Tras oficializar una primera tanda de medidas el miércoles pasado, el Gobierno avanzará esta semana con otras dos decisiones que forman parte del paquete de desregulación aduanera que ideó Federico Sturzenegger. A través de sendas resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dará continuidad a la eliminación de mecanismos de control a las importaciones y exportaciones. Con una industria nacional en crisis, hay alerta en algunos sectores productivos afectados.

La semana pasada, la AFIP oficializó la eliminación del sistema de control de importaciones tanto a través del valor criterio de las importaciones como del estampillado. El argumento esgrimido por Sturzenegger y por Florencia Misrahi, titular del organismo recaudador, es que estas regulaciones implicaban sobrecostos que ahora desaparecen, por lo que debería impactar en los precios de la mercadería traída del exterior. En lo hechos, estas medidas (junto con la reducción de aranceles) se enmarcan en el plan oficial de hacer que haya cada vez más bienes extranjeros que compitan con la producción local, afectada por la recesión y el ajuste.

El Gobierno planea publicar en el Boletín Oficial otras dos medidas del combo de desregulación aduanera durante la semana que comienza este lunes. Por un lado, se derogarán las normas que permitían a las cámaras empresariales locales participar a través de veedores de la fiscalización de las importaciones que ingresaban al llamado “canal rojo” de la Aduana. Por otro, se eliminarán todos los valores de referencia para las exportaciones.

Desregulación: detalle de las nuevas medidas

La primera de las resoluciones generales que publicará la AFIP determinará que las cámaras empresarias de los sectores que producen localmente los productos importados que entren al canal rojo de Aduana ya no podrán participar del proceso de fiscalización. La derogación de la norma se dará a pesar de que los funcionarios explicaron, durante una charla con periodistas de la que participó este medio, que los veedores no tenían capacidad de vetar el ingreso de la mercadería (solo podían observar) y que no en todos los casos las cámaras locales enviaban un observador.
El argumento que esgrimió Sturzenegger es que se trata de un privilegio de “sectores protegidos” de la industria, a quienes calificó como “la casta en su representación máxima”.

La otra medida en cuestión terminará de quitar todos los valores de referencia de los productos de exportación. Como ya hubo una tanda previa de eliminación para determinados bienes, hoy por hoy quedan para sectores como la minería y la pesca, ejemplificó Sturzenegger. Los valores de referencia, en general, se habían fijado para evitar que se facturen ventas a valores muy inferiores a los del mercado y se termine pagando menos retenciones.

Misrahi aseguró que, si bien estos productos ya no tendrán un control a priori, sí se mantendrá algún tipo de fiscalización “ex post” en función de valores promedios registrados por Aduana, sobre la cual no dio mayores precisiones.

El argumento de Sturzenegger es que la derogación de los valores de referencia implicará, para los sectores que aún los conservaban, la eliminación de un sobrecosto ligado a las garantías propias del control aduanero. Según sus cálculos, en promedio podría equivaler a una mejora del tipo de cambio exportador del 1% (únicamente de los sectores y productos particulares beneficiados por la desregulación). Es un sobrecosto equivalente al que había calculado para los bienes importados ingresados al canal rojo, que dejó de existir al eliminar los valores criterio, aseguró.

Críticas de la industria a la desregulación

Las medidas y los argumentos del Gobierno son cuestionados por distintos sectores de una industria que atraviesa una situación crítica. Más allá de los rebotes mensuales de julio y agosto informados por el INDEC, en los primeros ocho meses del año la actividad manufacturera acumula un desplome del 13,6%. Si bien muchos coinciden en que la economía argentina debería ser más abierta, en general afirman que las medidas implicarán un golpe a la actividad fabril, más aún en este contexto.

Uno de los más afectados es el sector textil. En diálogo con Ámbito, Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro-Tejer, sostuvo: “La decisión del Gobierno va en el sentido contrario de preservar condiciones leales de competencia. Las medidas desmanteladas constituyen un mecanismo esencial para evitar la evasión fiscal y controlar maniobras de sobre y subfacturación en las operaciones de comercio exterior. Por tanto, son necesarias para preservar la competencia justa entre quienes producen en el país y los productos importados. Se trata de regulaciones que se implementan, se expanden y se perfeccionan cada vez más en todas las aduanas del mundo, en países desarrollados y en desarrollo”.

Un argumento similar había planteado el exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel, quien también puso el foco en la pérdida de herramientas de fiscalización sobre las maniobras de sobre y subfacturación y advirtió que, con la eliminación de los sistemas de control de valor, “solo buscan debilitar los controles del Estado y hacerles más fácil el trabajo a los estudios de abogados”. Y agregó: “Estados Unidos acaba de endurecer los controles aduaneros a los productos chinos. Pero acá en Argentina bajamos aranceles y liberamos las importaciones. Las pymes argentinas y los trabajadores son los principales perjudicados de estas medidas que fomentan el ingreso de productos extranjeros”.

Respecto de los veedores privados en los procedimientos de la Aduana (a los que Sturzenegger calificó como una escena de “casta explícita”), Galfione señaló que cumplen un rol “fundamental para verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas aduaneras” y que permiten “mayor transparencia institucional por parte del Gobierno nacional”.

Lo cierto es que el combo de cuatro medidas de desregulación aduanera, cuya oficialización se completará en los próximos días con las dos resoluciones generales mencionadas, no es un anuncio aislado. Se suma a la reducción de aranceles y la derogación de la Declaración Jurada de Composición de Producto, entre otras. Semanas atrás, Pablo Lavigne, secretario de Comercio, había sintetizado el espíritu de la política oficial en el marco de una charla organizada por Amcham, la cámara de empresas estadounidenses que operan en la Argentina: “Vamos a ver en las góndolas cada vez más productos de afuera”.

“El Estado tiene el rol de regular, en pos del desarrollo de un comercio justo y competitivo, y mediante la prohibición y sanción de actos y prácticas desleales. A contraposición del relato del Gobierno, estas medidas no reducen sobrecosto a la producción argentina, sino que generan más desequilibrios, exigiendo a quien invierte y genera empleo en el país condiciones que no serán controladas para los importadores”, planteó Galfione y alertó que la decisión oficial “impactará negativamente en la posición competitiva de la producción nacional” y erosionará “el funcionamiento integral del proceso de valor agregado industrial”. En cambio, reclamó medidas que protejan la “lealtad comercial” y una reforma tributaria que alivie la carga fiscal sobre la producción.
 

Ámbito Financiero