El pasado

Hace unos días Natalio Botana sostuvo que “la tradición liberal sobre la que se construyó la Argentina, la tradición de Alberdi, Mitre y Sarmiento, los tres grandes pilares, no descansa sobre una verdad absoluta, descansa sobre el criterio de que las verdades son relativas, que hay un pluralismo en la sociedad y que las instituciones de la República están para ordenar ese pluralismo y, si es posible, ordenar las conductas hacia ciertas zonas de consenso que permitan, a lo largo de los años, políticas de Estado. Las grandes políticas de Estado [de las presidencias fundadoras [1] y del orden conservador (1862-1916) [2]] fueron la educación y la inmigración (...). Hoy hay problemas en este campo [de las políticas públicas de Estado]”. A estas dos políticas sumaría la construcción del Estado nacional.

Días más tarde, una colega, sin que yo le haya mencionado esta entrevista a Natalio Botana, me decía: “Siempre pienso que no basta con ‘volver’, que no es poco... Porque el péndulo destruye todo, realmente”.

Ambos tienen razón. ¿Cuáles son las grandes políticas de Estado que ha tenido la Argentina más allá de los grandes proyectos políticos de nuestra historia, pero que en algún momento fueron quebrados, perseguidos y destruidos?

Se podría pensar que la democracia, la República verdadera [3], en términos de Juan B. Alberdi, fue el gran proyecto del radicalismo (1916-1930), pero que no logró el consenso entre los actores políticos y sociales (basta con leer a Leopoldo Lugones) y terminó quebrándose en 1930. Tuvieron que pasar muchos años y varios baños de sangre para que ese consenso cristalizara en 1983, hasta ahora…

También podríamos sostener que el otro gran proyecto político fue el del peronismo (1946-1955): justicia social e industrialización. Por ejemplo, esta última ya era debatida en los años ‘20 y comenzó a implementarse durante la Restauración Conservadora (1932-1943) [4] y se podría sostener sin dudas que Arturo Frondizi (1958-1962) fue su continuador. Sin embargo, el proyecto industrializador no se convirtió en una política de Estado. Hasta el día de la fecha se sigue debatiendo campo vs. industria; a lo que habría que sumar actualmente la discusión ridícula sobre la minería y la obsesión de pensar las políticas económicas para la Patagonia y Tierra del Fuego a partir de un excel, sin incorporar una mirada geopolítica. Ni que hablar de la justicia social.

Para que la educación, la inmigración y la construcción del Estado nacional se convirtieran en políticas públicas, los actores políticos y sociales enfrentados durante 30 años (1820-1852) tuvieron que deponer las armas y acercar posiciones; lo mismo sucedió con la democracia. En efecto, Esteban Echeverría, un acérrimo unitario, sostenía: “Es un error grave y funesto, en nuestro entender, imaginarse que el Partido Unitario y el Federal no existen (…). Esos partidos no han muerto, ni morirán jamás; porque representan dos tendencias legítimas, dos manifestaciones necesarias de la vida de nuestro país (…), [la] misión es adoptar lo que haya de legítimo en uno y otro partido, y consagrarse a encontrar la solución pacífica de todos nuestros problemas sociales con la clave de una síntesis más alta, más nacional y más completa que la suya, que satisfaciendo todas las necesidades legítimas, las abrace y las funda en su unidad” [5]. Este pensamiento quedó consagrado en la Constitución de 1853/1860.

Hubo otras experiencias parecidas. En 1970 se publicó el documento denominado “La hora del pueblo” que firmaron varios partidos políticos, y que también fue el nombre bajo el cual se agruparon hasta 1973, entre ellos, el peronismo y el radicalismo, que tuvo por objeto presionar a la dictadura que tiranizó nuestro país entre 1966 y 1973 para que se llamara a elecciones sin proscripciones. Estos actores políticos publicaron en 1972 “Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos” que sería la base del pacto social durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1973-1974).

La multipartidaria, también con el peronismo y el radicalismo como protagonistas, se creó en 1981, se disolvió el 10 de diciembre de 1983 y su principal objetivo fue el retorno de la democracia.

Este presente aciago, que se nos manifiesta a los que lucharon por la democracia y a los que nacimos en esta, requiere terminar con la antinomia peronismo vs. antiperonismo y solucionar los problemas que tiene el país.

Radicalizar

En este año la destrucción del Estado argentino ha avanzado, sin pausa, debido a que los partidos democráticos decidieron aprobar las herramientas que el gobierno ha solicitado o no han recurrido a los poderes que tiene el Congreso; es decir, no han aplicado un cordón sanitario, como ha ocurrido en otras partes del mundo contra gobiernos de la familia de las alt-right, o han sido aprendices de Franz Von Papen.

Así, por ejemplo, se ha puesto a la venta a IMPSA; expulsado a científicos y docentes, debido al desfinanciamiento del sistema universitario nacional y del sistema científico nacional; la venta de inmuebles de instituciones estratégicas, como el INTA, y el potencial remate de empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles y Nucleoeléctrica Argentina.

También hemos hablado sobre la destrucción y partidización de las Fuerzas Armadas [6], y esta semana nos hemos anoticiado con la venta a un precio irrisorio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, que había sido intervenido por un comisario político de Estados Unidos.

Asimismo, hemos sostenido que el gobierno no respeta la Constitución, la democracia y las instituciones de la República. Por ejemplo, Javier Milei ha firmado en un año 1.232 decretos y ha utilizado la herramienta de los DNU.

Pero, tal vez, de mayor gravedad institucional es la amenaza del gobierno de prorrogar el Presupuesto de 2022, una vez más por decreto, y de nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también a través del mismo mecanismo, violando la Constitución nacional.

Ahora bien, Luciano Anzelini nos invitaba a radicalizar hasta que aclare, pero ¿cómo?

Existe un consenso importante en la afirmación de que el hiper-presidencialismo argentino [7] no ha logrado ser atenuado con la reforma constitucional ni tampoco ha mejorado la selección de jueces ni se ha fortalecido el sistema de partidos políticos. Obviamente, no todo depende de la Constitución, sino también de las leyes que regulan muchas de sus disposiciones, como por ejemplo la Ley N.º 26.122 sobre los decretos de necesidad y urgencia.

Asimismo, hay leyes que intentaron realizar otras modificaciones, como la Ley N.º 26.571, que estableció las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Esta ley tenía por objetivos democratizar las internas partidarias y reducir la oferta electoral, entre otros. En el primer caso, no ha funcionado a nivel nacional en general y en el segundo caso, la oferta electoral se ha reducido, pero a costa de la proliferación de frentes electorales que no terminan en materializarse en frentes de gobierno.

El Poder Judicial, pese a la implementación del Consejo de la Magistratura, sigue siendo feudal, oscurantista y medieval [8]. Si bien ha comenzado a implementarse el modelo acusatorio, de manera muy lenta en el norte del país, aún falta que se reglamenten los artículos de la Constitución nacional que ordenan en tres oportunidades, y desde 1853, la instauración de un jurado popular; al menos se podría optar por el modelo escabinado como en la provincia de Córdoba, si se le tiene miedo al pueblo. Sin embargo, no parece ser suficiente si los fiscales no tienen responsabilidad popular y si los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueden ser destituidos, no solo por el Senado, sino también a través de un mecanismo popular.

En definitiva, es necesaria una nueva reforma constitucional que atenúe el hiper-presidencialismo, adoptando el semi-presidencialismo francés con la posibilidad de ser elegido en dos oportunidades, seguidas o no, en el mismo cargo por un período de cinco años y, por otro lado, la implementación del sistema electoral alemán que elija a los diputados nacionales cada cinco años. También se podría separar las elecciones nacionales de las provinciales y estas de las municipales. Asimismo, se podría aumentar el piso electoral para acceder a la Cámara de Diputados e incrementar los requisitos para conformar un partido nacional a partir de los resultados que hayan obtenido a nivel provincial en determinada cantidad de provincias en la elección previa. Además, se tendría que establecer que las bancas pertenecen a los partidos y así terminar con la “borocotización”.

Se podría seguir con otras modificaciones, pero la pregunta es qué hacer aquí y ahora, porque el gobierno de Javier Milei sigue destruyendo el Estado argentino.

¿Qué hacer? [9]

Si el clivaje peronismo vs. antiperonismo sigue predominando entre los actores políticos y sociales, será muy difícil lograr acuerdos, que no necesariamente tienen que abarcar todos los temas.

Se podría empezar con que algunos bloques de la Cámara de Diputados y/o Cámara de Senadores declaren nulo de nulidad absoluta el Acuerdo Foradori-Duncan; el Acuerdo Mondino-Lammy; la toma de deuda del FMI (es decir, que un nuevo gobierno no la reconocerá si no pasa por el Congreso —esto es central—); la venta de empresas estratégicas.

Pero además de decir que no a algunas políticas de manera contundente, es necesario acordar otras de mediano plazo, como por ejemplo en educación; ciencia y tecnológica (un lanzador espacial, satélites, radares, energía nuclear, biotecnología, entre otras); infraestructura que mejore la competitividad sistémica a nivel meso y meta, más allá de lo micro y macroeconómico, con Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles para bajar los costos logísticos.

La lista no es exhaustiva, pero por alguna política hay que empezar.

No se trata de una cuestión jurídica, sino de actos políticos, porque el país no puede aguantar así otro año y, por eso, bien merece otro abrazo Perón-Balbín.

[1] La historiografía suele considerar como presidencias fundadoras a Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880) y al orden conservador al periodo que se extiende entre 1880 y 1916. Por mi parte, sumaría entre las primeras a Justo José de Urquiza (1854-1860).
[2] Botana, Natalio (2012 [1994]). El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916. Buenos Aires: Edhasa. En cuanto al debate sobre la educación y la inmigración, entre otros debates de fines del siglo XIX, ver (entre otros) Botana, Natalio (1997). La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
[3] Botana Natalio (1997). La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
[4] Rapoport, Mario (2000). Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires: Ediciones Macchi, pp. 166-171. Desde Carlos Pellegrini (1846-1906) hasta Alejandro Bunge (1880-1943).
[5] Echeverría, Esteban (1940 [1846]). Dogma socialista. La Plata: Universidad Nacional de la Plata, pp. 123-124.
[6] Ver también estas notas sobre este mismo tema: a) "Fuerzas armadas: defenza nacional, modernización o riesgo de retroceso"; b) "Nuevas amenazas, viejas soluciones", de Roberto López, y c) "El liberalismo no necesita Fuerzas Armadas", de Viktor Kalganov
[7] Nino, Carlos (1992). Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea.
[8] A Luciano Anzelini y a quien esto suscribe les anularon un concurso que no había tenido ninguna impugnación. El reclamo está en el Poder Judicial hace meses y también quien esto suscribe fue echado del Ministerio de Defensa, a pesar de tener 30 años de antigüedad en el Estado con medalla y todo el 23 de diciembre de 2017 y el Poder Judicial aún no ha resuelto pese a que la causa se inició en el año 2018. El Estado terminará pagando, es decir, todos, pero no los funcionarios.
[9] La pregunta remite al libro clásico de Vladímir Lenin. Pido perdón a la derecha.

 Por Sergio Eissa / El Cohete