El interior del país no podía competir con los productos importados por el puerto de Buenos Aires. Santa Fe podía abastecer de leña a todo el país, pero la desprotección hacía que el negocio se perdiera a manos del carbón inglés. La industria vitivinícola, de aguardiente y aceitera de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca era de alta calidad pero el precio al cual llegaba el vino, el aguardiente y el aceite de oliva extranjero no permitía a las provincias pagar el transporte terrestre, etc. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, planteó la prohibición de la importación de los productos que se elaboraban en el país, logró el apoyo de las demás provincias y en diciembre de 1835 se promulgó la Ley de Aduanas, e impusieron aranceles del orden del 35% a la mayoría de los productos extranjeros que competían con las producciones nacionales. En otros casos, los aforos alcanzaron el 50%, y el ingreso de muchos productos fue directamente prohibido. También se diseñaron incentivos al transporte marítimo realizado con buques nacionales y se impusieron derechos a la exportación de cuero (de alrededor del 25%) para capturar para el Estado una parte de la renta ganadera. Las mercaderías sacadas para el interior, por su parte, como lo había pedido Ferré, fueron libradas de todo gravamen.

En Buenos Aires, la industria ganadera no retrocedió ni un paso, al tiempo que se llenó de talleres. Según el censo de 1853, había en ese año 1.065 fábricas montadas, 743 talleres y 2.008 casas de comercio. La ciudad del mismo nombre fue reconocida como un gran taller industrial.

En Córdoba y Tucumán se desarrollaron a toda velocidad los centros manufactureros más importantes del país. En Córdoba se elaboraban zapatos y tejidos. Sus pieles de cabra curtida se exportaron a Francia en tales cantidades que el gobierno francés decidió prohibirlas para proteger a su industria local. Tucumán potenció sus producciones de muebles para abastecer los crecientes mercados cuyanos, así como las producciones de cueros curtidos, tintes y tabaco; tabaco para la exportación hacia Chile, Bolivia y Perú. También se inició la nueva industria del azúcar, que alcanzaba para abastecer a casi todo el norte argentino y comenzaba a vender una parte en Buenos Aires.

Salta se convirtió en otro gran centro industrial, especializado en la hilandería, la elaboración de cigarros, vasijas, suelas, becerros, curtidos, harina y vino. Catamarca siguió abasteciendo a las provincias vecinas de grandes cantidades de algodón, vinos y aguardiente. San Luis también multiplicó sus trabajos textiles y cueros. Los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan vivieron por aquellos años su época dorada. También se producían en esas provincias harina, trigo, frutas secas y jabón en grandes cantidades, y hasta hilados de seda, y se exportaban a Chile importantes volúmenes de ganado en pie, cobre, frutas secas, jabón, charqui, sebo y cueros.

Fue en 1853 cuando Justo José de Urquiza, vencedor de Rosas en Caseros, logró consensuar una Constitución Nacional, a la que se opuso la Provincia de Buenos Aires y su puerto, en una alianza entre los Anchorenas (y otros conspicuos rosistas) y los comerciantes y financistas ingleses, que tuvieron en Bartolomé Mitre (ahijado del hermano menor de Juan Manuel de Rosas) a su mejor interlocutor. De hecho la llegada de los liberales al poder en 1852 aseguró los derechos de propiedad de los capitalistas nativos y los inversores extranjeros, y favoreció el desarrollo de la economía de mercado [1].

Tras la deserción de Urquiza en Pavón, Mitre se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional, para luego de obtener el triunfo en las elecciones generales: asumió formalmente la presidencia de la República el 12 de octubre de 1862.  Su primer objetivo fue remover a las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico.

En ese entonces, ante la sumisión de muchos, hubo caudillos locales que lo enfrentaron, conscientes de la disparidad de fuerza pero dispuestos a “morir de pie (antes) que vivir de rodillas”.

Desde Córdoba, foco liberal del interior del país, el ejército mitrista avanzó sobre otras provincias —Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta— donde fueron desalojados por la fuerza los gobernadores federales, e incluso asesinados, como fue el  caso del Chacho Angel Vicente Peñaloza, sin que Urquiza levantara la voz [2].

Al terminar su mandato, el gobierno de Mitre, funcional a los intereses de la banca Baring Brothers, Rothschild y al imperio británico, había logrado su propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional. No otra cosa pretende el gobierno actual, como en su momento lo hicieron todas las catervas conservadoras —hasta 1916 en que asumió la primera vez Hipólito Yrigoyen—, y fueron los objetivos de los golpes militares de 1930, 1955 y 1976, que incluso continuaron gobierno democráticos como los de Alfonsín con el Plan Austral, Menem, De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Y, para ello, se valen principalmente del endeudamiento. El origen y objetivo de la deuda no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, para apropiarse de los principales recursos naturales del país.

Juan Bautista Alberdi lo afirma claramente: con Alsina, la Bolsa de Londres solicita al gobierno británico que desmembre a la República Argentina para provecho común de los negociantes de allá y de aquí (J. B. Alberdi, Escritos póstumos, Vol. XIV, página 662. Imprenta Juan B. Alberdi, año 1901, Biblioteca de la Corte Suprema).

Por supuesto, fue necesario que los comerciantes y banqueros ingleses, y sus serviles criollos, corrompieran a Urquiza [3] para que se retirara del campo de batalla de Pavón, como antes habían corrompido a Francisco Pancho Ramírez y a Estanislao López, vencedores de los porteños en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820.

Definido el modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico, que la historia mitrista denominó de “Organización Nacional” contra la barbarie, dejaba al Estado un rol de imposición y control del modelo por la fuerza, por un lado, y de llevar adelante las imprescindibles obras públicas (puertos, FFCC, obras sanitarias, etcétera) para el apuntalamiento de la actividad productiva y comercial.

El problema siempre fue qué funciones debe cumplir el Estado y quiénes financian el gasto público.

El liberalismo más abyecto era pregonado por Mitre, que ahogó en sangre con artillería, rifles y municiones inglesas la sublevación de los pueblos, incluso del Paraguay soberano e independiente. 

Reforma del Estado

"Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado", tropezó con su inconsciente en 1989 el ministro Roberto Dromi.  Y es el mismo concepto que repite Javier Milei, pero ahora a conciencia y sin fallidos: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”. “Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto” [4].

Pero que prevalezca el mercado sobre el Estado, más en un país con el grado de concentración y centralización de capitales como la Argentina, con grandes fondos, bancos, comercios, exportadores, fijadores de precios del combustible, de la electricidad, del gas, del acero, del aluminio, de la carne, de los productos lácteos, de la harina, de los fideos, del arroz, del aceite, etc., es poner la zorra en el gallinero y decirle que se porte bien.

El Estado como organización civil de una Nación debe contar con objetivos que define nuestra Constitución Nacional desde su Preámbulo. La fijación de metas conforma una etapa crucial, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines. Para ello todo Estado debe tener un plan de gobierno, por consiguiente la planificación no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Ningún mecanismo automático y determinístico resuelve el destino del hombre, y menos si se lo deja a la la lógica del interés compuesto, como afirma John Maynard Keynes en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (Fondo de Cultura Económica, 1936).

Los que están detrás de Milei prefieren los DNU, que no haya presupuesto, que se priorice el pago de los intereses y del capital de una deuda externa inventada, que no se investigó y que pasó de 222.703 millones de dólares el 10 de diciembre de 2015 a 464.258 millones de dólares al 30 de noviembre de 2024, enriqueciendo a una minoría parásita y rentista del país y del extranjero en desmedro del pueblo argentino.

La reforma impositiva pergeñada por los grandes estudios tributarios del país le hace decir a Milei: "Aumentarán las inversiones y se reducirán los impuestos. Mi equipo está terminando una reforma para terminar con un 90% de los impuestos nacionales. El año próximo (por el 2025) veremos una verdadera competencia impositiva".

En ese contexto, Cesar Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, expresó que una forma de reducir impuestos sería eliminando el régimen de coparticipación y otorgando a las provincias facultades plenas para cobrar impuestos directos, como Ganancias. En cuanto a los impuestos indirectos, como el IVA, señaló que existen facultades concurrentes, pero sugirió que, si las provincias pudieran cobrar el IVA, deberían dejar de recaudar Ingresos Brutos.

Retroceden a enero de 1932, en que José Felix Uriburu, el primer Presidente de facto de la Argentina tras derrocar a Yrigoyen, creó el "impuesto a los réditos", como se conoció inicialmente al Impuesto a las Ganancias. La Constitución Nacional establece que los impuestos directos, como Ganancias, sólo pueden ser cobrados por las provincias, pero la competencia de las provincias entre sí, reduciendo la alícuota para que se realicen inversiones en su territorio, fue el motivo por el cual decidieron delegar esa facultad a la DGI por un tiempo determinado y en situación de emergencia económica.  A esto se deben las sucesivas prórrogas desde el momento mismo de su creación, tras ser tratado en el Senado de la Nación, cada diez años.

La competencia del Impuesto a las Ganancias (segundo impuesto en recaudación) que salvaron las provincias delegando su recaudación a la Nación es lo que quiere fomentar este gobierno, para que ganen más las empresas que en el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) tienen una tasa máxima del 25% (cuando en el país la misma es del 35%, pero puede ser menor e incluso no cobrarse para favorecer la radicación en la provincia).

Y trasladarle la recaudación a las provincias del IVA (primer impuesto por ingreso) para que se fusionen con el Impuesto a los Ingresos Brutos, que en el mismo espíritú de competencia harán que desciendan la alícuota. 

Recaudación tributaria acumulada,  enero-noviembre 2024

Nota: (1) Otros ingresos de Seguridad Social deducido otros SIPA Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal

¿Qué le queda a la Nación, cuando el mismo Milei dice que antes del 2027 se eliminará el Impuesto al cheque (débito y crédito bancario)? Con fecha 23 de diciembre 2024 se dejó de recaudar el Impuesto para un País Solidario (PAIS) que gravaba a la compra del dólar billete, que a noviembre recaudó 6.167.557 millones de pesos, y su distribución era: 65% a la ANSeS, 5% al PAMI y 30% a obra pública y turismo. El desfinanciamiento al PAMI les llevó a sacar medicamentos gratuito a gran parte de los jubilados y pensionados. Tal desfinanciamiento les significa una menor remuneración cuando la jubilación mínima para diciembre 2024 es de $ 259.598,76 más un bono de $ 70.000 (total $ 329.598,76) frente a una canasta básica para no ser pobre que en noviembre fue de  $ 324.099 para una persona adulta, y no contempla los gastos en medicamentos y atención médica de una persona mayor.

Dice que deben reducirse los derechos de exportación (retenciones) pero reduce sistemáticamente los aranceles de importación.

Toda la política fiscal del gobierno encabezado por Javier Milei se puede resumir en el artículo 1 del intencionalmente malogrado proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone como regla fiscal que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.

El ancla fiscal y la implícita tablita cambiaria es la base del ajuste económico, con el solo objetivo de pagar los intereses de una deuda inventada que no se investigó y cuyo capital se va a pagar con los recursos naturales que pertenecen al patrimonio nacional.

 
[1] Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman, Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX , Buenos Aires, Grijalbo/Mondadori, 2001.
[2] En 1855, el presidente de la Confederación Argentina Justo J. de Urquiza ascendió a general del ejercito patrio al Chacho Peñaloza. Durante la administración de Santiago Derqui, Peñaloza fue designado jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con influencia en La Rioja, San Juan y Mendoza.
[3] “¿Para que ha dado Urquiza tres batallas? Caseros para ganar la presidencia, Cepeda para ganar una fortuna, Pavón para asegurarla”.  Juan Bautista Alberdi. Escritos póstumos.
[4] “The Free Press”, 5 de junio 2024. Los Ángeles, California, Estados Unidos.
 

Por Horacio Rovelli / El Cohete