El 50% de los varones y el 69% de las mujeres con la edad legal cumplida no podrá, desde el próximo 23 de marzo, acceder al derecho a una jubilación por la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar la moratoria previsional. Un total de 243.000 personas a las que el Estado le cerró la puerta impidiéndoles, tras largos años de trabajo, acceder a un ingreso mínimo de subsistencia. Es decir que tras padecer como trabajadores activos la precarización laboral y la falta de registración por parte de quienes los emplearon, ahora también sufrirán la pérdida en lo inmediato de ingresos que les permitan hacer frente a una canasta básica, a medicamentos, a un techo donde vivir. 

Según datos oficiales, la situación se agrava en el caso de las mujeres ya que existe una brecha de 20 puntos respecto de sus pares varones, porque llegan a la edad jubilatoria con menos años de aportes que los que exige la ley. “Si bien la edad mínima para jubilarse es menor para las mujeres (60 años) que para los hombres (65 años), ambos deben cumplir con la misma cantidad de años de servicios con aportes (30). Esto implica que las mujeres deban soportar una mayor exigencia, ya que deben alcanzar en menos tiempo los mismos requisitos, en una clara contradicción con los indicadores laborales que reflejan una menor participación en el mercado de trabajo”, analizó el informe de la Subsecretaría de Seguridad Social al que accedió este medio. 

Esta situación no hará más que agravar una realidad ya alarmante: las personas mayores de 65 años encabezan el segmento donde más creció la miseria durante el gobierno libertario, con un aumento – al primer semestre del 2024, último dato disponible- de 16,5 puntos, por arriba de la suba del nivel general (12,8 puntos). Esto significa que hay más de millón de personas de la tercera edad en situación de pobreza, es decir, que no tienen lo básico para hacer frente a sus necesidades esenciales de alimentos y pago de algunos servicios. El mismo informe oficial reconoce, de hecho, la importancia de la moratoria a lo largo de los años: “en diciembre de 2024 la cantidad de jubilados fue de 5.612.281, de los cuales 3.842.357 accedieron con moratoria”. es decir, el 68% del total de las y los jubilados. 

La casta eran los jubilados 

En 2024 un total de 187.044 varones cumplieron la edad de 64 años, mientras que unas 216.022 mujeres llegaron a 59 años de edad, es decir, que más de 400.000 personas se acercaron a la edad próxima de jubilación (65 años para ellos y 60 para ellas). Sin embargo, más de la mitad no va a poder acceder al derecho a un ingreso de subsistencia en la vejez ya que, pese a haber trabajado la mayor parte de su vida, no cuentan con los aportes suficientes establecidos por ley (30 años). 

En lo concreto, de acuerdo con datos oficiales, si se excluye de esos totales a quienes ya cuentan con algún beneficio previsional contributivo o no contributivo, se observa que este año, ya con la edad cumplida, el 50% de los varones (93.000 personas) y el 69% de las mujeres (150.000 personas) no podrán acceder a una jubilación por la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la moratoria previsional, que permitía “comprar” años a quienes por no haber sido registrados como les correspondía, no cuentan con los aportes suficientes. Un total de 243.000 personas afectadas.

Según un informe presentado por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social (DNPSS) que analizó los aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 1994 a la fecha, por quienes están próximos a alcanzar la edad legal mínima jubilatoria resulta evidente “la significativo dificultad de los trabajadores para alcanzar los años de servicios con aportes requeridos para acceder a la jubilación”, existiendo además “una importante brecha entre varones y mujeres”. 

Considerando tanto a quienes trabajaron en relación de dependencia -sector privado y público nacional y provincial-, como a trabajadoras de casas particulares, autónomos, monotributistas y monotributistas Sociales, el informe de Seguridad Social indicó que, en el caso de los varones en edad de jubilarse un 15% ya se encuentra jubilado, se le suma otro 27% que cumpliría con los 30 años de aportes (42% en total) y se podría agregar otro 8% que se estima que tiene probabilidades de acceder a un régimen provincial. En definitiva, “un 50% de los casos analizados alcanzaría un beneficio contributivo a nivel nacional y habría otro 50% que no podría acceder a un beneficio a la edad de 65 años”, es decir, no podrá jubilarse sin moratoria.

En el caso de las mujeres solo el 4% con edad de jubilarse ya lo hizo, se suma otro 13% que cumpliría con los 30 años de aportes, (17% en total) y se podría sumar otro 14% que se estima que tiene probabilidades de acceder a un régimen provincial. Por lo tanto “un 31% alcanzaría a un beneficio contributivo mientras que quedaría otro 69% que no podría acceder a un beneficio a la edad de 60 años”, es decir, el 70% de las mujeres quedará excluida de este derecho elemental. 

En ese sentido hay que considerar que la brecha de 20 puntos en la cantidad de mujeres que no podrán jubilarse respecto de sus pares varones se vincula directamente con la menor participación de ellas en el mercado de trabajo y la mayor informalidad en las contrataciones, que hacen que las trabajadoras lleguen a la edad jubilatoria con menos años de aportes. A esto se suma que sobre sus hombros recaen, en mayor medida, las tareas domésticas y de cuidado que se realizan sin ningún reconocimiento económico, es decir, trabajo no pago en el hogar (ellas dedican 6:31 horas al día al trabajo de doméstico y los varones sólo 3:40 horas). Sin embargo, la implementación de regímenes de moratoria permitió en estos años que una mayor cantidad de mujeres puedan acceder a ese derecho. De hecho, a través de esa herramienta se jubiló el 78% de las mujeres y el 44% de los varones.

Solo en 2024, cuando el rechazo social logró que se excluya del tratamiento de la llamada “Ley Bases” a la eliminación de la moratoria como proponía La Libertad Avanza, casi 200.000 mujeres lograron finalmente jubilarse. 

“Las mayores diferencias respecto de los varones es el menor peso del sector registrado privado y la gran participación de casas particulares en el total. Respecto a este último sector, se observa una distribución que tiene casi nula ponderación en los tramos de mayores aportes”, explicó el informe dando cuenta de un sector de la actividad donde la mayoría son trabajadoras mujeres pero que tiene un 70% de informalidad y, además, las empleadas de casas particulares están sobrerrepresentadas en la jubilación mínima. De igual manera, la posibilidad del Reconocimiento Previsional del Cuidado establecido por el Decreto 475/2021 que reconoce a mujeres en edad de jubilarse 1 año de aporte por hijos resulta más que insuficiente sin un plan de moratoria acorde. 

“Si bien existen algunos mecanismos que permiten moderar la situación, tales como la compensación del exceso de edad con la falta de servicios (art. 19 Ley 24.241), la posibilidad de obtener la Prestación por Edad Avanzada (art. 34 bis Ley 24.241) y el Decreto 475/2021, es evidente que existen grandes dificultades para proporcionar cobertura en la vejez a través del régimen contributivo”, concluyó el informe y remarcó que “no se reconoce el esfuerzo contributivo de quienes no llegan al mínimo exigido” en la medida en que “no se pondera su historial aportativo, dejando fuera a un universo muy heterogéneo que incluye trabajadores sin aportes o con 1, 5, 10, 20 y hasta 29 años de aportes”. 

Sin lo mínimo para una vida digna

La pobreza creció 12,8 puntos en el primer semestre del gobierno de Javier Milei, la cifra más alta desde la crisis del 2001. Más de 30 millones de personas no tienen lo suficiente para llegar a fin de mes. En este escenario, hay un segmento de la población que sufrió el impacto directo de las medidas de recorte del gasto, liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: las y los adultos mayores de 65 años y más, el grupo etario donde más creció la pobreza, con un aumento de 16,5 puntos, por arriba de la suba del nivel general (12,8 puntos).

En relación, el haber medio de los jubilados sin moratoria ronda los $540.000 pesos mientras que el de quienes tienen una moratoria se ubica en torno a los $340.000 pesos, ingresos que apenas llegan o ni siquiera, a la mitad de una canasta básica para jubilados que ronda los $912.000 (Defensoría de la Tercera Edad CABA, octubre 2024).

Sobre ello, el informe de Seguridad Social señaló que “eventualmente parte de quienes no puedan jubilarse podrá acceder a la cobertura previsional a través de alguna pensión no contributiva como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) si es que logran cumplir con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales”. Es decir que, más allá de los años sí aportados, la única opción posible podría ser una pensión que hoy es apenas el 80% del haber mínimo ($223.000). 

Lo anterior muestra que la eliminación de la moratoria previsional no hará más que profundizar los niveles de pobreza de las personas mayores que ya encabezan el segmento donde más creció la miseria. Según datos del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) cada jubilado/a acumuló solo en el primer año de gobierno de Milei una pérdida promedio de $2.031.242. Ello en un escenario donde la jubilación mínima cayó, en promedio, 18% respecto de 2023, quedando el poder de compra de la mínima similar al de 19 años atrás. En relación, el ajuste fiscal sobre los jubilados fue el componente central de los recortes del gasto público implementados por el gobierno libertario: “Más de 10 billones de pesos se ‘ahorró’ el Estado Nacional quitando ese monto del bolsillo de los jubilados y jubiladas”, señaló el centro de estudios.

Finalmente hay que sumar que el gobierno redujo la cantidad de medicamentos gratuitos de acceso vía PAMI y también la cantidad de personas que los pueden adquirir según sus ingresos. “En el listado oficial de medicamentos que el PAMI ya no cubre en diciembre de 2024 hay algunos básicos como aspirina, corticoides, calcio. Por otra parte, el programa Remediar cerró su ejecución de 2024 con el 75%, la dirección a cargo fue reducida y no hay compras programadas. Por último, en febrero de 2025 se desreguló aún más el precio de las prepagas y las habilitó a cobrar montos todavía superiores a las personas mayores”, destacó un informe reciente del CELS. 

Por Eugenia Rodríguez / El Destape