El país sin largo plazo

En un país en el que no existe el mediano ni el largo plazo, todas las sensaciones son posibles, y todos los enfoques pueden contener elementos de verdad. A pesar de las peripecias de Adorni, los creyentes en este gobierno y en este modelo están pasando por días optimistas.

El índice de riesgo país, que refleja la seguridad o inseguridad que tienen los sectores financieros sobre la calidad de la deuda externa argentina, llegó al nivel de 437, mostrando una tendencia a la baja, que puede abrir la posibilidad de que el gobierno logre reciclar parte de la deuda externa ofreciendo una tasa de interés razonable.

Recordemos que el país abona una tasa de interés que es la suma de la tasa que paga Estados Unidos, considerado por los financistas el mercado más seguro del mundo (que hoy está a 4,47% anual), y la tasa de riesgo propia —según los mercados—. Sumadas dan un 8,8% anual, que es mucho, aun si se compara con la tasa de crecimiento de la economía (estimada en 3,5% este año).

La deuda externa del Estado y las provincias es de 320.000 millones de dólares. A la tasa que le piden actualmente a la Argentina, esa deuda devenga intereses anuales por aproximadamente 28.000 millones de dólares.

A eso deben sumarse los vencimientos de capital, que podrían refinanciarse en la medida en que los prestamistas internacionales vean un buen negocio en volverle a prestar a la Argentina. Ese visto bueno es una combinación de dos elementos: a) que la Argentina pague tasas de interés atractivas (no de primer mundo), y b) que la economía del país sea capaz de obtener los dólares necesarios para cubrir el pago de intereses.

La calificadora de riesgo Standard & Poor's Global, esta semana, aumentó la calificación crediticia de la Argentina de CCC+ a B-, mostrando que hay un clima más favorable al otorgamiento de crédito al país, pero aún lejísimos de las categorías A en las cuales se accede a créditos privados internacionales con tasas realmente bajas.

Esta situación, si pudiera ser manejada contando con respaldo político internacional, ayudaría a que el dólar pueda continuar haciendo de ancla antiinflacionaria, aunque su actual cotización sea también un ancla que hunde a la producción local y destruye la actividad industrial y el empleo.

Los optimistas adherentes de la política económica oficial —que es un espacio de ideas e intereses mucho mayor que La Libertad Avanza— piensan que continúa siendo válida la hipótesis de que lo único que le importa a la gente es la inflación y la estabilidad del dólar.

Dicho en otros términos, creen que si la inflación y el dólar continúan estables, las condiciones electorales de Milei mejoran y puede aspirar con bases realistas a la relección el año que viene. El dato de la inflación de mayo, 2,1% según la medición del INDEC, figura entre los elementos económicos que contribuyen a consolidar el actual experimento y la adhesión de su público. Diversas consultoras de opinión han registrado una mejora de la imagen presidencial en las últimas semanas, después de haber perforado un piso del 35% hace un mes.

Sin embargo, siempre es un error dejarse llevar por unos pocos números coyunturales, y hay que ver qué pasa con las estructuras.

El modelo actual se basa en endeudamiento interno y externo, porque no ha logrado incrementar las inversiones productivas con potencia exportadora. Está viviendo de lo que ya estaba en marcha antes de llegar, pero todavía no ha habido grandes inversiones que hayan ampliado en forma potente la capacidad de generar divisas genuinas.

El gobierno no ha resuelto la forma de pagar vencimientos de deuda y el año 2027 puede ser un año muy complejo en relación con la balanza de pagos y el valor del dólar, no sólo por la “desconfianza política de los mercados”, sino por las inconsistencias macroeconómicas de este modelo que no puedan ser subsanadas a tiempo. Sería muy complicado si todos los sectores sociales pudientes se arrojaran sobre los billetes verdes al mismo tiempo.

Todos los modelos rentísticos financieros que se implementaron en nuestro país, como el actual, fueron extremadamente sensibles a las condiciones internacionales, a los vaivenes de la economía global. Este modelo también lo es, y además es sensible a los cambios políticos en los Estados Unidos. El respaldo que viene del norte sólo podrá mantenerse si Trump sortea con éxito las elecciones de medio término, cosa hoy bastante improbable.

La segunda cuestión, que los optimistas del mileísmo prefieren poner debajo de la alfombra, es la evolución próxima de la economía real.

Digámoslo con claridad: que la inflación sea del 2% mensual, o que el riesgo país llegue a 400, o que el país sea B- para los calificadores de riesgo, no se traduce —debido al actual modelo político-económico de redistribución regresiva— en un alivio en las duras condiciones por las que está atravesando el mercado interno, ni generará puestos de trabajo, ni pondrá más dinero en el bolsillo de las familias ni de los millones de deudores de los prestamistas formales e informales de dinero. Tampoco llevará más fondos a las arcas del Tesoro Nacional, ni a las provincias y los municipios.

Este modelo para sostener su bandera suprema, la de la baja inflación, necesita de dos elementos muy nocivos para el bienestar colectivo: un mercado interno planchado, raquítico, para que no consuma dólares, y un dólar quieto para enfriar expectativas remarcatorias inflacionarias, lo que estimula la importación y la quiebra de las empresas productivas locales.

Si, como creemos nosotros, no sólo de inflación mensual del 2% vive el hombre, y hay que ocuparse de que la actividad económica reviva, cosa que no quieren ni Milei ni Caputo, continuaremos presenciando un escenario crecientemente conflictivo y de mayor desequilibrio entre los ingresos y los egresos para las empresas, las instituciones públicas y la gente común.

El conflicto universitario y el rol de la justicia

El gobierno realizó finalmente una propuesta para salir de la ilegalidad en la que se encuentra con relación al financiamiento del sistema universitario. Desde el punto de vista salarial, propuso un aumento del 21,33% en junio, más otro 3% en octubre. Esa recomposición queda muy lejos del reajuste requerido, aproximadamente un 50% para recuperar en términos reales el nivel salarial vigente en 2023. También el gobierno ofreció a las universidades fondos para mantenimiento, becas y hospitales universitarios.

La situación económica personal de muchísimos docentes y no docentes de las universidades públicas es más que precaria, y un aumento, aunque esté muy por debajo de lo que corresponde, representa un alivio.

En el conflicto universitario, el gobierno hizo, previsiblemente, una oferta mezquina y pide que a cambio se retiren las presentaciones que las universidades realizaron ante la justicia.

La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre el tema, y se ignora si lo va a hacer algún día. En este sistema judicial insólito, la Corte puede no expedirse sobre cualquier tema relevante. No estamos a merced de instituciones, sino de los caprichos arbitrarios de tres personas ocupadas en maximizar sus privilegios.

Esa forma de actuar del Poder Judicial, denegando sistemáticamente justicia a quienes la demandan, juega en este conflicto a favor del gobierno, porque algunos “realistas” dentro de los rectores nacionales sostienen que hay que aceptar lo que el gobierno propone, ya que “la Corte no va a hacer nada”, con lo cual, si no se acepta, no se podría lograr nada en términos concretos en los próximos tiempos. “Agarremos ahora, que por lo menos es algo”.

Si bien es una discusión jurídica no totalmente clara, hay quienes sostienen que, aunque las universidades no retiren de la Justicia su demanda de aplicación plena de la ley sancionada por el Congreso, el hecho de haber aceptado esta oferta debilita fuertemente su pedido original y aleja la posibilidad de una verdadera recomposición salarial docente.

Con su comportamiento de inactividad pro-status quo, la Corte ha favorecido implícitamente la maniobra del mileísmo para generar un recorte real permanente en los ingresos de la comunidad universitaria. La degradación avanza de la mano de la injusticia.

Los que osan y los que no

En un reciente reportaje que le hizo Luis Novaresio a Leandro Santoro, en el que abordaron, entre otros temas, el accionar de los tecno-oligarcas, el control de las sociedades y lo que está ocurriendo en la Argentina, Santoro propuso que ciertas dirigencias pongan un freno a estas tendencias profundamente autoritarias, y señaló: “En otros países del mundo se construyeron cordones sanitarios para evitar que la ultraderecha llegue al poder y se dieron alianzas impensables en otro contexto, pero que entendían que si la ultraderecha llegaba al poder, podía haber peligro de continuidad democrática”.

Lo que señala Santoro fue cierto en algunos países de Europa, donde la amenaza de la ultraderecha llevó a agrupaciones progresistas o de izquierda a apoyar formaciones centristas-neoliberales para evitar la llegada al poder de fuerzas sospechosas de autoritarismo político.

Vale la pena pensar, en cambio, qué ha ocurrido recientemente en la Argentina con el tema de los “cordones sanitarios”.

En el tramo democrático que se inició en 1983, si bien había un consenso “anti-autoritario”, era hacia el pasado, ya que nadie en la nueva etapa intentó en serio reivindicar lo hecho por la dictadura.

Recién empezamos a ver, con mucha claridad, la construcción de un “cordón sanitario” cuando el kirchnerismo abandonó el papel de “bombero social” que le asignaba la élite argentina —tenía que parar el desorden social que generó el derrumbe de la convertibilidad y luego devolver el poder a sus poderosos dueños—.

Al cordón lo empezaron a armar cuando se trató de impulsar al país hacia un perfil autónomo, con un gobierno de pensamiento autónomo, que no estaba en la agenda de la élite local ni de los estadounidenses.

En nuestro país se construyó un “cordón sanitario”, sí, pero no contra la ultraderecha, sino contra lo nacional y popular.

Se creó un clima social violento contra un gobierno que no lo era. Se promovió un humor de crispación contra un gobierno que empujaba cambios progresivos sin buscar confrontaciones agónicas. Se juramentó al resto del sistema político para que nunca más se juntara con “los kukas”.

Se boicoteó a las figuras políticas no peronistas dispuestas al diálogo y la cooperación constructiva que rompieran el “cordón sanitario”. Lo que tuvo como resultado que ninguna propuesta parlamentaria del kirchnerismo, por más sensata que fuera, recibiera apoyo “para no quedar pegado” al espacio prohibido por la derecha local y extranjera.

Aún hoy, hay una cantidad de legisladores y políticos que no pertenecen a las filas de la derecha conservadora, pero que consideran un peligro tomar iniciativas conjuntas con el kirchnerismo, o ser vistos en su compañía, o dialogar con ellos.

Dejó de ser posible, en la Argentina, hacer análisis políticos matizados en los que se atribuyeran méritos y responsabilidades con alguna ecuanimidad a los diversos actores políticos y económicos.

Se premió al fanatismo derechista, a la indignación planificada, la mala leche informativa y el sesgo informativo contra todo lo que oliera a kirchnerista y, más profundamente, contra todo lo nacional y popular. En CABA hoy existe un público capaz de votar a cualquier personaje inepto y chanta, “con tal de que no sea K, o medio K, o un octavo K”.

En nuestro país fue la derecha empresarial y mediática la que armó el “cordón sanitario” para que diversas fuerzas democráticas, progresistas o con sensibilidad nacional no pudieran lograr ni siquiera acuerdos parciales sobre temas fundamentales, porque se logró instalar la “peste negra” que eran los K.

Fue la derecha —¿o será la ultraderecha?— la que generó sentimientos de odio, de encono, de beligerancia y sobre todo la que logró anular la capacidad de razonamiento meditado por parte de muchísima gente que en otros terrenos es racional, talentosa y capaz de aportar positivamente a la sociedad.

La llegada al poder de Milei y el personal lumpénico que lo acompaña fue también fruto del “cordón sanitario” que la derecha logró instalar en la sociedad y en la política. Un engendro político así no podría haber logrado una votación mayoritaria sin ese ingrediente que existió no sólo en el plano partidario, sino que actuó sobre las cabezas saturadas de propaganda anti-K de una parte de la población.

En la incivilizada sociedad argentina, el “peligro” para el poder real no es un gobierno desquiciado y antisocial, sino un gobierno de reparación nacional.

La idea de Santoro de un cordón sanitario anti-ultraderecha aparece abstracta en una sociedad que ha pasado por semejante ofensiva comunicacional e ideológica contra todo lo nacional y popular, que sigue creyendo que alguien “se robó un PBI” y que los únicos capaces de robar –y los que sólo se dedican a robar– son los peronistas.

Por supuesto que tiene un sentido político la propuesta de un cordón sanitario contra la ultraderecha: si definimos como ultraderecha a Milei y LLA, el resto del sistema político partidario podría hipotéticamente construir el cordón sanitario.

Pero resulta que en el “resto” están muchos de los que participan en el “cordón sanitario” realmente existente, y que le dan sustento y apoyo a la legislación antisocial y antinacional precisamente de la ultraderecha, votada semana tras semana en el Congreso.

Habría que reconstruir todo el sistema político desde sus cimientos, porque hay tal abundancia de Llaryoras, Pullaros y otros especímenes que creen que lo fundamental es ser anti-K “para pertenecer”, que no hay cómo construir un cordón sanitario antiderechista masivo, salvo que ocurra un giro drástico en la situación económico-social.

El aprisionamiento de Cristina Fernández de Kirchner es parte del mismo cordón sanitario derechista contra todo lo patriótico, lo principista y lo osado en nuestro país. Nadie piense que esto termina en Cristina. Ese es el mensaje: todo otro dirigente popular, progresista o mínimamente independiente frente al poder, está amenazado de ser perseguido y encarcelado.

Los cañones mediáticos están prestos a salir a destruir a las figuras que se salgan del libreto neocolonial de grandes negocios con la Argentina, se llamen como se llamen.

Y lo que es más importante: esos mismos cañones están dispuestos a amedrentar a todo el resto del espectro político neocolonial, que sólo piensa en acrecentar su conocimiento público saliendo en los medios de la derecha, que son la única forma que conciben para aumentar su popularidad.

Albania no juega el mundial, pero…

Hace ya dos semanas, en Albania, país del sur de Europa de 2.800.000 habitantes, comenzaron protestas contra un proyecto turístico para la construcción de un complejo hotelero de hasta 10.000 habitaciones, además de villas de lujo. El proyecto cuenta con el aval del gobierno albanés, que lo considera una forma de captar inversiones extranjeras y colocar a Albania en los circuitos turísticos del lujo internacional.

Ocurre que el gobierno albanés otorgó estatus de "inversor estratégico" a empresas del yerno de Trump, Jared Kushner, y de su esposa Ivanka Trump, hija del Presidente, para construir en áreas ambientalmente vulnerables, como la isla de Zvërnec y los humedales de la reserva de Vjësa-Narta, hábitat de flamencos rosados. Los allegados a Trump planean invertir 1.400 millones de dólares en el complejo turístico de lujo.

Los terrenos involucrados, la principal isla de Albania y las costas que están enfrente, son considerados valiosísimos tanto desde el punto de vista ecológico —áreas naturales protegidas— como nacional, lo que ha llevado a un crescendo en las movilizaciones y las convocatorias a oponerse a la iniciativa.

La Unión Europea también advirtió al gobierno albanés que destruir estas reservas viola tratados ecológicos internacionales y que podría dificultar el ingreso del país a la Unión.

En las grandes manifestaciones de estas dos semanas, se denuncia la opacidad de estos grandes proyectos y la entrega del patrimonio nacional a intereses corporativos extranjeros.

Se escuchan también repudios al mal gobierno, a la “clase cleptócrata que dirige Albania” y se pide la renuncia del Primer Ministro Edi Rama. Este ha señalado, en defensa del megaproyecto turístico, que “el desarrollo (del proyecto) traerá ingresos económicos al país”.

Los analistas señalan que las movilizaciones han derivado en una revuelta más amplia en contra del establishment político local. “Además de exigir la dimisión de Rama, la ciudadanía denuncia una fuerte concentración de poder y exige mayor transparencia.”

Un manifestante, entrevistado por una cadena europea de noticias, señalaba en estos días: “La clase cleptocrática albanesa está vendiendo parte del territorio albanés, de importancia estratégica, para ganar influencia política entre los aliados occidentales (Estados Unidos) y escapar de la justicia”.

Lo que empezó como un conflicto ecológico se transformó en un conflicto por la soberanía nacional y de repudio a una clase política separada de las necesidades de la sociedad.

Desde las primeras movilizaciones, en Tirana, se escuchó el estribillo “Albania no está en venta”.

Lo de Albania, no casualmente, tiene numerosas similitudes con la Argentina, no porque ambos países sean parecidos, sino porque el poder que intenta tratarlos como propiedades inmobiliarias y no como entidades soberanas es el mismo, y porque sus gobiernos aceptan estos proyectos de sumisión.

Parece haber una confluencia entre los intereses de negocios de la cúpula que rodea al Presidente Trump, que aprovecha la capacidad de presión que tiene Estados Unidos frente a naciones menos poderosas, y el estado ideológico de los gobiernos de países periféricos, partidarios de cualquier entrega del patrimonio nacional y de los bienes de la naturaleza, a cambio de los favores de los gobernantes más poderosos e inescrupulosos en el desorden mundial.

Por alguna razón, en Albania se constituyó una fuerte resistencia a este intento de despojo, resistencia movilizada que involucra a cientos de miles de ciudadanos, dispuestos a defender su país, sus riquezas y su destino.

Sería hora de que las fuerzas existentes en la Argentina encuentren su propio camino para hacer oír su voz, para poder retomar las riendas de nuestro destino.

 Por Ricardo Aronskind / El Cohete