En una jugada inédita, la Corte Suprema de Justicia volvió sobre sus pasos y restableció los límites a la extranjerización de la tierra. La medida cautelar fue celebrada por el Gobierno, que considera que el nuevo fallo debilitará la avanzada opositora contra el DNU 70/2023. Sin embargo, los bloques de la oposición decidieron mantener en pie la sesión del próximo jueves 15, en la que buscarán completar el rechazo al decreto y avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto para mitigar el sobreendeudamiento de millones de argentinos. “Las tierras no pueden depender del humor de la Corte”, dijeron desde Unión por la Patria. El bloque impulsa un pedido de informes sobre las operaciones que podrían haberse concretado durante los diez días en que la decisión del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la compra del territorio nacional por parte de capitales extranjeros. Por su parte, el oficialismo pidió sesión el 21 de octubre para discutir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que incluirá los límites a la venta de tierras que quiso derogar vía decreto.
Tal como anticipó este diario, la decisión del máximo tribunal no modificó el plan de la oposición, que buscará sesionar y completar el rechazo al decreto con el que el Gobierno eludió el debate parlamentario para modificar más de 300 normas. La diputada cordobesa Natalia de la Sota definió al megadecreto como “una reforma constitucional encubierta impulsada por el presidente Javier Milei, que avasalla la separación de poderes y los principios republicanos”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada del Partido Obrero Romina Del Plá ratificó la convocatoria a la sesión del 15 y atribuyó el retroceso de la Corte al temor frente a la movilización y al repudio popular al fallo. “Este volantazo de la Corte Suprema de Justicia también tiene como objetivo sostener a Milei y defender el resto del DNU 70/23”, advirtió. Por eso, llamó a redoblar la movilización prevista para ese día y reclamó que Diputados complete el rechazo de todo el decreto.
Los dueños de la tierra
La marcha y contramarcha de la Corte abrió una ventana de diez días en la que cualquier extranjero quedó habilitado a comprar tierras sin ningún límite en nuestro país. Por eso, el diputado Sebastián Galmarini presentó un pedido de informes para saber qué ocurrió con las tierras rurales durante los diez días que separaron las dos decisiones de la Corte. Le reclama al Poder Ejecutivo que, en un plazo de treinta días, precise si el Registro Nacional de Tierras Rurales dejó de emitir certificados o de recibir solicitudes, si se comunicó a escribanos y registros que esos controles ya no eran exigibles y cuándo se reanudaron sus funciones. También pide identificar las operaciones escrituradas o inscriptas en ese período y establecer si alguna habría superado los límites de la Ley de Tierras, involucrado cuerpos de agua o afectado zonas de seguridad de frontera. La solicitud pone especial atención en los salares del norte, el acuífero guaraní y las cuencas y lagos patagónicos. El proyecto busca determinar qué pasó en ese intervalo.
Además, el diputado presentó un proyecto para modificar la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. “Si el Congreso no ratifica un DNU en 90 días, cae. Es el texto que el Senado ya aprobó en 2025 y que en Diputados quedó a dos votos”, explicó en su cuenta de X. La iniciativa propone que cada decreto aborde un solo tema. “Los DNU existen para urgencias del país. No para que la tierra de todos los argentinos dependa de una ventana de diez días entre dos fallos. Cuando la urgencia no es de todos, la oportunidad suele ser de pocos”, concluyó.
