Milei se muestra exultante, esperanzado de que su amigo Donald lo sustentará en su carrera como paladín mundial de la ultraderecha. Siempre lo dijo: “Trump y yo somos los dos más grandes líderes del mundo”. La victoria del republicano lo toma en pleno despliegue de una estrategia de ataque y deslegitimación del sistema institucional y la vida democrática, tanto en sus manifestaciones verbales como en su accionar político.

Ese propósito lo lleva a cabo con un estilo típico de las personas y proyectos autoritarios e intolerantes en términos ideológicos y culturales, con un contenido explícito de odio a quienes se le oponen, incluyendo irracionalismos mesiánicos. En esa lógica, Milei centró desde el principio su ataque contra el parlamento nacional, descalificándolo como institución y a los propios legisladores, quienes constituyen un “nido de ratas”. En esa lógica, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, estudiantiles y universitarias formarían parte de la casta a la que hay que destruir. El esquema se complementa con la neutralización del poder judicial, que ya había sido sometido a fuerza de carpetazos por Macri, para que se llame a silencio ante sus negociados y latrocinios. El pacto corona con un compromiso de sus señorías de Comodoro Py de hostigar a los opositores, particularmente a Cristina Fernández, incluyendo la impunidad a los inspiradores y financistas del intento de matarla. 

El presidente y sus ministros muestran día tras día su imposibilidad de convivencia en democracia, y mucho menos de aceptar las demandas del pueblo expresadas en plazas y calles. El prestigioso politólogo francés Alain Rouquié califica en una nota (Clarín 10/11) a quien copa los tres poderes del Estado de ejercer una “democracia hegemónica”. Las conductas presidenciales indican que ese es el propósito, aunque nuestro parlamento ha dado muestras de la existencia de una importante reserva democrática, dispuesta a defenderlo como parte de la vida institucional y representación de la ciudadanía. En tal sentido, las Cámaras han sido caja de resonancia de las luchas y expresiones de la sociedad civil. 

Nuestra propia experiencia política, con la reciente deriva del triunfo mileista, demuestra que la vida democrática debe ser defendida ante el avance de la ultraderecha. Sin embargo, se impone revisar el sentido de época que la fue condicionando por los núcleos dirigentes, quienes aceptaron que no se puede actuar de otro modo que no sea el subordinado al estrecho limite que toleran las oligarquías locales y los grandes centros financieros del capitalismo. Los socialistas de Paul Laforque en la Francia de 1871, llamaron por primera vez “posibilistas” a quienes exhortaban a intelectuales y trabajadores a actuar “según las posibilidades”. El debate para desentrañar las múltiples causales del avance ultraderechista, ya venía expresándose mucho antes del triunfo trumpista. 

En una nota de Jorge Elbaum en Página/12, la diputada alemana de izquierda Sahra Wagenknecht, escindida del partido Die Linke, funda su visión en que las organizaciones socialistas occidentales se han transformado en progresismos liberales, abandonando las aspiraciones vitales de los trabajadores. Señala que esas conductas no conmueven al sistema capitalista, debilitan las demandas políticas, y en muchas circunstancias esas mayorías sociales se sienten más identificadas con la ultraderecha y sus valores conservadores que con los partidos progresistas. Otra voz valiosa a tener en cuenta es la del senador norteamericano Bernie Sanders. El congresal, exponente de un ala más a la izquierda que los demócratas, expresó también que habían abandonado a la clase trabajadora. Agregó: “somos la única nación rica que no puede garantizar el derecho a la salud. Tenemos más desigualdad de ingresos y riquezas que nunca, y los salarios son en promedio los más bajos de 50 años”. También recordó que “seguimos enviando billones de dólares para el gobierno extremista de Netanyahu en guerra contra el pueblo palestino”. Finalmente, expresó que “aquellos que nos preocupamos por las raíces de la democracia y la justicia económica, necesitamos tener una seria discusión política”.  

Las críticas comentadas por políticos de otras latitudes tienen claras similitudes con las expresadas por nuestros representantes y militantes, quienes vienen afrontando las luchas y el debate político sobre las causales del asentimiento de un parte de la ciudadanía al discurso de la ultraderecha, con la mirada puesta en la reformulación a la comunidad de la propuesta política y programática del espacio popular y progresista. La lucha por preservar la democracia como parte de la defensa de los derechos del pueblo, debe incorporar la idea trascendente de superar los simulacros de democracia vaciados del sentido determinante de distribución de la riqueza, para lo cual se debe asumir el conflicto político, social y cultural que ello implica. 

Una vez más, la experiencia política nacional e internacional demuestra que las corporaciones capitalistas no reparan en ningún escrúpulo ideológico que les impida asumir a gobiernos y líderes ultraderechistas. Lo determinante siempre es resguardar su poder económico y el afán irresistible por potenciar sus riquezas y ganancias, para lo cual se propone aceptar el saqueo del patrimonio estatal que le ofrece su presidente. En tal sentido, en los últimos días la AMCHAM, que reúne a las multinacionales de Estados Unidos, manifestó al calor del entusiasmo por el triunfo trumpista que “advierte una relación fluida con nuestro país, si persiste el alineamiento con Estados Unidos”. Reclama la subordinación total a la potencia del norte, incluyendo “frenar la influencia de China”. Demandan que nuevamente es hora de la aplicación del mandato neocolonial monroista “América para los americanos”. O sea, para ellos. Veremos si los pueblos y gobiernos del continente están dispuestos a allanarse a esa orden imperial. 

La escalada antidemocrática del Gobierno se propone la no aprobación del presupuesto 2025 en el Congreso por segundo año consecutivo, sosteniendo la asignación discrecional de partidas a fuerza de vetos y decretos con la aquiescencia de sus aliados del PRO y algunos otros legisladores que reclutan vía extorsión a gobernadores porosos al apriete. Dos años sin la ley de leyes va configurando un verdadero estado de excepción. 

Por Juan Carlos Junio * Secretario General del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” / P12