Javier Milei se define a sí mismo como un “tecnooptimista fanático”. Igual que a muchos de sus funcionarios, le entusiasma el poder transformador de la tecnología. Tanto es así que, en una nota reciente escrita junto con Federico Sturzenegger en el Financial Times, plantearon que, “así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más locos”. Pero, más allá de la gira inicial por Silicon Valley, las fotos con Elon Musk y Sam Altman y la intención de convertir a Argentina en un hub global de IA, al futurismo del gobierno le faltaban ideas. Al menos hasta ahora.
La primera propuesta concreta para promover la IA en el gobierno libertario se conoció en febrero de 2025, cuando el oficialismo reflotó una iniciativa del gobierno de Alberto Fernandez: crear un centro de IA aplicada. Se trataba de una iniciativa desarrollista que, a contramano de la motosierra, proponía crear una agencia desde el Estado. Aunque se conocen pocos detalles, el Centro Argentino de Inteligencia Artificial (CAIA) anunciado por Damian Reidel era algo bastante parecido al que en su momento había propuesto el peronismo: un centro con expertos para asesorar empresas, formar investigadores y profesionales, aplicar la IA para modernizar la gestión del Estado y diseñar un marco regulatorio. El entusiasmo, sin embargo, duró poco. Más de un año después del anuncio, el centro todavía no se puso en marcha.
En ese aspecto, el gobierno de Milei parecía seguir un patrón de los gobiernos previos respecto a la política de la IA: más anuncios que políticas. Una actitud que contrasta con el resto del mundo: en los últimos años, la IA pasó a ocupar un lugar destacado en la agenda de muchos países, en particular de los más desarrollados. Con diferentes énfasis u orientación, todos están intentando hacer algo: promoción de data centers para aumentar el poder de cómputo, programas para capacitar a los trabajadores, subsidios para financiar la investigación, regulaciones para proteger la privacidad o alinear el uso ético de la IA.
La inacción argentina, cargada de anuncios pero con pocas iniciativas concretas, tiene consecuencias palpables sobre las capacidades del país para la transformación de la IA. Los resultados que muestra Argentina en lo que se conoce como “factores habilitantes” (las condiciones para que un país desarrolle la IA) son mediocres. La edición 2025 del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, publicado por Cepal y CENIA, muestra que Argentina se ubicó en el sexto puesto de la región, por detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica (1). En el indicador de “Investigación en IA”, que incluye publicaciones e investigadores, Argentina está en el sexto lugar. En “Cómputo”, que mide la capacidad instalada para el procesamiento de datos, está en el quinto. En “Talento”, que toma indicadores como alfabetización en IA, formación profesional y talento humano avanzado, también se ubica en el quinto lugar.
Más allá del anuncio del centro que aún no se concretó, la otra política oficial que impactó en la capacidad del país para desarrollar la IA es el desfinanciamiento universitario y científico. A contramano del mundo, el gobierno de Milei se ha empecinado en destruir justamente lo que le daba a Argentina una ventaja comparativa: universidades públicas y centros de investigación de primer nivel mundial, donde se forman e investigan los informáticos, ingenieros, matemáticos, físicos y científicos de datos que se necesitan para desarrollar y adoptar la IA. Hoy Argentina está consumiendo su stock de capital humano formado durante las décadas pasadas, sin hacer nada para formar uno nuevo. Es imposible competir seriamente en el terreno de las nuevas tecnologías sin dedicar grandes esfuerzos a la formación de profesionales y la investigación.
El Súper RIGI
Dos años y medio después de iniciado el mandato de Milei, llegaron finalmente las primeras propuestas concretas y de envergadura en materia de IA: el Súper RIGI, un régimen para atraer inversiones en data centers por miles de millones de dólares –como la anunciada hace ya casi un año por hasta 25 mil millones de dólares (2)–, y la modificación de la ley de sociedades para permitir sociedades automatizadas. Con la excusa de que Argentina necesita ofrecer reglas claras y estabilidad, y con la convicción de “adelantar normalidad” –en palabras de una de las diputadas defensoras del proyecto–, el gobierno elaboró un proyecto que contempla concesiones extraordinarias durante treinta años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria a los inversores que se amparen en esta norma. La atracción de inversiones millonarias en capacidad de cómputo local podría ser una oportunidad para el desarrollo del país; sin embargo, su amparo bajo este nuevo régimen de promoción convierte esa oportunidad en una preocupación.
En primer lugar, la magnitud de los beneficios tributarios es tal que una inversión como la mencionada, de 25 mil millones de dólares, podría quedar prácticamente exenta del pago del Impuesto a las Ganancias durante muchos años, tributando apenas el 0,5% de Ingresos Brutos y con una rebaja de las contribuciones patronales al 10%. Este régimen hiperbeneficioso es producto de la combinación de una alícuota de Ganancias que se ubica formalmente en el mínimo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con la amortización acelerada de capital y la posibilidad de utilizar a cuenta del pago de Ganancias los quebrantos impositivos sin límite de tiempo y actualizables por inflación, entre otras disposiciones de la ley. Desde el gobierno explican que el costo fiscal es nulo, dado que son proyectos que no existirían sin los beneficios del Súper RIGI, pero en el caso de los data centers ya existía un sólido anuncio de inversión previo, que si se aprueba el nuevo marco regulatorio pagará muchos menos impuestos.
En segundo lugar, el Súper RIGI les impide por treinta años al Estado Nacional y las jurisdicciones adheridas legislar o actuar de cualquier manera que restrinja o limite la operación y los beneficios de estos proyectos. Esta medida es sumamente relevante para actividades como los data centers, altamente dinámicos, en los que hay poca experiencia local a gran escala y que incluso a nivel global presentan adaptaciones frecuentes para administrar su progreso de forma compatible con el desarrollo sustentable de las comunidades que los alojan. Un ítem de especial preocupación es la garantía de operación continua, que supone privilegiar a los data centers en su acceso a recursos críticos –agua, gas, electricidad– por sobre el resto de la sociedad.
En tercer lugar, el Súper RIGI contempla apenas como una muy tímida sugerencia la creación de cadenas de valor local. Si bien se les pide a los inversores un 20% de provisión local, eso incluye servicios y obras, y sólo siempre y cuando se compruebe que existe una oferta local competitiva y disponible; además, la ley propone una tibia invitación al gasto en investigación y desarrollo, que en realidad es opcional, sólo a los fines de cumplir el requisito del monto mínimo de inversión y sin claridad sobre si eso se volcaría al ecosistema de I+D local. De hecho, el Súper RIGI incentiva las inversiones en infraestructura exclusiva y dedicada mediante una protección especial, en lugar de aprovechar las inversiones para robustecer la infraestructura general del país.
Lo que propone el gobierno con las sociedades automatizadas no son empresas IA, sin humanos, sino empresas sin responsabilidades.
Como punto de comparación, vale la pena revisar qué han hecho en este aspecto Chile y Brasil, los dos principales nodos de cómputo de Sudamérica. Chile lanzó a fines de 2024 su Plan Nacional de Data Centers. No contempla beneficios tributarios para las inversiones en el sector, sino que consiste en alinear una estrategia de desarrollo público-privada principalmente a través de la cooperación en la formación de perfiles técnicos, la disponibilidad de capacidad de cómputo para I+D local, el desarrollo de la nube estatal y una definición clara de las normas regulatorias y ambientales, de manera de asegurar el desarrollo del sector de forma transparente y previsible. Brasil, por su parte, ofrece beneficios tributarios para las inversiones en data centers, pero sólo a cambio de compromisos de provisión de energía renovable, inversión en I+D y disponibilidad de cómputo local y del cumplimiento de normas de eficiencia energética e hídrica.
El sector de los data centers involucra desafíos específicos que requerirían un marco legal propio: robustecer la infraestructura de conexión digital, energética e hídrica, planificar la ocupación de tierras de alto potencial de forma ordenada y sustentable, desarrollar ingeniería eléctrica, digital y de los sistemas de enfriamiento, además de la capacitación de los profesionales que requiere el sector. Recibir grandes inversiones en data centers puede ser una oportunidad para el desarrollo del país, pero aprovecharla dependerá de que exista una política pensada para su integración a la economía nacional, su desarrollo sustentable y el fomento de capacidades locales. El Súper RIGI no contempla nada de eso; más aun: su mayor defecto es que prohíbe aprovechar esta oportunidad por los próximos treinta años.
Las sociedades automatizadas
Junto al Súper RIGI, el gobierno presentó una propuesta de reforma integral de la Ley General de Sociedades. Entre los puntos más llamativos del proyecto está que cualquiera de los tipos de sociedades previstas por la ley puede ser declarada como “sociedad automatizada”. Se trata de sociedades que operan mediante algoritmos autónomos o agentes de IA, sin necesitar recursos humanos. Esto es lo que Milei y Sturzenegger anunciaron como el marco legal para las “non-human corporations”. No está claro de qué manera la propuesta realmente innova: ninguna sociedad está hoy obligada por norma general a emplear humanos para su operación regular. El gobierno pretende crear una figura legal extraña para alojar una fantasía propia de la ciencia ficción que en la realidad sólo redundará en una menor rendición de cuentas por parte de quienes la encarnen.
En general, los sistemas de IA son muy difíciles de supervisar, e incluso se debate hasta qué escala es técnicamente posible hacerlo. Además, los daños y perjuicios provocados por estos sistemas son extremadamente difíciles de peritar y de probar. Existen propuestas para las empresas de agentes de IA que buscan que se desenvuelvan en sandbox regulatorios (un entorno de pruebas controlado por el Estado), con múltiples capas de supervisión humana y hasta estándares técnicos que permitan apagarlas en caso de necesidad (3). Pero el proyecto de ley del gobierno, bajo la promesa de crear un entorno más seguro, no garantiza una mayor transparencia, auditabilidad o rendición de cuentas sobre las empresas que apliquen integralmente sistemas de IA. Tampoco define ni contempla la creación de ningún estándar mínimo de gobernanza ni de transparencia que pudiera permitir a terceros afectados generar la prueba de los daños causados. En esos casos, la carga de la prueba quedaría sobre el damnificado frente a empresas que, en la práctica, serían cajas negras inescrutables.
La idea de sociedades automatizadas no está sola en el proyecto de ley. Se presenta junto con la separación legal entre el patrimonio y el capital de las sociedades, y junto a la posibilidad de crear nuevos tipos de sociedades. Esta combinación habilita esquemas societarios que podrían operar con un stock de patrimonio prácticamente nulo y sin una persona humana como administrador, de forma que, aun en el caso de probar los daños causados por la empresa, sería prácticamente imposible cobrar la compensación correspondiente ni denunciar a un administrador por responsabilidad subjetiva.
En suma, lo que propone el gobierno con las sociedades automatizadas en este contexto no son empresas IA, empresas sin humanos, sino empresas sin responsabilidades ni rendición de cuentas.
El futurismo reaccionario
En su informe ante la Comisión de Legislación General del Senado, Sturzenegger admitió, con una franqueza llamativa: “¿Va a funcionar esto? No lo sabemos”. En su respuesta al intelectual Yuval Harari, con quien discutió en el Financial Times sobre las ventajas y riesgos de crear empresas automatizadas, Milei fue más fantasioso: argumentó que si una sociedad automatizada viola la ley y la penalización es su clausura o disolución, para el algoritmo eso equivale a la “muerte” o la extinción de su código. Por lo tanto, la máquina programará sus decisiones para evitar ese escenario a toda costa, volviéndose altamente aversa al riesgo.
Esa combinación –retórica de ciencia ficción, fe ciega en la tecnología, referencias a Isaac Asimov donde debería haber referencias a la jurisprudencia– no es simple tecnooptimismo. El experimento libertario constituye un caso testigo de futurismo reaccionario, donde la retórica de la vanguardia tecnológica se combina con la renuncia deliberada del Estado a sus funciones de control y planificación. El gobierno, a tono con los ideólogos más radicalizados de Silicon Valley, ve al Estado como un obstáculo, a la regulación como una traba y al control ambiental como excusa de los que frenan el progreso. Desfinanciar universidades, blindar inversiones para eximirlas de toda regulación por 30 años, crear sociedades sin responsabilidades legales y desactivar los controles ambientales y de riesgo tecnológico son los resultados de esa convicción. Lo que caracteriza al futurismo reaccionario es exactamente el desprecio por las mediaciones. Con estas políticas, Argentina se ofrece como el laboratorio ideal para que esa ideología pruebe sus límites.
1. Disponible en https://indicelatam.cl/
2. https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/sur-energy-socia-de-open-ai-en-argentina-espera-activar-data-centers-patagonicos-en-2027/
3. https://emilianokargieman.substack.com/p/autonomous-legal-entities-a-polycentric
Por Juan Gabriel Juara y Juan O'Farrell * Respectivamente: Cientista de datos en Fundar / Máster en Estudios del Desarrollo y candidato a doctor Universidad Di Tella. / El Diplo
Te puede interesar
Lo más visto
