El Gobierno siempre llega tarde a la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas. Luego de meses de silencio sobre el tema, el Ejecutivo comunicó este lunes que denunciará penalmente la existencia de una ruta aérea ilegal y de vuelos no autorizados por Argentina que realizaron empresarios británicos desde las propias islas usurpadas hacia Punta Arenas, en Chile. Lo hará luego de que se hizo pública una reunión de inversores en esa ciudad del país vecino, pero varios meses después de que trascendiera públicamente la cooperación comercial y logística desde el sur de Chile con el proyecto Sea Lion, que pretende robarse el petróleo del archipiélago.
A través de un comunicado oficial, La Rosada advirtió que iniciará procedimientos sancionatorios por las operaciones aéreas efectuadas por la firma aérea Thales UK Limited en esa ruta. Según indicó, los vuelos habrían sido realizados con una aeronave de matrícula británica sin contar con la autorización de las autoridades argentinas.
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, sostuvo el texto oficial.
El Gobierno también comunicó que promoverá un arbitraje con el Reino Unido previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con el objetivo de detener la explotación petrolera en las islas. De acuerdo con el comunicado, la iniciativa apunta a impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion y a evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X al difundir el comunicado. En la misma publicación acusó al Reino Unido de llevar adelante el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
También sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en esa zona resulta “contraria al derecho internacional” y genera un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos reclamados por la Argentina.
Asimismo, el Gobierno informó que intimó al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades relacionadas con la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.
“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su plataforma continental”, agregó el comunicado.
El texto concluyó con la siguiente definición: “La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”.
