Un político de provincias decidió trasladar su residencia a Shenzhen —según algunos medios de comunicación—, ciudad chárter (charter city) ubicada en el sureste de China, reconocida como centro global de innovación tecnológica. Shenzhen constituye un espacio urbano dotado de reglas económicas y administrativas especiales, concebido para atraer inversión extranjera y ensayar reformas de mercado.
La ciudad fue pionera (1980); goza de un grado de autogobierno superior al de otras ciudades chinas, con la facultad de introducir instituciones de mercado como la bolsa de valores. Recibió inversiones extranjeras, en particular en manufactura avanzada (electrónica y químicos), y se consolidó como incubadora global de hardware; este fenómeno dio origen al concepto de «Shanzhai innovation». El político argentino que viajó no sólo se enfrenta a la necesidad de trabajar, sino que eligió un entorno moderno y replicable, convertido en caso de estudio.
El economista estadounidense Paul Romer (Nobel de Economía, 2018), planteó la posibilidad de que los países en desarrollo delegaran la administración de territorios poco poblados a regímenes institucionales alternativos, con el fin de estimular el crecimiento. Estas ideas inspiraron la creación de Próspera (2017), una ciudad con carta estatutaria situada en la isla de Roatán (Honduras), proyecto impulsado por una sociedad registrada en EE. UU. y dotado de un capital inicial proveniente de inversores de Silicon Valley como Peter Thiel y Sam Altman. Sin embargo, el éxito de Shenzhen depende de condiciones estatales y geopolíticas intransferibles: existe una diferencia sustantiva entre un espacio urbano con reglas económicas y administrativas especiales, y la erosión del Estado-nación.
Los episodios que invocan la soberanía y la comunidad son espectaculares, pero no siempre coherentes. Ciertas denominaciones no anticipan un porvenir: aplican una técnica de transferencia o pase en marketing, de modo que el objeto «herede» el prestigio o la emoción de un nombre, independientemente de su suerte real. Así ocurre con Próspera, vocablo que significa floreciente, aplicado a una zona de desarrollo económico cuya trayectoria no confirma esa herencia semántica, y coloca a la democracia en falsa escuadra.
Próspera no «cayó» de un día para otro, ni al «caer» permaneció yacente. Hubo un ciclo de creación forzada del marco jurídico, rechazo social, derogación legislativa incompleta, declaración de inconstitucionalidad y supervivencia de hecho, reabierto por el cambio de gobierno de 2026. La soberanía, en sentido político, es la capacidad de una comunidad de darse a sí misma el derecho sobre su territorio. Cuando esa capacidad se fragmenta, la comunidad no se vuelve «esclava» en un sentido literal, pero deja de ser dueña de la norma que la rige.
La idea se plantó en Honduras después del golpe de Estado (2009) contra Manuel Zelaya (Partido Liberal), en el gobierno de Porfirio Lobo (Partido Nacional) y con Juan Orlando Hernández —entonces presidente del Congreso, más tarde jefe de Estado (2014-2022), extraditado y condenado en Estados Unidos e indultado por Donald Trump— como pieza legislativa central. En 2012, un primer intento fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
El Congreso destituyó a cuatro magistrados (el llamado «golpe técnico»), recompuso la Corte y, mediante reformas constitucionales creó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). En Argentina, los frutos más aparatosos se llaman RIGI y Súper RIGI. «Próspera ZEDE», a la que el régimen otorgaba autonomía normativa, fiscal y judicial propias, se aprobó en diciembre de 2017. El proyecto, que incluía cláusulas de estabilidad pensadas para sobrevivir a un cambio de gobierno, quedó políticamente atado a Hernández.
En Roatán, la comunidad de Crawfish Rock denunció cesión de soberanía; entre 2020 y 2021 las protestas se nacionalizaron. En noviembre de 2021 ganó Xiomara Castro (Libre) con la derogación de las ZEDE como promesa de campaña. En abril de 2022 el Congreso derogó por unanimidad la normativa. Próspera se negó a disolverse e invocó derechos adquiridos, tratados y cláusulas de estabilidad. El Estado ejerció presión administrativa. En diciembre de 2022, Honduras Próspera Inc. y filiales lo demandaron ante el CIADI (caso ARB/23/2) por unos 10.775 millones de dólares, un tercio del PIB hondureño de entonces. En febrero de 2024, el gobierno de Castro denunció el Convenio del CIADI; la salida se hizo efectiva el 25 de agosto de 2024. El caso, ya iniciado, siguió su curso hasta el 20 de septiembre de 2024, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional de origen el marco ZEDE, por vulnerar artículos pétreos sobre territorio, justicia y orden económico.
El gobierno lo celebró como el fin del régimen; Próspera sostuvo que una sentencia interna no anula de forma retroactiva situaciones consolidadas. El triunfo de Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional, respaldado por Trump) en las elecciones, y su asunción en enero de 2026, invirtió la política de Castro: Próspera sigue operando. El Estado mantiene un pasivo contingente de cuantía y un conflicto de soberanía no resuelto; ese diferendo para la empresa es nulo por tratados y derechos adquiridos. Honduras Próspera Inc. es una etiqueta empresaria que concentra el sarcasmo y el desapego; también a los responsables.
Los propietarios son quisquillosos: militan los límites y sus almácigos. Mientras nos jugamos nuestra soberanía, ellos juegan con lo mismo, que es ajeno. La propuesta de Paul Romer sobre las charter cities se fundaba en que los países en desarrollo delegaran parte de sus territorios a «regímenes institucionales alternativos». Un ministro argentino llegó a mascullar que no debía considerarse negativo que las provincias «vendieran parte de su territorio si ello atraía inversiones». Romer se retiró posteriormente de varias colaboraciones, incluso en Honduras —donde nunca residió—, invocando falta de transparencia y garantías democráticas insuficientes. Las ilusiones se consumen sin consumarse. Donald Trump explicó el episodio del presidente venezolano Nicolás Maduro con acusaciones de narcotráfico, apenas un mes después de la condena a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño, recluido en Virginia Occidental, al que indultó. Eduardo Galeano escribió: «La justicia es como las serpientes: solo muerde a los descalzos».
Entre intereses geopolíticos, caprichos imperiales y experimentos institucionales tecnodigitales, los pueblos originarios transitamos del frente al fondo, mirando el lujo de una mansión en la calle Dardo Rocha de Barrio Parque —frente a la de Susana Giménez—, y oyendo el errático compromiso gubernamental con la legítima soberanía sobre las Islas Malvinas. Hay una bella canción brasileña (Folhetim), interpretada por Gal Costa, que dice: «Acepto un regalo / cualquier cosa como eso / como una piedra falsa; / pero a la mañana siguiente / no cuentes hasta veinte, aléjate de mí / porque ya no vales nada».
Ojalá aprendiéramos de ese folletín.
Por Rafael Bielsa * Abogado y escritor. Ex Canciller de la República Argentina. / La Tecl@ Eñe
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