Entre el freno a la obra pública, el desfinanciamiento y posible cierre de Vialidad Nacional, y el camino hacia la privatización, el mantenimiento de las rutas nacionales (RN) atraviesa un peligroso estado de abandono. El choque frontal entre un camión y un micro con cuatro muertos en la Ruta N° 3, cuya reclamada conversión en autopista está virtualmente parada desde la asunción de Javier Milei, puso el tema de nuevo en agenda mientras los trabajadores de las rutas aseguran que el estado general de la red es "desastroso" y que los siniestros están creciendo, aunque todavía no hay estadísticas nacionales sobre eso. Por debajo de los casos resonantes, vecinos y vecinas del interior, gobernaciones e intendencias de casi todos los colores políticos vienen advirtiendo que el Gobierno juega con fuego al dejar el estado de las rutas librado al azar. En paralelo avanza el plan para liquidar Vialidad y concesionar el manejo de más de 4 mil kilómetros de rutas.
"Peligro de muerte"
Puede resultar extraño, pero en la Argentina actual parece necesario aclararlo: el mal estado de las rutas aumenta las posibilidades de choques. Un informe sobre causas de siniestralidad elaborado por la anterior gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indica que, con el 38,6 por ciento, el segundo motivo de siniestros en RN son las “maniobras bruscas”. Ubica a la falta de mantenimiento como uno de los principales factores de ellas y recomienda “reacondicionar la calzada que presenta desniveles, baches o elevaciones que produzcan que los vehículos circulen en condiciones que disminuyan la eficiencia en la maniobra afectando, entre otras cosas, la estabilidad del rodado”.
Poco y nada de todo eso está ocurriendo en las RN desde que el Gobierno nacional decidió frenar la obra pública y desfinanciar Vialidad. Algunas rutas directamente están sin mantenimiento desde hace meses y las intervenciones que se cuentan son escasas o en casos extremos. De primera mano lo cuenta Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA): “El estado de la red hoy es desastroso. Los compañeros salen a trabajar, pero con muchos menos kilómetros de cobertura, y el desfinanciamiento no nos está permitiendo hacer la conservación que corresponde ni siquiera para bachear, calzar banquinas o hasta arreglar o darle combustible a las máquinas", señala a Página/12. Estiman que alrededor del 65 por ciento de la red de rutas está hoy en un estado entre regular y malo.
Las condiciones laborales grafican la situación crítica. Aleñá cuenta, por ejemplo, que en muchos casos el sindicato tuvo que hacerse cargo de comprar tanzas para una tarea de mantenimiento tan básica como el corte de pasto. Otro caso es el de los trabajos en la reciente inundación de la localidad de Zárate: "Los compañeros no tenían ni pilotos, tuvieron que ir con sus propios camperones y botines. Hicimos el reclamo y llegaron algunos pilotos, pero ni siquiera para todos, por lo que también tuvimos que comprar pilotines desde el sindicato", indica la secretaria general del gremio. Todo se traduce en una "situación muy delicada en cuanto a la seguridad de las personas que sin dudas aumenta el peligro de muerte".
Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, que surgió tras la tragedia del colegio Ecos de 2006, explica las cosas en términos simples: "La infraestructura vial es una de las bases fundamentales de la seguridad vial. Sin mantenimiento las rutas se pocean, se rompen, se deforman, y cualquier tipo de imperfección en el pavimento puede provocar una mala maniobra, un frenado, un resbalón o hasta romper un neumático. Siempre hablando de vehículos que circulan hasta a 120 kilómetros por hora, lo que implica un alto grado de posibilidades de muerte", dice a este diario. Molina también advierte sobre un estado de "abandono" y "desidia" en las RN, producto de "18 meses de desinversión que, por ausencia del Estado, va a provocar más muertes y familias destruidas".
La última estadística oficial del Observatorio Vial de la ANSV es sobre 2024. Da cuenta de 3894 siniestros en todo el país con 3238 muertes con un 29 por ciento de los casos producidos en RN, cifra similar a la de 2023, con un 30 por ciento. Aleñá sostiene, sin embargo, que las cifras de 2025 serán claves para ver la evolución de los casos, ya que las rutas sufrieron un fuerte deterioro en los últimos meses y el aumento de siniestros ya se está sintiendo en el territorio. "Nadie quiere darnos estadísticas de la siniestralidad. Hemos dado vueltas e insistido para que nos digan para saber y no se está haciendo, pero los compañeros nos cuentan todo el tiempo que los casos están creciendo. Van a avanzar por más que lo quieran ocultar y alguien va a tener que hacerse responsable", apunta. Para Molina, en tanto, el impacto de la desinversión también "se está empezando a sentir", pero asegura que se reflejará en las cifras "de acá a dos años".
Por fuera de las estadísticas nacionales, algunos municipios del interior bonaerense se toman la tarea de hacer relevamientos propios para saber cómo está la situación, y sirven cómo termómetro de la cuestión. Es el caso, por ejemplo, del Municipio de Bolívar, que realizó un informe en función de los siniestros registrados en las RN que cruzan el Partido, la 205 y la 226, y las intervenciones del Hospital Municipal. Según indicaron a este diario, en todo 2024 hubo 36 siniestros en ese tipo de rutas, mientras que en los cinco meses que lleva 2025 ya se registraron 20. La gravedad de los siniestros también parece recrudecer, ya que el año pasado el hospital tuvo que intervenir en el 52,7 por ciento de los casos, mientras que en 2025 ya tuvo que hacerlo en el 55 por ciento.
Gobernadores, diputados e intendentes
En febrero de este año, el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de veinte intendentes presentaron una denuncia judicial por el abandono del mantenimiento de las rutas, así como por la retención de la parte de la recaudación del Impuesto al Combustible que debe destinarse a Vialidad y la del ahora exImpuesto PAÍS que debía destinarse a obras de infraestructura. El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, señala ahora a este diario que las cifras de esa retención que el Gobierno no giró a sus respectivos destinos se cuentan en 200 mil millones de pesos en el caso del impuesto al combustible y en 1 billón en el caso del PAíS: "El Gobierno nacional tiene que explicar qué hizo con eso", advierte.
"Cada vez que los argentinos y argentinas cargan combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono. Milei lleva más de 500 días de gobierno y no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó las 2.308 obras que estaban en ejecución, esto no es gratis para la Argentina", agrega.
Un informe del Instituto Argentina Grande da cuenta de que, de ese total de obras paralizadas, 270 corresponden a obras viales. Entre ellas se cuentan trabajos de gran envergadura e importancia vial como los de la Autopista Presidente Perón que, según el informe, a diciembre de 2024 no había avanzado en nada desde el punto en que quedó desde el recambio de gobierno de 2023. Lo mismo ocurrió con la obra de la autopista en la RN N°7 Luján - Junín, también en Buenos Aires, o la Autopista de la RN 158 San Francisco - Río Cuarto, en Córdoba, y las obras en la RN 40 del Corredor Mendoza - San Juan, entre otros casos.
El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, ejemplifica en diálogo con Página/12 con una situación que atraviesa su partido: "Entre 2022 y 2023 hubo un proyecto para la Ruta 205 que buscaba ampliar sectores, y renovar y hacer dobles calzadas por el alto flujo de tránsito en el tramo hacia Saladillo. Eso se licitó y se empezó a ejecutar, pero al llegar Milei se paralizó, quedando incluso el fresado expuesto al aire libre que, conjugado con la última inundación que tuvimos, terminó agravando las condiciones del suelo", cuenta y afirma tener "mucha preocupación por la desidia que se traduce sí o sí en mayores siniestros y riesgo a la vida".
Pisano forma parte del grupo de intendentes que presentó la denuncia junto a Katopodis y asegura ahora que por esa vía judicial "todavía no hemos tenido ninguna respuesta". Tanto en Bolívar como en otros municipios, las gestiones se tienen que encargar de asistir a trabajadores de Vialidad hasta con combustible para las máquinas porque la gestión nacional no lo garantiza.
Pero los reclamos no son sólo de la oposición peronista. En lo que va del año, el Gobierno nacional sumó pedidos por el tema de todos los colores políticos. En enero, por ejemplo, la intendenta PRO de Nueve de Julio, María José Gentile, manifestó públicamente su preocupación por el estado de las rutas 5 y 56 y hasta envió una nota a Vialidad para pedir intervención en el mantenimiento de las rutas. Lo mismo habían hecho antes los intendentes de la UCR Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen, y Sofía Gambier, de Pellegrini, también por la Ruta 5.
A nivel gobernación, Maximiliano Pullaro llegó a sostener en su discruso de apertura de sesiones provinciales que "las rutas nacionales están colapsando por falta de mantenimiento", mismo sentido en el que se expresó en Chubut Ignacio Torres, al señalar que "hoy se están cobrando impuestos para el mantenimiento de rutas y no se está ejecutando un solo peso", y que así "estamos poniendo en riesgo la vida de muchísimos argentinos".
La cuestión también llegó al Congreso nacional hace unas semanas en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas a la que estaban invitados a comparecer el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y el titular Vialidad, Marcelo Campoy. Al inicio de la reunión, sin embargo, el diputado santiagueño Bernardo Herrera, de Unión por la Patria y presidente de la comisión, tuvo que anunciar que los dos funcionarios habían decidido declinar la invitación.
La reunión se llevó a cabo igual con la exposición de legisladores, pero también de representantes de las provincias, como Ignacio Chaer, ingeniero de Vialidad provincial de La Pampa, quien advirtió allí que más de la mitad de las RN de la provincia "van a pasar prontamente a estar calificadas en estado malo, lo que implica ya no una simple repavimentación o bacheo sino una inversión mucho más onerosa para ponerlas en buen estado". Desde La Rioja, en tanto, el administrador de Vialidad, Jorge Escudero, se manifestó en el mismo sentido y agregó que allí "paralizaron las obras nuevas y han abandonado el mantenimiento de las rutas existentes".
Rutas en manos privadas
El camino parece claro: tras el abandono, la privatización. Así lo ratifica la última novedad anunciada por Vialidad, que la semana pasada lanzó la segunda etapa de la licitación de la llamada "Red Federal de Concesiones" para sumar a la oferta más de 4.400 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., mientras despide trabajadores y amenaza directamente con el cierre del organismo. En una primera instancia, Vialidad ya había puesto a disposición dos tramos del exCorredor Vial N°18, cuya concesión se dio de baja el 9 de abril de este año e incluye a las RN 12 y 14, con el puente Zárate - Brazo Largo incluido.
Ese caso es paradigmático en lo que respecta a la experiencia de las rutas concesionadas, algo que conocen bien los trabajadores de Vialidad, que quedaron a cargo de su mantenimiento tras el cierre de la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A con quiebra y actas por "incumplimiento de contrato" incluidas. Aleñá indica en este sentido que "hoy estamos con la totalidad de eso a nuestro mando, y la verdad es que la empresa dejó un desastre en la ruta del puente de Zárate y ahora los compañeros tienen que arreglarlo en pésimas condiciones de trabajo". "Estamos hablando de manos privadas que siguieron cobrando el peaje hasta el último día de gestión y nadie les exigió nada", agrega.
El jueves pasado, los y las trabajadoras realizaron una movilización a la sede porteña de Vialidad en defensa de los puestos de trabajo, luego de que más de 300 trabajadores fueran despedidos en los últimos meses. La secretaria general asegura que ese parece ser sólo el inicio del camino, ya que vienen trabajando bajo la amenaza del posible cierre del organismo: "Desde hace dos meses el administrador de Vialidad anunció que está a la firma el decreto que establece que nos fusionamos con algún otro organismo, que nos reducimos a agencia o directamente desaparecemos. Sabemos que hoy se sigue trabajando en ese decreto por el que están en juego los puestos de trabajo de 4 mil agentes", alerta.
El reclamo por la autopista
La Ruta Nacional N°3, donde se produjo el choque frontal entre un camión y un micro, con cuatro fallecidos, es escenario desde hace años de siniestros de este tipo. Los vecinos y vecinas de las ciudades que la ruta atraviesa en la Provincia vienen reclamando su conversión urgente en autopista. El proyecto había comenzado finalmente en 2023, pero el Gobierno de Javier Milei lo frenó y recién hace unos meses volvió a trabajar con obras mínimas en la zona de San Miguel del Monte.
Página/12 habló con Sonia Sasale, Mario Ibarra y Fernando Sottile, integrantes del grupo de vecinos autoconvocados de Azul que vienen reclamando la autopista. Sobre el estado actual de la ruta señalan que desde esa localidad hasta Las Flores "el deterioro es importante": "Hay pozos, huellones y bordes que provocan un alto número de accidentes, sobre todo en la mano que va hacia Capital Federal. Son provocados por el tránsito constante de camiones con cargas excesivas de peso y en el último tiempo el estado de la ruta ha empeorado, ya que no recibe ningún tipo de mantenimiento", advierten.
El grupo realizó el domingo pasado una actividad a la vera de la ruta, donde hace años colocaron un gran cartel que marca la cantidad de siniestros y muertes producidas allí desde 2006 hasta el 2021, cuando pudieron conseguir el último registro oficial: "Son 303 accidentes, 550 heridos y 196 muertes", señalan y agregan que "la transformación en autopista es importante para evitar los choques frontales, que es la principal causa de muertes, heridos y pérdidas materiales".
En febrero de este año, Vialidad Nacional informó oficialmente que estaba avanzando con las obras de conversión en autopista en el tramo de 26 kilómetros desde Monte hasta Gorchs, aunque desde entonces no se notificó ninguna nueva noticia. Sin embargo, la ruta está incluida en el paquete a concesionar.
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