Jueces, dirigentes sociales y autoridades eclesiásticas se congrgaron en una nueva actividad de La Pastoral Judicial. En el encuentro que se llevó a cabo en San Justo, La Matanza, los participantes manifestaron su preocupación por la delicada situación social y el avance del narcotráfico en los barrios. Además, rechazaron el proyecto del gobierno nacional que plantea bajar la edad de imputabilidad.

Reeditando los eventos realizados en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, funcionarios judiciales, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias. 

Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.  

Así, los habitantes de las barriadas alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.

En la jornada, estuvo presente el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó que: "Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016". 

Luego, tomó la palabra Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró que: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”. En ese contexto, agregó que: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”.

También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que: “desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”. 

Por su parte, previo al cierre del Obispo Ojea, el Juez Slokar expresó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y remató: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Para cerrar el encuentro el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Oscar Ojea explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios “Sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”.

Finalmente, el Obispo concluyó su alocución advirtiendo la necesidad de “…tener una visión más crítica de las situaciones que aparecen en los medios, en los cuales parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores. Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”