“A Cristina la quieren en El Calafate o en una quinta del Gran Buenos Aires, sin contacto con la gente. El objetivo del operativo de la Policía Federal es ese: provocar incidentes y presionar a los jueces para que la obliguen a mudarse”. Esta es la convicción del equipo que rodea a Cristina Fernández de Kirchner y que, por eso, presentará una denuncia contra Patricia Bullrich y el operativo, totalmente fuera de la jurisdicción de la Federal. Al cierre de esta nota, los efectivos de la Infantería continuaban desplegados frente a San José 1111, al igual que las vallas que instalaron el viernes, mientras que la fuerza que sí tiene jurisdicción, la Policía de la Ciudad, ubicó apenas un patrullero, con sólo dos efectivos, a casi una cuadra del edificio en el que vive la exmandataria. “Es por si pasa algún borracho o alguien que se ponga agresivo”, explicó uno de los agentes, tratando de distanciarse de las tortugas de la Federal. En la Casa Rosada y en los medios alineados con el macrismo y La Libertad Avanza afirman que CFK “enturbia el plan económico y desalienta las inversiones”, reconociendo la voluntad de silenciarla “para que eso no se convierta en un bunker y el balcón en una tribuna”.
Se prepara la denuncia
En el anochecer del sábado no estaba claro si la denuncia sería presentada por los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), o si apuntarían más bien a que la hiciera el Partido Justicialista o el bloque de diputados de Unión por la Patria. En el primer caso, el enfoque estaría relacionado con las condiciones de detención de Cristina, pero si la denuncia la formula el PJ o el bloque se apuntaría, más ampliamente, a la persecución política. En las dos alternativas, que Cristina definía anoche, está claro que se denuncia la intención de proscribir más y más a la exmandataria.
En concreto, la Policía Federal sólo tiene jurisdicción para custodiar edificios públicos, la Casa Rosada, el Congreso, la Catedral, y, además, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, esencialmente los puentes. En una movida para coparle la parada al gobierno porteño, Patricia Bullrich fue extendiendo su jurisdicción, considerando que las calles cercanas al Congreso y la Casa Rosada son también de su competencia. Por eso se ven efectivos de la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y hasta la Policía Aeroportuaria, participando de operativos a lo largo de avenida de Mayo, por ejemplo, en las marchas de los jubilados. La jurisdicción que les corresponde es detrás de las vallas frente a los edificios federales.
Como es obvio, San José 1111 queda lejos de cualquier edificio federal y está completamente fuera de la jurisdicción de Patricia Bullrich. Invade un distrito de manera ilegal. Para colmo, lo hace con efectivos de Infantería, especializados en la represión. Como señaló Página/12, la ministra dibujó un nuevo concepto: “que la Federal está estableciendo una zona estéril para impedir los cortes de calles”. O sea, dice que aplica su protocolo sin orden judicial y sin tener jurisdicción. Tácitamente, el mensaje es al gobierno de CABA, para que intervengan.
En la denuncia se mencionará uno de los puntos de la Ley de Ejecución Penal, que en su artículo 32, inciso segundo, dice expresamente, que “en ningún caso la persona (en prisión domiciliaria) estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”. La custodia está a cargo --dice la ley-- de una institución especializada, en este caso la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que antes se llamaba Patronato de Liberados. De manera que la presencia de la Federal ni siquiera está permitida como mecanismo de control de la pena de Cristina.
Provocar y lograr el traslado
Como señaló CFK el viernes, la maniobra de Bullrich apunta a provocar, que haya alguna reacción de los militantes o simpatizantes, incidentes y luego un reclamo a los jueces del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, para que obliguen a Cristina a buscarse otro domicilio para cumplir con la pena. Esa fue la razón por la que CFK pidió trasladar el banderazo por el Dia de la Bandera a Parque Lezama.
El objetivo de Bullrich y la Casa Rosada es sacar a CFK de San José 1111, porque allí se produce un fuerte contacto con la gente, incluso aunque ella no salga al balcón. En concreto mencionan que se aísle en El Calafate o en una quinta, al estilo de Carlos Menem, evitando que “su vivienda se convierta en un bunker y el balcón en una tribuna”, según afirman textualmente los voceros de la Casa Rosada. Además, lo fundamentan en que Cristina “conspira contra el plan económico”, al pronosticar, como lo hizo varias veces en los últimos días, “porque estamos ante un modelo insostenible en la práctica y en los hechos. Un modelo que indefectiblemente, tarde o temprano, se cae”.
Por lo tanto, lo que el equipo de Cristina sostiene es que Bullrich tiene como único objetivo “provocar conflicto y caos”, como un camino para profundizar la proscripción con un aislamiento.
Y, además, restringir visitas
Como se sabe, Beraldi y Llernovoy presentaron un recurso de reposición ante el TOF2 por la insólita limitación de las visitas, que según resolvieron los magistrados, deberán pedir autorización judicial. Hay una primera lista, que no requiere permisos: son abogados, médicos y familiares. Esa se presentará el lunes. Pero el cuestionamiento es a los demás: no está claro por qué autorizarían a unos sí y a otros no y por qué se le aplican a Cristina limitaciones que el mismo TOF 2 no le impone a represores condenados a perpetua. La periodista de este diario, Luciana Bertoia, consignó este sábado que el tribunal le otorgó domiciliaria a Gerardo Arráez, condenado a 25 años de prisión por secuestros y torturas, y no deberá informar quién irá a verlo. Respecto de otro represor, Martín Sánchez Zinny, condenado a perpetua por secuestros, violaciones y homicidios, no tuvo tobillera durante cinco años y hoy tiene autorización para realizar caminatas por el Hipódromo de San Isidro. El tribunal que dio el permiso es el mismo, el TOF2.
“Se quiere instalar una dictadura de los jueces -posteó el diputado Leopoldo Moreau en X-. Ahora se les ocurrió imponer restricciones a CFK con el objeto de aislarla. No hay ningún detenido con domiciliaria y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar con previa autorización judicial. No sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella”.
Aislar, proscribir y ensañarse
Ayer, diputados y senadores nacionales, junto con otros referentes políticos, sindicales y religiosos, se concentraron en la puerta del penal de Ezeiza para denunciar la detención ilegal de Nelson Periotti, de 80 años, extitular de Vialidad Nacional. Estuvieron presentes Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Paula Penacca, Rodolfo Tailhade, Julia Strada, Eduardo Valdés y otros legisladores y dirigentes.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra de que le otorguen la prisión domiciliaria y la condicionaron a una revisión del Cuerpo Médico Forense. Pero el diagnóstico de los galenos se demora, recién va a estar el lunes y después de eso tendrán que pronunciarse otra vez los fiscales. En lugar de enviarlo provisoriamente a su domicilio, el TOF2 lo mandó al penal de Ezeiza. No sólo va a cumplir 80 años el 3 de julio, sino que tiene un tumor en cara, fracturas en las costillas por una caída, problemas cognitivos, y en la revisión se le detectaron problemas cardíacos.
Federico Paruolo, abogado de Periotti, señaló: “la actuación de los fiscales es jurídicamente improcedente y moralmente inaceptable. Contrasta con lo que sucede con los represores, a los que mandan a la casa mientras le hacen revisión y se esperan los resultados. Todo lo que hay es ensañamiento”.
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser / P12
Te puede interesar
Lo más visto
