El gobierno nacional, que durante toda la gestión no tuvo reparos en el trato con los gobernadores, está empezando a recibir las primeras demostraciones de resistencia por parte de los mismos. Sin embargo, por miedo a tensar demasiado el vínculo con la Casa Rosada, algunos mandatarios provinciales siguen cumpliendo con los requisitos del oficialismo, por más ilógicos que sean. Este martes, por ejemplo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos convocó, después de un año de su creación, a la primera reunión del "Consejo de Mayo" para tratar supuestos proyectos de ley en base a los diez puntos del "Pacto de Mayo" que, en su gran mayoría, ya están contemplados en la Constitución Nacional. Es el caso del primero, por ejemplo, que habla de la necesidad de "la inviolabilidad de la propiedad privada".
En representación de los gobernadores, ayer asistió Alfredo Cornejo, de Mendoza. El mandatario radical fue a la Casa de Gobierno un día después de firmar, junto con el resto de sus pares de las demás provincias, un proyecto de Ley para recuperar fondos que Nación les niega. La reunión en Casa Rosada, que duró cerca de una hora y media, fue encabezada por el jefe de gabinete Guillermo Francos, quién el día anterior había dicho que los gobernadores “hicieron mucho esfuerzo, pero nunca lo necesario”, y les exigió “mayor compromiso fiscal”.
Los gobernadores, sin embargo, no fueron los únicos que mandaron a su representante. También lo hizo la CGT, que envió a Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. Desde el gobierno dicen jocosos: "Martínez es de los buenos".
En ese contexto, además de haber incertidumbre sobre qué rol va a tener la CGT ante, por ejemplo, una reforma laboral que busque recortar derechos de los trabajadores, o una previsional que vuelva a un sistema privado de jubilaciones, también hay dudas sobre qué harán los legisladores que responden a los gobernadores en el Congreso. No solo con los posibles proyectos de reforma laboral y previsional que forman parte del "Pacto de Mayo", sino también con los vetos que Javier Milei quiere seguir aplicando.
Sin ir más lejos, el Gobierno vetó ayer el proyecto de emergencia para Bahía Blanca después del temporal. También adelantaron que Milei pondrá su firma para suspender, en caso de que sean aprobadas en el Senado, las leyes que declaran la emergencia en discapacidad y buscan una mejora en las jubilaciones.
Más allá del gesto de resistencia que el lunes mostraron los mandatarios provinciales al firmar el proyecto de ley que pide que la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se rija según los mismos parámetros que se usan para la coparticipación y que se reparta el impuesto al combustible, cerca de Milei confían que van a poder seguir haciendo lo que ellos quieren: "No hay que mirar tanto lo que dicen los gobernadores. Ladran y después acuerdan", disparan.
Por otra parte, cerca del mandatario agregan: "Los gobernadores y los legisladores no se van a animar a no respaldar un veto. Hasta ahora no hay un veto que hayamos perdido y eso se va a mantener porque somos un equipo ganador". Por último, agregan: "Ellos lo único que quieren es plata, pero no nos asusta vetar porque es una herramienta constitucional".
En la reunión de este martes también estuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que al salir del encuentro agregó sin dar especificaciones: “Hay un ánimo de diálogo muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre”. Por parte de los senadores firmantes estuvieron Carolina Losada, mientras que Cristian Ritondo lo hizo en representación de los diputados. También participó el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Según dijeron desde el gobierno, el objetivo del Consejo de Mayo será "llegar a un consenso que permita elaborar un informe a fin de año con propuestas legislativas y reformas sobre cada uno de los diez ejes incluidos en el acuerdo firmado en julio de 2024 en Tucumán por el Presidente Javier Milei y 18 gobernadores", y dicen que esperan que ese documento funcione como "insumo", para que los legisladores puedan tratar proyectos vinculados a esos temas "en las sesiones legislativas a partir del 10 de diciembre próximo". El próximo encuentro sería a fin de julio y, de ahora en más, se haría uno por mes.
Los diez puntos, vale recordar, son: La inviolabilidad de la propiedad privada; El equilibrio fiscal innegociable; La reducción del gasto público a niveles históricos --en torno al 25 por ciento del Producto Bruto Interno--; Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, "simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio"; La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual y un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país".
Después se suman: "Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación; Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global".
Por Melisa Molina / P12
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