El plan de asesinatos y bombas que había pergeñado la Policía Federal para asegurar su impunidad

Los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) estaban envalentonados: tenían un plan para salir a asesinar y poner bombas si la jefatura no frenaba las revelaciones que los implicaban en los crímenes de la dictadura. Pretendían que a la dirigencia de la fuerza le quedara claro que estaban preocupados por lo que había comenzado a salir a la luz a partir de exintegrantes que empezaban a romper el pacto de sangre y silencio que los unía.

El 29 de marzo de 1983, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) elevó a la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un testimonio que acababa de obtener. Se trataba de la declaración de Rodolfo Peregrino Fernández, un inspector de la PFA que había huido del país en junio de 1980.

Peregrino Fernández tenía entonces 32 años. Desde 1976 estaba destinado a la ayudantía del Ministerio del Interior, a cargo de Albano Harguindeguy. Se había ido enemistado con su jefe, Guillermo Oscar Icely, y lo habían acusado por estafa.

Entre el 8 y el 11 de marzo de 1983, Peregrino Fernández había dado una extensa declaración en la que hablaba de la PFA desde antes del golpe de Estado, pero también mencionaba a integrantes de las fuerzas armadas, periodistas y algunos sectores del empresariado.

El 20 de abril de 1983, el diario Clarín publicaba en su tapa una denuncia sobre cárceles secretas. Para entonces, los ánimos ya estaban crispados entre los oficiales de la PFA de alto y mediano rango. Los que habían sido nombrados por Peregrino Fernández decidieron reunirse y pasar a la acción.

Según un informe que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) había hecho sobre el testimonio recabado por la CADHU, 108 personas habían sido involucradas por Peregrino Fernández: 45 de la PFA, 35 del Ejército, 6 de la Armada, 3 de la Aeronáutica, cuatro jueces, dos capellanes y once personas más.

La reunión se produjo el 24 de abril de 1983. Allí, los retirados de la PFA y los que aún estaban en actividad hablaron de atentar contra las personas que estaban asociadas con las declaraciones, pero se llegó a un consenso intermedio: iban a presentar un listado de acciones que debería implementar la PFA para darles tranquilidad. Entre las medidas que requerían estaban:
— Destruir los listados de quienes trabajaron en actividades de investigación o antisubversivas durante el período de la Guerra Sucia;
— Que la PFA rechazara las citaciones judiciales para producir evidencia destinada a investigaciones sobre las actividades policiales;
— Fomentar una amnistía general.

La información llegó a oídos de los servicios estadounidenses en esa misma semana. “Algunos miembros de la Policía Federal que han sido nombrados en revelaciones de excesos durante la llamada ‘Guerra Sucia’ no han aceptado las promesas tranquilizadoras del jefe de la Policía Federal de que la institución los protegerá”, advertían.

“Un grupo de hombres retirados y en actividad están preparando una serie de recomendaciones para ser presentadas al jefe de la Policía Federal para asegurarse mayor protección. Si estas recomendaciones no son aceptadas, miembros de este grupo se alistan para comenzar una campaña de violencia, que incluye asesinatos y bombas contra las personas que hacen las revelaciones, miembros de sus familias y los jueces federales que investiguen las actividades que se están haciendo públicas”, añadían. “El objetivo de esta violencia será convencer a los funcionarios de gobierno de que están preocupados por la falta de protección”, concluía.

Si bien la gente de la PFA no contaba en ese momento con los elementos para llevar adelante los atentados, pensaba que no sería difícil conseguirlos. La preocupación no solo estaba dentro de esa fuerza. Lo mismo pasaba en la Policía Bonaerense y en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). No sucedía lo mismo dentro de la Marina, que en octubre de 1982 había creado la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese) para destruir documentación vinculada al accionar del grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El plan de asesinatos y bombas que pergeñaba un sector de la PFA figura en un cable fechado el 29 de abril de 1983. Es parte de la documentación que fue desclasificada en 2019 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, como parte de un reclamo que iniciaron los organismos de derechos humanos a fines de la década de 1990. El cable puede ser consultado en la base que confeccionaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta.

La información coincide con la que aparecía volcada en un informe secreto de la Fuerza Aérea que fue encontrado en 2013 en el edificio Cóndor. Como había contado Victoria Ginzberg en este diario, de ese reporte surgía que la Aeronáutica tenía como informante clave al juez José Nicasio Dibur, magistrado a cargo de la investigación sobre el accionar de la Triple A. Según los consejos que daba el juez, las fuerzas debían frenar el proceso o él empezaría a citar a quienes habían sido implicados por Peregrino Fernández en su declaración. Esa documentación fue analizada por los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaron en el Ministerio de Defensa hasta marzo del año pasado. Esta semana, el ministro Petri los tildó de “nefastos”, y se enorgulleció de haberlos eliminado.

En su testimonio, Peregrino Fernández hablaba, por ejemplo, de Alberto Villar, el jefe de la PFA que fue reivindicado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien decidió que la escuela de suboficiales volviera a llevar su nombre. “El grupo Villar fue una de las principales vertientes en la formación de la Alianza Anticomunista Argentina”, decía entonces Peregrino Fernández.

En la declaración mencionaba algunos operativos y daba datos sobre centros clandestinos como Automotores Orletti o la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), ambos relacionados con la PFA. Hablaba, además, de la vinculación de la fuerza con la represión que se había desplegado en 1975 en Villa Constitución, Santa Fe, contra los obreros de Acindar. Mencionaba que la empresa –cuyo directorio era presidido por José Alfredo Martínez de Hoz– pagaba un suplemento a los efectivos de la PFA y que esto estaba en manos de Aznares y Pellegrini. Roberto Pellegrini, jefe de División de Personal de Acindar, fue uno de los 17 acusados que fue absuelto el martes por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Rosario, que juzgó los secuestros, los tormentos y los asesinatos cometidos a partir del 20 de marzo de 1975.

El de Peregrino Fernández no era la primera filtración que sufría la PFA. En marzo de 1981, Luis Alberto “Japonés” Martínez fue detenido en Suiza mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo con otros integrantes del Batallón de Inteligencia 601. Meses después, Martínez declaró ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que nunca reveló íntegramente su testimonio.

Martínez habló entonces de los grupos de tareas, de los vuelos de la muerte y dio nombres de algunos agentes involucrados en la represión. Entre otros, mencionó a “Isabelita” (Isabel Correa), quien había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, y la involucró en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz. Como reveló este diario, en el legajo de Correa figuraba, hacia fines de 1982, como mencionada en una declaración brindada por un exintegrante de las fuerzas en el exterior.

Fuente: Pagina12