La industria dejará medio millón de trabajadores sin empleo y cerrará hasta 40.000 empresas en 2026

En contraste, solo mostraron signos positivos rubros muy específicos vinculados a la salud, el software y el agro, un volumen de creación de puestos que está lejos de compensar la caída mayoritaria.

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Vacarezza explicó que, aunque la producción general puede asimilarse a los pisos registrados durante la pandemia, la diferencia central es la nula expectativa de salida a corto plazo. “La industria puede mostrar una mejora estadística por sectores concentrados, pero el rebote no derrama sobre el empleo ni las pymes”, advirtió, y sugirió relajar la política monetaria —las tasas de interés— para estimular el consumo sin dogmas ideológicos.

Emergencia pyme

Para las pymes, los puentes de comunicación con la Casa Rosada están directamente cortados. Daniel Rosato, presidente de IPA, blanqueó la estrategia del sector y confirmó que debieron recurrir al Poder Legislativo ante la falta de respuestas del Ejecutivo. "Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras", aseguró el dirigente. Para oxigenar la actividad, impulsan un proyecto de emergencia a un año frente al avance veloz de las importaciones desleales y el contrabando. "Es imposible competir ante la falta de financiamiento blando, cuyos intereses se dispararon en términos reales frente a la recesión de ventas", sentenció.

Las cesaciones de pago entraron en terreno de tensión. El propio Rosato alertó que la coyuntura reviste gravedad extrema por el inminente corte de suministros a las corporaciones más grandes, que dependen de las pequeñas fábricas proveedoras. "Los concursos preventivos, que hoy son nuestra última defensa legal para asegurar la supervivencia comercial, experimentaron un salto exponencial", advirtió sobre el ahogo del sector.

Aluvión de procesos comerciales y asfixia fiscal

Mientras en todo el 2023 se registraron 82 expedientes, la cifra trepó a 190 concursos en 2025, en la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro financiero se aceleró a tal punto que, solo en el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril), ya se abrieron 92 procesos.

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El proyecto de salvataje que empuja el sector industrial en el parlamento apunta a extender de pleno derecho la suspensión de embargos y remates a 180 días tras la apertura oficial de un concurso preventivo. Hoy, las empresas denuncian una enorme desigualdad procesal frente a la embestida fiscal. Mientras el Estado asume un millonario sacrificio de recaudación para otorgar ventajas a multinacionales bajo el paraguas del RIGI, las pymes sufren intimaciones draconianas de la autoridad tributaria mediante cartas documento con plazos perentorios de 24 horas, emitidas por estudios de abogados tercerizados por ARCA.

La advertencia del entramado productivo es que una vez que una pyme quiebra, liquida su capital y despide a su personal, es prácticamente imposible que vuelva a operar.