“En Tierra del Fuego no contamos con un instituto”, advirtió Martín Luft sobre el régimen penal juvenil

El abogado de Río Grande, Martín Luft, analizó la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil y puso el foco en las dificultades que podría enfrentar Tierra del Fuego para su implementación, principalmente por la falta de infraestructura y equipos profesionales especializados.

En diálogo con FM La Isla, Luft se refirió al debate generado a partir de la decisión judicial que suspendió temporalmente la aplicación del régimen en la provincia de Buenos Aires. Explicó que el cuestionamiento no apunta a la constitucionalidad de la legislación, sino a la posibilidad concreta de aplicarla ante la falta de establecimientos adecuados para menores.

Al analizar la situación fueguina, el abogado consideró que existen dificultades similares. “En términos generales me parece que sí, yo no he leído que haya habido ningún tipo de inversión a gran escala para lograr un sistema que tenga el foco en la reinserción”, señaló. Además, sostuvo que sería necesario ampliar los equipos profesionales para responder a las exigencias del nuevo régimen.

Luft explicó que la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años no implica que los menores involucrados en cualquier delito deban ser enviados automáticamente a prisión. Para hechos con penas menores, la legislación contempla mecanismos alternativos como trabajos comunitarios, realización de cursos o reparación del daño ocasionado.

En el caso particular de Tierra del Fuego, sostuvo que la cantidad de delitos graves cometidos por menores representa un número reducido y señaló que, por el momento, no existen antecedentes provinciales bajo el nuevo régimen debido a su reciente entrada en vigencia.

Uno de los principales inconvenientes, según Luft, aparece ante aquellos casos en los que resulte necesaria una medida de privación de la libertad. “En Tierra del Fuego no contamos con un instituto”, sostuvo al referirse a la ausencia de un establecimiento preparado específicamente para garantizar las condiciones contempladas por la nueva normativa.

El abogado descartó que la solución pueda ser destinar un pabellón dentro de una cárcel común. Explicó que los menores no deberían compartir espacios con la población penitenciaria adulta y remarcó que se necesita un instituto acorde a sus necesidades y orientado hacia la reinserción social.

Finalmente, Luft planteó que la prevención de los delitos juveniles no depende únicamente de la aplicación del derecho penal. En ese sentido, consideró necesario avanzar con políticas públicas vinculadas con la educación, los clubes de barrio y otros espacios de contención, con el objetivo de brindar oportunidades y perspectivas de futuro a los jóvenes.