyectó en 1968 modificar sensiblemente la ley, para dar mayor participación en la educación al ala conservadora de la iglesia y a instituciones privadas. Ese año se creó el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, pieza esencial en el armado represivo que se estaba gestando y que tenía como arma principal la picana y la tortura para obtener información de la oposición política. En ese mismo año también se dictaron los reglamentos secretos militares que contemplaban la imposición del terror, el secuestro y la tortura sobre quienes consideraban marxistas, subversivos, zurdos.
Cuando se piensa en la última dictadura, las desapariciones y los campos de tortura y exterminio eclipsan otros crímenes, como el plan económico, los miles de exiliados -internos y externos-, los declarados prescindibles por motivos ideológicos, los ataques a las villas y los pueblos originarios, la vulneración de los derechos laborales y, sobre todo, los ataques al arte, a las ciencias y a la cultura y los millones de libros quemados en la hoguera porque eran perniciosos para el estilo de vida «occidental y cristiano» que, a la vista de la burguesía que comandó la dictadura, no era otro que el total disciplinamiento de los trabajadores, a los que necesitaban no sólo aterrorizados y desorganizados, sino también sumidos en la ignorancia.
A partir de ahí se entienden claramente los ataques, insultos y descalificaciones que realizan tipos como Jorge Macri y Milei, a quienes da terror ver a miles de personas manifestando por sus derechos. Las incursiones criminales a los barrios carenciados bajo el racista título «tormenta negra» que impulsa el jefe de gobierno porteño como bandera de su gestión y replicando prácticas dictatoriales -a lo que se debe agregar su ataque a la iglesia católica por dar de comer a gente en situación de calle-, o los ataques a la educación pública, discapacitados, migrantes y refugiados de parte del gobierno nacional, y los dirigidos a población carcelaria por parte de ambos, conforman una ristra de elementos fascistoides que se entrelazan peligrosamente con las persistentes represiones en manifestaciones, la utilización de la figura de terrorismo para quienes reclaman sus derechos y los proyectos de neto corte autoritario bajo el eufemismo de la seguridad.
Ser elegido por medio de los votos para ocupar cargos de gestión no da ningún derecho a violar los derechos humanos ni a oprimir a los sectores asalariados y los excluidos, por lo que poco a poco se acercan vísperas de ejercer el derecho de resistencia a la opresión, derecho que, como el francés, ningún pueblo debe resignar.
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