El día antes de abandonar el puesto de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se despidió del cargo con una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que anunció que enviará al Congreso un nuevo Código Penal para terminar con lo que ella llama “la doctrina zafaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. Según adelantó la ministra, el escrito será presentado en los próximos días para que los legisladores lo traten en sesiones extraordinarias. Desde el gobierno detallaron que buscarán que se agraven todas las penas del código: Desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios y, además, que “los delitos graves pasen a ser imprescriptibles”. Fuera del micrófono, desde la cartera confesaron que también están evaluando eliminar la figura de femicidio.
En la conferencia de prensa que encabezaron Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni también estuvo Alejandra Monteoliva, que asumirá al frente de la cartera de Seguridad este martes a las 12; la secretaria legal y técnica María Ibarzabal y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Todos ellos trabajaron en el texto que aún no fue presentado.
Bullrich detalló que en el nuevo código Penal se incorporarán las leyes de Reiterancia, Juicio en ausencia y Antimafias “para tener un solo cuerpo importante”, y que habrá “un cambio muy grande en todo lo que hace al sistema de penas”.
En principio, adelantó que cambiarán las penas de los homicidios. “Si bien hasta el momento el homicidio simple tenía una pena de 25 años, ahora pasará a ser de 30 y va a haber nuevos agravantes si se trata de un intento de magnicidio, del asesinato de un ministro o, por ejemplo, del directivo de una escuela”, comentó. También en caso de que la víctima sea menor de 16 años o mayor de 65.
Y, además, que “van a ser imprescriptibles los delitos graves”. Eso no solo implicará homicidios, sino también en el caso de delitos sexuales en todas sus modalidades.
Con respecto a la ejecución de las condenas, Bullrich adelantó que van a plantear que se rechacen los recursos que puedan hacer que no se cumplan la totalidad de las mismas en caso de que sean gaves. “Si es una condena grave, cumplís la pena completa, como ya lo dice la Ley de Ejecución de la Pena”, indicó.
Uno de los puntos más polémicos es el de la “legítima defensa”. La exiministra de Seguridad anunció que van a “robustecer y cambiar fuertemente lo que es el concepto de legítima defensa para que la presunción esté en favor del que se defiende”.
Por último, desde el gobierno especificaron que los delitos de corrupción dejarán de tener penas de cinco o seis años “a penas gravísimas”, y que la condena, en esos casos, implicaría la pérdida de la jubilación de privilegio. “El 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”, cerró Bullrich y adelantó que el nuevo código deberán aplicarlo todas las provincias.
Y que se incorporará la figura del “conductor imprudente”, y las penas para personas que cometen ese tipo de delito pasarán de uno a tres años a penas de dos a cuatro.
Según analizaron desde el CELS en diálogo con Página12, este anuncio --aún no se conoce el detalle del proyecto que podría incorporar otros temas como la baja de la edad de imputabilidad-- tiene varios puntos “graves”.
Por un lado, indicaron que es preocupante la propuesta de endurecer las penas. “La decisión de aumentar las penas mínimas para los delitos va a tener un impacto en el uso y abuso de las prisiones preventivas y de la tasa de encarcelamiento. Hoy los espacios de encierro están en situación crítica de sobrepoblación y hacinamiento”, subrayaron.
En ese sentido, Bullrich indicó que “si hace falta se construirán más cárceles, pero preferimos presos adentro y no en la calle”. Una de las sospechas es que la Casa Rosada está planificando copiar, como en tantos otros aspectos, el modelo de Estados Unidos y piensa en tercerizar ese servicio para hacer negocios con la construcción de penales privados.
“Hoy en día ya tenemos 160,000 detenidos. Muchos, todavía con los viejos modelos, salen rápido, pero ahora no van a salir rápido. Habrá que construir más cárceles”, especificó Bullrich.
Desde el CELS opinaron que ese aumento de la población carcelaria “se va a ver potenciado por la propuesta de que la prisión perpetua se haga efectiva y las personas no puedan recuperar su libertad en ningún momento, lo que afecta su derecho a reinserción social”.
Por último, subrayaron que la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos “afectará seriamente la garantía de plazo razonable en la investigación de delitos y le quitará responsabilidad al Estado de tener que investigar rápido y bien”.
Si bien Bullrich no lo mencionó en su resumen, según supo este diario, también habría en el nuevo código figuras específicas para sancionar la violencia en el deporte; se fortalecerían “las disposiciones sobre narcotráfico”, y se actualizaría “integralmente la normativa sobre terrorismo, alineándola con los estándares de Naciones Unidas y el GAFI”.
Además, habría un capítulo en el código destinado a la “estabilidad fiscal y monetaria”, en el que se incorporarían “herramientas para proteger la estabilidad fiscal y monetaria”. Y otro para “proteger el orden electoral”, en el que se “sistematizarían más de treinta conductas figuras vinculadas al ecosistema digital y a la manipulación algorítmica”.
En ese caso, se penalizaría la “creación o manipulación de datos personales, imágenes, audios o perfiles con el fin de incidir en el voto, así como el uso de contenidos falsos”, algo que la patrulla digital de La Libertad Avanza hizo durante las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con un video falso de Mauricio Macri.
Resumen de la gestión Bullrich
Adorni se encargó de hacer un elogio a la gestión de Bullrich. Dijo que ella hizo “un enorme aporte al restablecimiento del orden”, y que, cuando asumió como ministra “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre”.
Para él “los homicidios bajaron un 11,5% interanual y alcanzaron la cifra más baja de los últimos 25 años”. También elogió que “las Fuerzas de Seguridad incautaron 80,000 kg de droga”, festejó que “Los piqueteros bajaron de 8239 a cero”, que “los presos ya no tienen sueldo mínimo”, y la creación del DFI “creado a imagen y semejanza del FBI estadounidense”.
Desde el CELS explicaron que, “anunciar la cantidad de sustancias incautadas de manera aislada, como hace Bullrich, no dice nada sobre la circulación y el consumo de sustancias, sobre el desarrollo de organizaciones delictivas y de la circulación de violencia vinculada a la venta de estupefacientes, entre otros aspectos”.
Sobre la protesta, remarcaron que el gobierno “se olvidó de hablar de la represión a la protesta social y las detenciones arbitrarias durante manifestaciones”, e indicaron que “tampoco dijeron nada de las acusaciones a quienes simplemente ejercían su derecho a protestar de delitos gravísimos como sedición”.
Por último, propusieron incorporar al balance de la gestión que desde diciembre de 2023 se registraron detenciones y represión en 95 movilizaciones, y que las personas detenidas en todo el país llegaron a 398 y las heridas a 1393. “Entre ellas 83 trabajadores de prensa como Pablo Grillo”, finalizaron.
Por Melisa Molina / P12
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